ROSARIO, Santa Fe (Especial para EL SOL ABC-por Alberto Cucciufo). En Rosario y zonas adyacentes ya no se puede vivir, porque esta ciudad, que en otros tiempos fue llamada la “Chicago argentina”, hoy no son más que ruinas para contemplar para ver que el poder del narcotráfico ha contaminado todas las capas sociales de la segunda ciudad de la provincia de Santa Fe.
Entonces, lo que dicen hoy los investigadores serios, es que “en Rosario se va a poder extirpar el delito derivado del narcotráfico solamente con la ‘intervención política de la provincia’, porque queda demostrado que ni el envío de distintas fuerzas federales, ampliación de juzgados federales y provinciales de investigación, como las purgas policiales locales, han dado los resultados para bajar totalmente el delito”.
Además, los mismos grupos dicen que “todo el espectro político, policial, comercial e industrial está contaminado, con una ilicitud que viene desde hace más de 40 años, donde han surgido a espaldas y en connivencia con sectores políticos, de los cuales se auto nutrían y se retroalimentaban enviando fondos para las campañas políticas o creando red de punteros en los barrios para las mismas, favores que se pagan para que luego éstos tuvieran ‘campo orégano’ para delinquir”.
Casos emblemáticos para tener en cuenta
Luego que se supo que el grupo Vicentin obtuviera de parte del gobierno de Mauricio Macri, una cifra cercana a los 350 millones de dólares de préstamos, sin los avales ni respetando la carta magna del Banco Nación Argentina, en el presidencia del corrupto González Fraga, el mencionado holding pidió convocatoria de acreedores, con la idea de no pagar sus deudas, el Gobierno de Alberto Fernández por decreto quiso estatizar al mencionado grupo empresario, el mismo gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, salió a defender a Vicentin, así como distintas entidades de Rosario y de la provincia de Santa Fe también hicieron lo mismo.
Tiempo después se encontró que la zona del puerto de Rosario, ocupada por Vicentin era utilizada por distintas bandas narcos para ingresar droga en los grandes containers para llevar cocaína a distintos puertos de Oceanía como de la India, Thailandia y Vietnam. [1]
Luego se atrapa a un importante financista, de nombre Luis Herrera, quien era utilizado por diversas bandas para “blanquear” dinero proveniente del delito [2] y que además había sido accionista en la Bolsa de Cereales de Rosario.
Y últimamente saltó a las páginas policiales la detención de un capo narco colombiano, la semana pasada en su residencia en Madrid (España), junto a sus lugartenientes. El mismo fue el encargado del envío de 1.600 kg de cocaína, traída directamente de Colombia, que se incautó en una finca de Empalme Graneros, a pocos kilómetros de Rosario. [3]
El mencionado narco colombiano es Álvaro Antonio Ramírez Duque, quien además tiene propiedad en esta ciudad, en uno de los countries más lujosos y exclusivos. En el operativo actuaron conjuntamente agentes de investigación de la Policía Federal Argentina y de Interpol Argentina e Interpol España. Este es sólo uno de los capos narcos colombianos que residen en Rosario, donde también los hay paraguayos y brasileños, que son los que coimean jueces, fiscales y policías.
Sólo queda la intervención y actuar como el presidente Bukele en El Salvador
Para ello se necesita que se actúe como está actuando el presidente Nayib Bukele en El Salvador, donde Las Maras habían creado un Estado paralelo y dominaban todos los estamentos de la vida de ese país centroamericano.
Fue la decisión política de un presidente como Bukele, para crear dos fuerzas especiales, para “combatir a Las Maras —con delitos mucho más graves que los que se cometen en Rosario— casa por casa, en una especie de cacería humana. Hoy la gente puede salir a las calles y hasta organizar bailes públicos de felicidad para festejar estos nuevos aires de libertad conseguida”, dicen los medios de aquel país centroamericano.
Hoy hay más de 60 mil maras en las cárceles, donde se les va enseñar un oficio y escuela, antes de purgar condenas que van más allá de los 25 años de prisión.
Referencias:
