Desde EL SOL ABC reproducimos el excelente trabajo periodístico de nuestros colegas del portal COPENOA, que pone en evidencia la sociedad empresarial-política, que es la misma que posicionó en el poder a Gerardo Morales, sujeto que ha tomado el poder “como una potestad divina”, donde todos los ciudadanos jujeños “deben estar asumidos de ser sometidos a sus arbitrios, porque él necesariamente tiene la verdad absoluta”.
En ese sentido también destacamos este trabajo periodístico de COPENOA porque pone al descubierto que no sólo Morales piensa en ese sentido, sino que existe un grupo de “iluminados” que apoyan estas degradaciones del poder instituido y que han permitido al “emperador” hacerse con los bienes y la conciencia de los jujeños, con la idea de saquear los recursos naturales de todos los jujeños en favor de corporaciones extranjeras que no tienen ningún prurito en pagar “comisiones” por los servicios prestados a estos sujetos sin escrúpulos, que bajo el sometimiento de eslóganes publicitarios engañosos han hecho creer al país todo que “Jujuy es una tierra de paz y progreso”, cuando desde que “asumió Morales en diciembre de 2015 dijimos desde nuestras páginas el horror y terror que le esperaba al pueblo de Jujuy”. Nadie nos llevó el apunte. Nadie ni siquiera osó alzar la voz. Todos fueron engañados, menos nosotros.
SAN SALVADOR DE JUJUY (Especial-COPENOA-Por Daniel Satur). Gracias al registro de vecinas y vecinos de los barrios de San Salvador se supo que empresas y dependencias públicas ajenas al área de “seguridad” aportaron vehículos para que la Policía hiciera su cacería y privara ilegalmente de la libertad a decenas de jóvenes. La represión a quienes salen a las calles a repudiar la reforma constitucional de la UCR y el PJ no conoce límites.
Luego de la brutal represión del gobierno jujeño de Gerardo Morales a las protestas contra su reaccionaria reforma de la Constitución de la provincia, el mismo mandatario y sus aliados políticos y mediáticos lanzaron diversas “fake news” (noticias falsas), llegando a afirmar que el diputado nacional del PTS en el Frente de Izquierda Unidad, Nicolás del Caño, fue uno de los que “quemó la Legislatura”.
Lo que no dijeron Morales y sus esbirros es que para ejecutar la cacería de jujeñas y jujeños tanto por el centro como en los barrios de San Salvador no escatimaron en todo tipo de ilegalidades, comenzando por el espionaje, el envío de infiltrados a romper negocios, la detención de periodistas que realizaban su trabajo de informar, el uso de piedras y gomeras por parte de efectivos de la Policía y disparos a mansalva de balas de goma y gases contra los rostros de manifestantes, dejando a varios heridos de gravedad.
Una de las cosas que no dice el mentiroso Morales es que, además de utilizar todo el aparato legal de represión, con destacada participación de la Infantería de la Policía de Jujuy, contó con la colaboración logística de empresarios amigos. Parte de esa “ayuda” se tradujo en el aporte de camionetas y autos particulares de firmas ligadas a la obra pública, que se usaron para trasladar policías y participar de detenciones ilegales. Hubo muchos vehículos circulando sin patente, pero también los hubo con ellas.
Primero fueron las y los vecinos de los barrios, quienes fotografiaron y filmaron a esos vehículos. Luego, la información precisa con números de dominio y registro público de titulares comenzó a circular por infinidad de grupos de Whatsapp de organizaciones y activistas de Jujuy. Pero prácticamente ningún medio de comunicación masiva, local o nacional, se hizo eco de la gravedad del asunto. Honrosa excepción es la colega Adriana Meyer, quien publicó este jueves en Página|12 buena parte de esa información.
Alejandro Vilca, diputado nacional jujeño del PTS-FITU, informó que parte de esos vehículos cargados de efectivos armados fueron vistos circular por los barrios Mariano Moreno y Alto Gorriti, donde se dirigieron muchos manifestantes tras la avanzada policial en las inmediaciones de la Legislatura. “En esos barrios se dieron enfrentamientos con la Policía y mucha gente que salía de sus casas a ver qué pasaba, sobre todo jóvenes, terminaron siendo corridos e incluso apresados”, afirmó Vilca. Y agregó que hubo casos en los que los efectivos se metieron en domicilios de forma también ilegal, con la excusa de que buscaban “delincuentes”.
Las pruebas
La pick-up Toyota Hilux 4×4 dominio AA982GP está registrada legalmente a nombre de Marcelo Horacio Zarif, dueño de la constructora Hormixa. La propia empresa se jacta de brindar “sus servicios” en provincias como Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero. “Nos especializamos en obras públicas”, “trabajamos de forma conjunta con los organismos del Estado” y “nuestro equipo de profesionales está capacitado para afrontar todo tipo de proyectos”, afirman en su sitio web. Desde hace treinta años Hormixa construye edificios públicos, escuelas, centros de salud, casas para planes de vivienda, rutas y puentes. Obviamente las fortunas embolsadas por Zarif y sus socios a esta altura son incalculables.
La Renault Alaskan Confort 4×4 patente AF377ZI pertenece formalmente a la firma Sidera S.R.L., una enorme “inmobiliaria” de San Salvador que lleva dos décadas haciendo pingües negocios con el Estado. En 2022 su ceo Ramiro Saravia Pérez firmó con el intendente de la capital jujeña, el arquitecto radical Raúl “Chuli” Jorge, un convenio para diversas “reformas” en el barrio Los Perales (donde vive el propio Jorge), que incluyen la transformación de una vieja casona adquirida por la empresa en “Museo Municipal”. Jorge y Saravia Pérez se conocen de las épocas en que el actual intendente presidía el Colegio de Arquitectos de Jujuy y empezaba a encaramarse como funcionario de área de Espacios Verdes y Obras Públicas.
Entre otros negociados con los funcionarios radicales, Saravia Pérez y sus socios ampliaron la red de “ciclovías” en el sur de San Salvador. También construyen el nuevo “ascensor urbano” ubicado en barrio Belgrano que une Punta Diamante con barrio San Martín. Y a su vez, con financiamiento del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, a cargo del peronista Matías Lammens, Sidera tiene a su cargo la construcción de un “mirador” en el cerro El Porito de Purmamarca. Apenas ejemplos que dan una idea de las fortunas que esos gerentes ganan a costa de los fondos públicos.
Hay una Toyota Hilux patente AE841QN que, según los registros de la propia Municipalidad de San Salvador, está a nombre de Toyota Compañía Financiera de Arg. S.A. En este caso podría tratarse de un vehículo recientemente comprado a la compañía, pero aún no patentado a nombre de alguna empresa, individuo o dependencia estatal. Si es así, para despegarse de responsabilidades la automotriz de capitales japoneses deberá informar a quién le vendió la 4×4.
Otra Hilux 4×4 registrada con policías en su interior llevaba la patente NWX 516. En el Registro del Automotor figura bajo la titularidad de Aguas de los Andes Sociedad Anónima, una empresa que virtualmente ya no existe, ya que en 2016 Gerardo Morales la reemplazó por otra, Agua Potable de Jujuy Sociedad del Estado. Se ve que aún no pasaron todos los bienes a nombre del nuevo sello.
Agua Potable de Jujuy S.E. es una empresa pública, pero con grandes aspiraciones de intervenir en el mercado privado de bienes y consumo. Buscando diversificar las “unidades de negocios”, en junio de 2021 Morales anunció con bombos y platillos que desde “la moderna planta embotelladora” de la empresa se lanzaba la comercialización para supermercados, almacenes y quioscos del Agua de Mesa jujeña Xuma, en sus dos presentaciones de 500 mililitros y un litro y medio. Este martes se vio cómo, además de repartir agua, las camionetas de la ex Agua de Los Andes S.A. reparten palos y balas.
Como se ve, aparte de patrulleros identificados de la Policía y múltiples camionetas de empresa privadas, el Gobierno de Jujuy también largó a la calle (con policías armados en su interior) vehículos pertenecientes a la administración pública, pero que nada tienen que ver con las áreas de “seguridad”. Es decir que con esos móviles también se cometió la ilegalidad de reprimir con recursos prohibidos por ley y de privar ilegalmente de la libertad a pobladoras y pobladores de San Salvador.
Además de la camioneta de Agua Potable de Jujuy, en este último grupo está la Toyota Hilux 4×4 patente AD895HQ perteneciente a la Dirección de Administración de la Gobernación de Jujuy.
Obviamente los vehículos privados o de dependencias estatales que no de la Policía que salieron de cacería por las barriadas populares de San Salvador no fueron sólo los aquí mencionados. Estos son los que, en medio de las corridas y la desesperación, lograron registrar algunas y algunos valientes que lograron prender las cámaras de sus celulares a tiempo.
El Gobierno de Gerardo Morales debe informar con precisión cuántos vehículos más se usaron para la represión ilegal, quiénes fueron los que autorizaron desde las empresas privadas y públicas el uso de esos móviles, quiénes los condujeron y qué acciones llevaron adelante. Empezando por cuántas privaciones ilegítimas de la libertad ejecutaron. No lo va a hacer, lógicamente. Por eso, deberá ser él el significado como responsable directo de esas ilegalidades y de tantas otras cometidas con el fin de hacer pasar a sangre y fuego su reforma constitucional.
