POSADAS, Misiones (Especial para EL SOL ABC- Por Misiones Opina). Este pasado fin de semana, la Prefectura Naval Argentina descubrió y desmanteló una “aduana paralela” montada dentro de una finca ubicada en un lugar conocido como “Puerto Topo” en la provincia de Misiones. En el lugar se encontró mercadería ilegal de diverso tipo cuyo valor supera la decena de millones de pesos.
Alejandro Gallandat, juez federal de Oberá, encargado de la causa y emisor de la orden de allanamiento, indicó que hay 89 involucrados en la causa que enfrentarán el proceso en libertad con una posible pena máxima de hasta 3 años de prisión.
También hay que recordar que esta provincia, es el nexo principal con la “ruta de la soja a Paraguay y a Brasil”, por lo que se cree que las fuerzas federales necesitan más equipamiento como mayor control desde la jefatura del Ministerio de Seguridad de la Nación, porque le podrían estar “entregando información cambiada o de menor amplitud” a la ministra Sabina Frederic, anticiparon investigadores provinciales a este medio.
Detalles
Según explicó el juez federal Gallandat, el procedimiento comenzó cuando los agentes de Prefectura Naval Argentina divisaron una embarcación con cuatro personas a bordo que atravesaba el río transversalmente desde Paraguay hasta la costa argentina. En ese momento, tras la intervención de la fuerza federal y del Juzgado Federal de Oberá se procedió a detener a estos sujetos que transportaban bultos ilegales, entre ellos alimentos, bebidas y hasta dinero extranjero.
Gallandat señaló que, en un primer momento, al ubicar a estas personas se les inició la causa por la violación de medidas contra epidemias (Artículo 105 del Código Penal) como consecuencia de un cruce ilegal de fronteras en contexto de pasos internacionales cerrados. Una vez divisados estos bultos sospechosos, los agentes encararon un proceso de rastrillaje donde descubrieron esta “aduana paralela”.
“Una vez en el lugar se hizo un rastrillaje, se llegó hasta un predio en el cual había movimientos muy notorios con mercadería ilegal de variado tipo”, indicó el juez. De esta manera, tras la suposición de que se estaba cometiendo una violación a Ley Aduanera, se notificó al Juzgado Federal de Oberá que ordenó un allanamiento con un resultado de 89 personas involucradas, incluidos menores de edad.
Gallandat explicó que en base a los movimientos registrados durante esa jornada de allanamiento es posible que el lugar no sólo traficara mercaderías y artículos de todo tipo, sino que también favoreciera el tránsito ilegal de personas. “También estimamos que se favorecía el pase de personas, como una “migraciones paralelas”. Sin embargo, esto es en base a suposiciones ya que aún faltan llevar a cabo muchos pasos de investigación en la causa”, subrayó.
En este sentido, comentó que aún resta obtener el acta de procedimiento oficial del allanamiento para establecer el valor final por la mercadería secuestrada debido a la gran cantidad de artículos depositados en esta especie de «aduana paralela». “Sabremos mucho más cuando pueda obtenerse información en las audiencias, indagatorias testimoniales, pericias sobre teléfonos celulares y las conexiones con otras causas que pudieran estar relacionadas”, remarcó.
Un gran centro de acopio y distribución
Se presume que este “Puerto Copo” funcionaba como un centro de importación y exportación de artículos diversos, entre ellos: vinos, elementos de aseo personal y alimentos. Asimismo, indicó que se determinó la presencia de aparatos electrónicos y tecnológicos, cuyo posible destino era la comercialización ilegal en la Argentina.
Respecto de las consecuencias legales para los involucrados en la causa de la «aduana paralela», Gallandat comentó que por el momento “las personas están demoradas hasta que se los identifique correctamente, se constante sus antecedentes y su domicilio efectivo”. Posteriormente, si no hay pedidos de capturas o antecedentes graves, serán puestos en libertad una vez supeditada la causa.
Esto se debe a que la infracción de la Ley Aduanera tiene una pena de 6 meses hasta 3 años de prisión, pudiendo agravarse hasta un tercio de tiempo. “Más allá de las penas que les permiten continuar el proceso en libertad mientras se los investiga, lo cierto es que las penas accesorias son muy importantes también”, indicó. Asimismo, añadió que éstas incluyen inhabilitaciones de comercialización, ejercicio de funciones públicas sumado a los decomisos de mercaderías.
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