SAN SALVADOR DE JUJUY (Especial-EL SOL ABC). Muchas organizaciones sociales como centros vecinales y asociaciones de vecinos autoconvocados hicieron saber por las redes sociales sobre la marcha que se dio ayer, a partir de las 10, en plaza Belgrano de esta ciudad, contra EJESA, multinacional de capitales chilenos y españoles, que hace la distribución domiciliaria de la energía eléctrica en toda la provincia.
Desde los mismos sectores, dicen que “además de brindar un mal servicio, el mismo está catalogado como uno de los más caros del país”. Razón por la cual ayer salieron a marchar en esta ciudad y ya se preparan otras protestas en otras ciudades del interior de la provincia.
Dentro de un esquema que busca resguardar los intereses de los mismos empresarios, que en base a prebendas a los gobernantes de turno se mantienen hace más de 25 años como empresa privatizada, administrando también la empresa EDESA, que distribuye la energía eléctrica en la provincia de Salta, es que este tipo de empresariado con “clientes cautivos” –con el que no se pierde plata nunca— es el que pretende subsumir “en más pobreza” al pueblo jujeño, alegaron en su protesta los jujeños.
Por ello, muchos son partidarios en Jujuy que la empresa EJESA sea reestatizada para que cumpla el rol que debe cumplir: entregar energía eléctrica a bajo precio, por lo menos para los sectores carenciados de la población.
Sobre este grave problema que acucia a la población jujeña, se refirió el diario Página 12 de Buenos Aires, al decir que “el mayor temor de los usuarios es el corte del servicio. Carlos Tapia, empleado municipal, contó: ‘La boleta del mes pasado era de 3.500 y ahora es de 6.200 pesos, no los tengo, no los puedo pagar. EJESA me obliga a elegir entre dar de comer a mis hijos o pagar la luz’ ”.
Está previsto que el servicio se corta a quien acumula dos facturas de energía eléctrica sin abonar.
La abogada Claudia González, delegada de Proconsumer, aconsejó que los usuarios concurran a la SuSePu o EJESA a realizar los reclamos por facturas excesivas y a exigir que se aplique el artículo 31 de la Ley 24.240, de defensa del consumidor.
