SALTA (Especial-EL SOL ABC). Siguen influyendo los gurúes del establishment, que directamente quieren que el Gobierno fracase para que gane Juntos por el Cambio para volver a saquear al país. Y ante esta dura situación que viven las economías de las familias de los trabajadores, no ven mano dura para aplicar “un congelamiento de precios hasta fin de año y con la policía y las fuerzas federales se meta presos a los dueños de aquellos negocios que lucran criminalmente con los precios de los alimentos”.
Hemos enviado a nuestros cronistas a fincas y mercados de frutas y verduras de las principales ciudades de Salta y Jujuy, para verificar dónde aparecen las distorsiones. Y en todos los casos, los precios suben indefinidamente en los intermediarios, que compran –por ejemplo— un kg de papa a $ 70, pero lo venden entre 180 a 210 pesos a los minoristas, haciendo un margen de ganancia de casi el 200 %, cuando en realidad no puede excederse del 30 % en un límite por la estacionalidad del producto.
Otro tanto, sucede con el tema de los supermercados, que sólo los de raigambre nacional cumplen a medias, porque algunos productos directamente no los comercializan o no hay en stock, te dicen, con respecto a los Precios Justos.
También se ve que los gobiernos provinciales y municipales no se meten con los controles a los comerciantes, ni han creado un sistema de relevamiento de precios de referencia, casualmente para evitar los abusos.
A nivel nacional
Mientras tanto, Página 12, mediante su columnista Leandro Renou, sobre la materia en cuestión expresó: “Si bien las razones generales de la suba de la inflación récord de febrero fueron varias, el Ministerio de Economía ve con preocupación un fenómeno que en los despachos oficiales llaman ‘rentabilidad cruzada’. La referencia es para las empresas que, para recuperar la ganancia menor que tienen por aumentar sólo el 3,2 por ciento en grandes hipermercados vía Precios Justos, hacen subas dos o tres mayores de esos mismos productos en comercios barriales, pequeños y chinos. Ya los llaman ‘los vivos del consumo’ aquellos funcionarios más enojados con lo que ven como una traición de pactos que se hicieron voluntarios, pero que fueron rubricados por esas mismas marcas”.
Según adelantaron a este diario fuentes de la Secretaría de Comercio, se citará esta semana a una serie de compañías, sobre todo fabricantes de bebidas, que el Gobierno comprobó hacían este tipo de trampas. Y además se trabaja en nuevos esquemas de sanciones para los que incumplan con los pactos.
“Estamos viendo un desvío de mercadería a los barrios”, contó un funcionario oficial que usa a diario el Panel de Monitoreo, herramienta que muestra hacia dónde van las mercaderías que venden las empresas de alimentos. En su edición del domingo, Página 12 contó en exclusiva los casos más rutilantes, entre ellos el de Coca Cola, la francesa Danone y La Serenísima, pero hay más. Se especula que otros de los que serán llamados son la cervecera chilena CCU, que fabrica todo lo que no es línea Quilmes, y que también produce bebidas sin alcohol.
El convenio que firmaron las empresas que están en Precios Justos obliga a que no suban más que 3,2 por ciento los precios de la mercadería que venden a los comercios. El problema es que como Precios Justos no acordó con comercios barriales, la única forma que tiene el Gobierno de controlar que no aumenten más por afuera es siguiendo la traza de la mercadería y yendo a los comercios barriales a ver facturas de los proveedores. Esta mecánica es la que terminó descubriendo sobre aumentos en la Coca Cola de 2,25 litros y en la leche La Serenísima. Ambas empresas recibieron imputaciones.
Fuentes: ARBIA y Propias
