BUENOS AIRES (Especial-EL SOL ABC). En nota preparada por sus amigos de Infobae, el banquero Jorge Brito, dueño del Banco Macro, da entender que si hace un aporte solidario a la situación de crisis económica que vive el país “él va a empobrecer” y haciendo apología de un posible delito, dice además, “va obligar a que haya desobediencia impositiva”. Justo él que fue denunciado en los Panamá Papers por haber abierto en Las Bahamas el Macro Bank Limited, entidad abierta para fugar divisas y evadir impuestos en el país.
Pareciera que Brito tiene poca memoria y no recuerda cómo hizo junto a su cuñado Carballo, de pasar de una pequeña financiera a tener el holding de empresas más lucrativo del país gracias a haber apoyado el golpe militar de 1976. Los periodistas Santiago O’Donnell y Tomás Lukin los deschava en su libro ArgenPapers: “Brito empezó su carrera en 1978 como agente de bolsa. Su ingreso en la actividad se produjo entre 1975 y 1976, cuando fundó junto a su cuñado Delfín Jorge Ezequiel Carballo la compañía financiera Hamburgo, después renombrada Anglia, con una inversión inicial de $us 10.000, a través de la compañía se dedicaría a ‘blanquear’ los bienes incautados a detenidos desaparecidos por el régimen militar pasando a hacerse con un total de 73 propiedades por más de 127 millones de dólares entre 1979 y 1981”.
Este “pobre” Brito cree que por poner por única vez una millonésima parte de todo lo que evadió y fugó del país, no va a poder pagar “un bife de chorizo, una frugal ensalada, con postre almibarado y el más caro y más rico Malbec del mundo por el resto de sus días”.
Pero hay más del olvidadizo banquero
Brito no recuerda que él estuvo tras la postulación de Juan Carlos Romero a la presidencia en la fórmula junto a Carlos Menem. El libro del fallecido periodista Sergio Poma, “Salta, El Narcopoder”, en su página 23, relata que “a fines de julio de 2002, Carlos Menem aterrizaba en Salta, en su avioneta privada en la pista de tierra perteneciente a la empresa agropecuaria Río Bermejo SA, sus directores son Jorge Horacio Brito y Delfín Ezequiel Carballo, los mismos son los directores y principales accionistas del entonces Grupo Macro SA, hoy Banco Macro Bansud SA. En la finca se reunieron en forma secreta Carlos Saúl Menem y Juan Carlos Romero, el encuentro habría durado un poco más de 4 horas y sirvió para concretar una alianza política para presentarse en las pasadas elecciones del 27 de abril de 2003”. Como se ve Brito merodeaba el poder tras de bambalinas apoyando a Romero, quien le había servido en bandeja el negocio de la privatización del Banco Provincial de Salta, que se hizo por la módica suma de $us 60.000, además con más de 70 mil empleados públicos cautivos que a partir de ello pasarían a cobrar sus cheques por las ventanillas del banco de Brito. Y por estos años con la modernización del sistema, la utilización de los cajeros automáticos, tarjetas de crédito y débito, cajas de ahorro y créditos “blandos”, según consignó Poma en otras páginas del mencionado libro.
Pero hay más del Brito pobre, que no sabe de dónde va a sacar dinero para pagar, por única vez, el mal llamado “impuesto a la riqueza”: “En 2014 Jorge Brito fue denunciado de ser uno de los promotores de la corrida de dólar y el líder del ‘Club de la Deuda’, un grupo de empresarios que alimentaron la fuga de capitales y realizar maniobras para llevar a cabo una pérdida del valor de la moneda argentina. En 2020 la Unidad Fiscal de Investigación de la Seguridad Social (UFISES) denunció penalmente al titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) Emilio Basavilbaso, y a otros cuatro funcionarios del Gobierno por supuesto fraude en la compra de deuda de empresas energéticas de los empresarios macristas Marcelo Mindlin y Jorge Brito. La fiscalía que encabeza el Dr. Gabriel De Vedia pidió que se investigue si Basavilbaso incurrió en los delitos de ‘abuso de autoridad’, ‘violación de los deberes de funcionario público’, ‘negociaciones incompatibles’ y ‘defraudación por administración fraudulenta’ por las irregularidades en las compras que hizo el FGS de Obligaciones Negociables de Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, y Genneia de Jorge Brito, por alrededor de 540 millones de pesos en perjuicio del Estado.
’’En 2018 Greenpeace detectó mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, que Inversora Juramento S.A. desmontó ilegalmente 700 hectáreas de bosques protegidos en las fincas Jumealito, Pozo del Breal y Pozo de la Pichana, colindantes a la reserva provincial Los Palmares”, según publicaron varios medios capitalinos.
En 2018 Alejandro Vandenbroele declaró, en el marco de la causa Ciccone, que el presidente del directorio del Banco Macro, Jorge Brito, era uno de los encargados de buscar financistas para la adquisición de la imprenta; también denunció que Brito le abonaba una mensualidad y honorarios de abogados para comprar su silencio, señaló finalmente el portal Nuestra Voces, de Gabriela Cerruti.
Es tan grande la lista de ilícitos donde está involucrado Brito, que debiera caérsele la cara cuando habla de la inconveniencia de no pagar este impuesto solidario y nosotros necesitar miles de páginas para publicarlo todo.
Cuál es la idea de Brito
Según lo que consigna Brito en la nota de sus amigos de Infobae, él quiere hacer “un negocio” con esto del aporte, que para él debiera ser “un préstamo” indexado en dólares.
Para que el lector vea hasta dónde va “la solidaridad” de Brito, reproducimos las dos últimas preguntas de Infobae:
— ¿Qué debería hacer el Gobierno entonces para financiarse?
— Claramente el Estado debe manejarse con dos herramientas, impuesto y deuda pública o, como se dice normalmente, política fiscal y dinero. Es por ello que, si se quiere tomar dinero de las grandes, medianas y pequeñas fortunas, no debería aplicarse un impuesto tal como está diseñado en este proyecto. Existen varias alternativas, que deberían pasar por algún tipo de empréstito barato (préstamo) para el Estado.
— ¿Cómo sería eso?
— Partiendo de la base del mismo importe que se quiere recaudar, se podría, indistintamente optar por las siguientes tres alternativas: una, que el monto aportado sea una cuenta tributaria en pesos con ajuste dólar link que se use en cuatro cuartos a partir del quinto año de aportada; dos, un bono en dólares o dólar link sin interés, con similar plazo de amortización; o, tres, un monto a invertir en los próximos 18 meses en aquellas áreas que el Gobierno crea imprescindibles y que den trabajo; a saber, energía, construcción, transporte, etcétera; y ese monto debería mantenerse por el término de cuatro años sin vender la inversión o bien la participación en una empresa.
No más preguntas, señor juez.
