SANTA CRUZ DE LA SIERRA, Bolivia (Especial para EL SOL ABC-Por Negri Antelo). Ya se está cansando la mayoría del pueblo boliviano con las acciones deliberadas del Comité Cívico de Santa Cruz y la Gobernación de Santa Cruz, que al amparo del apoyo económico que recibe de empresa privadas y de fraternidades, que a este tiempo se han convertido en logias peligrosas para la democracia, es que desde varios sectores piden al presidente Luis Arce como al Superior Tribunal de Justicia apurar acciones que terminen de una vez y para siempre estas actitudes hostiles y separatistas de un grupo muy arraigado de dirigentes, empresarios y fraternarios orientales en contra de la Constitución Política del Estado Plurinacional.
Según estimaciones dadas a conocer por Boliviana TV, junto a la red Illimani del Estado, las pérdidas ocasionadas por el paro cívico del departamento de Santa Cruz sobrepasa los 600 millones de dólares contabilizados 14 días. Y las pérdidas diarias suman unos 32 millones de dólares. A lo que hay que agregar las dos muertes causadas, una en Puerto Quijarro, fruto de los golpes recibidos por un ciudadano que no quiso sumarse al paro. Y ayer, en la noche, en Warnes, cuando no vio un cable que cortaba una calle y al atravesar con su motocicleta en velocidad, se cortó el cuello. De todo ello, dicen, hacen responsables a Luis Fernando Camacho, gobernador en gestión, y el presidente del Comité Cívico Rómulo Calvo, porque quieren “en definitiva que el departamento de Santa Cruz sea un estado independiente. A ello están forzando con sus constantes negativas a apoyar un censo que en sí beneficia la actividad económica y financiera de la región”.
Entonces, dicen desde movimientos sociales y de la ciudadanía en general que quiere trabajar en paz y evolucionar, tal los informes dados por el Banco Central de Bolivia, como en el último informe ante la Asamblea Nacional del presidente Luis Arce, que dicen que “Bolivia se ha recuperado del daño infligido por el golpe de Áñez, Mesa, Quiroga, Camacho, Luis Almagro, Mauricio Macri, Gerardo Morales, Donald Trump, CIA, MI6, Mossad, etc, porque su PBI va a crecer cerca del 5 %, sus reservas se acercan a los 50 mil millones de dólares y es el único país del mundo que no tiene inflación”, no se puede estar soportando estos actos separatistas de un conjunto de agentes pagos por esos intereses que quieren los recursos de Bolivia.
“Debe el presidente Lucho, hacer como hizo el presidente Paz Zamora en 1991, cuando los dirigentes del magisterio como los mineros estaban con paros y paros y con constantes marchas violentas en La Paz, que tenían cercada a la población. Por lo que decidió, por decreto, dictar una prerrogativa que tienen los mandatarios, que cuando ‘corre riesgo la unidad y la vida política del Estado, se puede pedir el arraigo de todo aquel que atente contra las libertades públicas de cualquier ciudadano’. Así se detuvo a 10 dirigentes del magisterio que venían con huelgas de hambre y paros reiterados, y se los llevó, luego bajo arraigo judicial, a la cárcel de la ciudad de Pando, cerca de la frontera con Brasil. Con lo que se acabó el conflicto con el magisterio y las escuelas volvieron a la normalidad. Entonces, contra estos agentes pro-americanos hay actuar con rigor y mandar al Ejército a detener por la fuerza a Camacho y Calvo; ya van a ver cómo se acaba este conflicto”, dijeron dirigentes cocaleros a la Red Illimani.
Los infiltrados
Se piensa que parte de la derecha macrista también está instalada en Santa Cruz de la Sierra, porque resulta que ahora apareció “como vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, un ciudadano argentino, nacido en Buenos Aires, con negocios en esta ciudad, llamado Fernando Mario Ovidio Larach Santiestevan”. Toda una novedad, que liga a agentes argentinos tras del paro separatista de Camacho y Calvo.
Bien se sabe, por medio de la prensa argentina, que participaron del golpe contra el ex presidente Evo Morales, dirigentes como Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Gerardo Morales, el canciller Faurie y los jefes de seguridad de fuerzas federales del vecino país, por lo que tienen causas abiertas en la Justicia argentina.
