BUENOS AIRES (Especial para EL SOL ABC). Con la detención de los peligrosos sujetos Ivo Rojnica, Estrada Palomeque y Federico Pulenta, cabecillas del armado cuevero para lavar dinero proveniente del narcotráfico, se está llegando al corazón mismo de la corrupción narco-polìtica, porque dentro de las agendas secuestradas por la Policía Federal Argentina en los domicilios de los nombrados aparecen claramente los nombres de varias mesas de dinero, operadoras bursátiles y medios de prensa de las misma, el nombre muy claro de “Bull Market”, de la familia Marra, adscriptos del partido La Libertad Avanza.
Esta conexión no es vana ni cualquier hilo desconexo de lo que se va encontrando hasta el momento. Todos estos circuitos se retroalimentaban permanentemente y habían logrado sincronizar campaña, con la excusa del “dólar blue”, contra el Gobierno nacional, que les permitía, además, lograr suculentas ganancias.
En anterior nota, también advertimos que varias consultoras y cuevas rosarinas están muy comprometidas con nexos con Nimbus Group, que les permitía “realizar inversiones” de alto grado en distintos países del exterior, como compra de propiedades, apertura de negocios, hoteles, y casas de cambio. Y que acá también hay nexos con el grupo Vicentin, que tiene pedido de quiebra en la provincia de Santa Fe.
Pero lo que ahora se ha logrado descubrir es que los detenidos tienen conexión con la causa por narcotráfico “Bovinas Blancas”. “El croata Ivo Rojnica, supuesto responsable de la mayor “cueva” de compraventa de dólares porteña, fue detenido ayer martes, junto a otro financista y un empresario, acusados de integrar sociedades dedicadas al lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional, en el marco de 20 allanamientos en los que se secuestraron más de un millón de dólares y 50 millones de pesos, informaron fuentes judiciales y policiales”, según consignó la agencia Télam.
Los detenidos quedaron a disposición del juez Federico Villena, a cargo del Juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora, quien investigaba desde hace cinco años una causa por lavado desplegado en el país por el cártel mexicano de Sinaloa, entre otras organizaciones.
Una de las maniobras ilegales que se les imputa a los detenidos es lavar el dinero que fue ingresado al país para financiar la operación de narcotráfico conocida como “Bobinas Blancas”, descubierta en junio de 2017 en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, a raíz de la cual se secuestraron casi dos toneladas de cocaína que el cártel mexicano tenía previsto enviar a Europa en el interior de bobinas de acero.
Los voceros consultados aclararon a Télam que esta causa penal, en la que Rojnica fue apresado junto al empresario Federico Pulenta y al financista Agustín Estrada Palomeque, es independiente de la que se lleva adelante en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, y en la que el ciudadano croata está imputado por supuestas maniobras ilegales mediante la financiera Nimbus Group, situada en San Martín 140.
Si la investigación es muy fina, se puede llegar a desarmar el esquema armado por grupos corruptos de financistas y narcos, que trabajan en conexión para lograr suculentas ganancias ilegales, perjudicando directamente la economía del pueblo trabajador argentino.
Según el esquema hecho a conocer por el Juzgado de Villena, va a haber más detenciones y más conexiones con las causas que se están llevando adelante mediante la investigación dada a conocer.
Bobinas blancas
La agencia Télam describió la conexión entre Rojnica y la causa Bobinas Blancas: “Una de las maniobras investigadas –entre otras muchas que conforman el expediente que lleva adelante el juez Villena e instruye la fiscal federal Cecilia Incardona– fue detectada en 2017 por la DEA (Drug Enforcement Administration) estadounidense, que alertó a las autoridades nacionales sobre una operación de narcotráfico financiada por el cártel de Sinaloa, que iba traficar cerca de dos toneladas de cocaína desde el puerto de la ciudad bonaerense de Campana rumbo al Barcelona, España, en bobinas de láminas de acero.
Se estableció entonces que para la logística de esa operación se ingresaron al país 500 mil dólares a través del operador de Bitcoins, Emanuel García –condenado en 2021 a 5 años de prisión-, quien los cambió por efectivo en una “cueva” relacionada con los ahora detenidos.
“Estas personas van constituyendo organizaciones que se dedican a sacar dinero al exterior. Al operar para una banda de dedicada al narcotráfico, esas operaciones pasan a violar la ley federal”, dijo uno de los pesquisas a esta agencia.
Y agregó: “Se trata de grupos financieros que ingresan y egresan dinero de manera ilegal a la Argentina. Así como fugan dólares, ingresan dólares y también operan para bandas narcocriminales que quieren sacar dinero al exterior o financiar operaciones en el país”.
Si bien esta investigación por el lavado de activos de los narcos comenzó en el 2017, en las últimas semanas, a raíz del allanamiento en la “cueva” que se le atribuye a “El Croata” dispuesta por el juez Martínez De Giorgi en la otra causa, se detectaron algunos movimientos y escuchas que derivaron en los procedimientos ordenados ayer martes por el juez Villena.
Por tal motivo, el ciudadano croata, que no estaba detenido en la otra causa por entender el juez que no existían riesgos procesales, ahora sí quedó preso a disposición de la Justicia Federal de Lomas de Zamora.
La operación “Bobinas blancas”, que desbarató la maniobra narcorciminal del cártel de Sinaloa en Argentina, se realizó el 18 de abril de 2017, luego de que la DEA aportó los nombres de la empresa exportadora, de la importadora y la dirección del depósito de Bahía Blanca donde se preparaba la droga, que fue allanado por orden del juez federal de Campana Adrián González Charvay, lo que derivó en siete detenciones y el secuestro de 1.376 kilos de cocaína en Bahía Blanca y otros 486 kilos en Luján de Perdriel, provincia de Mendoza.
Durante esa investigación, se logró determinar las responsabilidades de siete personas encargadas de llevar adelante la operación en Argentina, entre ellas tres de nacionalidad mexicana, quienes fueron condenadas en septiembre de 2021 a penas de entre 5 y 15 años de prisión.
