ROSARIO, Santa Fe (Especial-EL SOL ABC). Han comenzado a aparecer “manos sospechosas” que quieren tapar el mayor descubrimiento de droga que ha hecho la Policía Federal, bajo el mando del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Aníbal Fernández, en la zona de Empalme Graneros, a pocos kms del centro de esta ciudad.
Esta situación que no es ahora, por lo que expresan los investigadores federales, “no es de ahora, sino que viene llevándose a cabo desde hace varios años” ha puesto en la picota de la opinión ciudadana “el valor que conlleva el control más estricto del Estado nacional sobre la Hidrovía y zonas de puertos sobre el Paraná en la provincia de Santa Fe, que no debe quedar al arbitrio de manos privadas”, que enseguida se corrompen por la ambición inescrupulosa del sector empresario, que quiere ganar dinero, “no importa el cómo”.
Así desde varios medios nacionales, tratan de desviar las culpas de Vicentin, torciendo la investigación sobre la empresa de la provincia de Santiago del Estero, Pepe Cereales SRL, de Héctor Pérez, quien está dentro de los detenidos.
Estas operaciones de expeller –residuo o chala que queda luego de la molienda de la soja y maíz, sirve como alimento balanceado para ganado, utilizado para épocas de sequía para alimento de ganado— se vienen haciendo desde hace varios años y ha tomado impulso en estos últimos años hacia puertos de Australia, Nueva Zelanda e Indonesia.
Rosario3 dio en su informativo varios datos importantes. (YouTube).
También hay acusaciones sobre la AFIP, que es la que permite las “cartas de porte”, que son declaraciones juradas que se hacen por vía digital, sobre los controles que debe hacer: dicen que debe haber una oficina en el mismo puerto de Rosario que verifique las cargas para exportación.
Sin embargo, el investigador de Rosario3, Mariano Galíndez, apunta con esta postura sobre la AFIP al decir: “Sobre una operación legítima se introdujo la droga’, dijo el titular de la Superintendencia de Drogas Peligrosas, Mariano Giuffra. Con esas palabras, la planta productora vendedora estaría quedando fuera de la investigación. Las autoridades no informaron sobre el sector de la empresa vendedora (fábrica de balanceados, extrusadora o de molienda seca de maíz).
’’Es que el vendedor tiene la obligación de vender su producción a compradores finales (el consumidor) o a intermediarios habilitados (obvio en blanco). Y, en este caso, el operador estaba habilitado por Afip. Se trata de Pepe Cereales, con base en Santiago del Estero, y a nombre de Héctor Pérez, que está entre los detenidos”.
Pero el mismo columnista de Rosario3 agrega: “En el Gran Rosario hay 20 puertos cerealeros, pero sólo uno exporta estos subproductos en big bags: Terminal Puerto Rosario (TPR). En efecto, los puertos de las cerealeras internacionales exportan todo a granel en buques de gran porte con destino de ultramar. En cambio, los contenedores con big bags sólo se despachan en la zona por TPR, concesionaria de los muelles I y II del puerto de Rosario y que está en manos de dos empresas: la chilena Ultramar y la aceitera santafesina Vicentin.
’’La responsabilidad de detectar la droga y el contrabando no es del puerto, sino de las autoridades (Prefectura/Aduana). Incluso, TPR financió la compra de un moderno y millonario scanner para uso de las autoridades. Formalmente, en caso de detectar alguna irregularidad, debe dar aviso a las autoridades, pero son ellas las responsables del control. Lo mismo se puede decir de las navieras (las que operan por Rosario son extranjeras) que llevan los contenedores a otros puertos extranjeros”, dice el medio rosarino tratando de disparar munición pesada para todos los sectores. ¿Con qué fin?
También se deliró con que la droga llega de Colombia, vía terrestre. Es más fácil que llegue desde Marte droga, que venga desde Colombia, vía carretera, qué acaso no se sabe lo difícil que son los caminos y los miles de controles que deben pasar. De acuerdo a datos aportados por investigadores de Gendarmería, la droga que llega a Rosario parte desde Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), vía camiones que también transportan granos desde distintas productoras de los mismos empresarios argentinos involucrados en el delito en este departamento del Oriente boliviano, precisamente en su gran mayoría santafesinos.
