CIUDAD DE CÓRDOBA (Especial para EL SOL ABC-Por Juan Federico-Cadena3). El BMW X1 que el sábado pasado conducía el legislador oficialista, de las huestes de Juan Schiaretti, Oscar González, y que terminó envuelto en una tragedia vial en las Altas Cumbres, tiene una historia judicial que hoy hace demasiado ruido en los diferentes despachos tribunalicios.
Hasta ahora, se sabía que se trataba de un rodado “mellizo” secuestrado en 2019 por la Justicia de Villa Dolores y que a fines de ese mismo año el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) asignó a González como depositario judicial, por su cargo como legislador provincial.
Para ello, los jueces aplicaron la Ley 8550 que asigna al TSJ la disposición de los automotores secuestrados en causas penales.
Por lo general, a través de esta ley se derivan a diferentes estamentos de “bien público” los vehículos judicializados para que sean utilizados hasta que se definan las causas. Se trata, en la mayoría de los casos, de aquello rodados utilizados para delinquir o que su adquisición haya sido producto de las ganancias producidas a través de un delito. El ejemplo más claro de esto lo representan aquellos autos secuestrados a los narcotraficantes y que pasan a manos del Estado.
Pero al rastrear la historia de este BMW X1 negro se descubren ahora aspectos que llaman mucho la atención.
De acuerdo a la información oficial, en 2019, el BMW X1 llegó a una concesionaria de Villa Dolores. Fue llevado desde Chamical, La Rioja, por un ciudadano colombiano que lo dejó en carácter de consignación.
Al tiempo, un vecino de la localidad de Villa Las Rosas lo compró. Pero al intentar hacer la transferencia, se topó con que se trataba de un rodado “mellizo”. Logró contactar a un empresario de Buenos Aires, propietario de un BMW X1 blanco.
Al BMW X1 negro le habían adulterado la chapa patente, la tarjeta verde y el chasis del motor, todo de manera coincidente con la documentación legal de aquel BMW X1 blanco.
Ante esto, el vecino de Villa Las Rosas se lo devolvió a la concesionaria y el propietario de este negocio aviso a la Justicia provincial de Villa Dolores. El auto fue secuestrado y pronto se determinó que en realidad se trataba de un rodado que había sido sustraído en Buenos Aires.
La denuncia por el robo había sido radicada en el Juzgado de Morón, siempre según apuntaron las fuentes consultadas por Cadena 3.
O sea: se lo robaron a un vecino de Buenos Aires, le adulteraron la documentación y lo llevaron a La Rioja, hasta que después lo intentaron colocar en la concesionaria de Villa Dolores.
No lo devolvieron a su dueño real
Pero en lugar de devolver el BMW X1 negro a su dueño real, el vehículo comenzó un extraño laberinto judicial. En diciembre de 2019, el TSJ se lo dio al legislador González como “depositario judicial”, habilitando que lo continuara utilizando, mientras el expediente levitaba en un tribunal de Villa Dolores.
Recién a fines de 2021 un Juzgado de Control de Villa Dolores declaró que el fuero provincial era incompetente para investigar la adulteración de la documentación (o sea, hacer “mellizo” al auto) y ordenó derivar esta parte de la investigación a la Justicia Federal. En marzo último, el expediente finalmente fue girado a la Fiscalía Federal Nº 2, a cargo de Carlos Casas Nóblega.
Según los registros federales, allí llegó la documentación, para que sea destruida y, al mismo tiempo, se analice quiénes estuvieron detrás de esta adulteración. Pero el vehículo nunca quedó bajo la competencia federal, por lo que continuó a disposición del TSJ, con la venia para que lo continuara utilizando González.
El legislador continuó entonces utilizando un rodado que había sido robado y al que le habían adulterado la documentación para poder utilizarlo en las rutas. Esta documentación “trucha” no fue subsanada en todo este tiempo, por lo que circulaba en condiciones anómalas.
La Justicia de Córdoba no ha explicado aún por qué durante estos tres años nunca le devolvió el auto al dueño original, el que había denunciado el robo en Morón, ya que sobre esta persona no hay ninguna acusación que justificara la retención judicial del vehículo.
