SANTIAGO DE CHILE, Chile (Especial-El Mostrador). La declaración del senador PPD Felipe Harboe resume el tono de los comentarios de la oposición, que ha acusado al Gobierno de “inacción” y de ser un “cómplice pasivo” ante la movilización de la CNTC, organización liderada por Sergio Pérez, un ex integrante del comando presidencial de la última campaña de Piñera. Sin embargo, el ministro del Interior Víctor Pérez rechazó de plano el emplazamiento y dijo que “quienes más piden mano dura, cuando estuvieron en el Gobierno no lo hicieron (…) en situaciones incluso peores, como el 2015 ó 2016”. En efecto, el Gobierno de Bachelet no empleó esta herramienta legal en esos dos eventos, pero sí lo hizo en octubre de 2014 contra dirigentes camioneros de Linares precisamente por cortar la ruta 5 Sur. El ministro Pérez además hizo una positiva evaluación de la jornada de paro, señalando que “la violencia no ha primado” y aseguró que siguen en conversaciones con la CNTC: “Estamos bastante cerca, esperamos que la movilización no sea indefinida”.
“¿A qué hora el presidente Sebastián Piñera invoca la Ley de Seguridad del Estado contra los convocantes del paro de camioneros?”. Con estas palabras, el senador Felipe Harboe (PPD) emplazó directamente a La Moneda por su reacción ante el paro convocado desde ayer a la mañana por la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC).
La declaración de Harboe resume el tono de los comentarios de la oposición, que ha acusado al Gobierno de “inacción” y de ser un “cómplice pasivo” ante la movilización de la organización liderada por Sergio Pérez, un ex integrante del comando presidencial de la última campaña de Piñera.
Los camioneros han protagonizado cortes parciales de ruta y bloqueos intermitentes en puntos como Casablanca en la ruta 68, o en sectores de la ruta 5 Sur principalmente de las regiones de La Araucanía, el Biobío, el Maule, bajo la exigencia de que el Congreso tramite con urgencia un paquete de 13 leyes relacionadas con seguridad y sanción de delitos, a raíz de los hechos de violencia en La Araucanía.
Sin embargo, el ministro del Interior Víctor Pérez rechazó de plano el emplazamiento de la oposición. “Quienes más piden mano dura, cuando estuvieron en el Gobierno no lo hicieron”, respondió el jefe de gabinete en una dura declaración en La Moneda para para referirse al tema.
Cautela
Pérez replicó que “seamos cautos en pedir aplicar normas estrictas como la Ley de Seguridad del Estado cuando en situaciones incluso peores, como el 2015 ó 2016, no se ocupó”.
En efecto, el Gobierno de Michelle Bachelet no empleó esta herramienta legal en esos dos eventos, pero sí lo hizo en octubre de 2014 contra dirigentes camioneros de Linares “por la grave alteración de orden público y por impedir el libre acceso y tránsito en el kilómetro 300 de la principal carretera del país”, según el subsecretario de Interior la época Mahmud Aleuy. En ese entonces, diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) manifestaron su asombro y descontento por la amenaza.
De acuerdo a la oposición, en el caso de la movilización convocada desde hoy por la CNTC perfectamente calza en la aplicación de la Ley 12.927 o Ley de Seguridad Interior el Estado, que en el título IV “Delitos contra la normalidad de las actividades nacionales”, establece sanciones por “toda interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios públicos o de utilidad pública; o en las actividades de la producción, del transporte”.
En picada contra el Gobierno
Durante su intervención, Pérez hizo una positiva evaluación de la jornada de paro, señalando que “todos los ciudadanos hemos visto una manifestación donde la violencia no ha primado (…) se ha mantenido la normalidad de la cadena de transporte, de la cadena De acuerdo a la oposición, en el caso de la movilización convocada desde hoy por la CNTC perfectamente calza en la aplicación de la Ley 12.927 o Ley de Seguridad Interior el Estado, que en el título IV ‘Delitos contra la normalidad de las actividades nacionales’, establece sanciones por ‘toda interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios públicos o de utilidad pública; o en las actividades de la producción, del transporte’ ”.
Sin embargo, pese al optimismo gubernamental, el diputado Gabriel Ascencio (DC) presentó una denuncia penal en la Fiscalía Nacional, pidiendo que el Ministerio Público investigue en cada una de las regiones del país las acciones que están desarrollando los camioneros.
“Esto está causando un grave daño a los ciudadanos; y, lo que antes era una falta, gracias a las modificaciones al Código Penal en su artículo 268 para este caso, hoy estos hechos constituyen un delito, el corte de carreteras”, dijo acusando de paso al Gobierno de ser un “cómplice pasivo” de la movilización.
El presidente del partido, Fuad Chahin, rechazó el paro de camioneros, señalando que “entorpecer o bloquear la libre circulación de las personas no es la manera ni civilizada ni democrática”. En esta misma línea, explicó que “se trata de un acto violento desde el punto de vista que impide a los ciudadanos la posibilidad de poder circular libremente y por esa razón, nos parece absolutamente inaceptable, más allá de los temas de fondo que plantean los camioneros”.
Dudas del accionar del Gobierno
Su colega PS, el senador Álvaro Elizalde, acusó por su parte que “hemos visto un Gobierno que ha estado alentando una movilización que lo que generará es desabastecimiento. Cuando estudiantes salen a la calle, carro lanza agua, y cuando camioneros cruzan los camiones, (Gobierno) les pone escolta policial; eso es inaceptable y da cuenta de un doble estándar”, añadió a Radio Cooperativa.
Para el senador Harboe en tanto, “me parece francamente inconcebible que el Gobierno mire para el techo al momento en que Chile se encuentra amenazado por un grupo de camioneros”.
El parlamentario por las regiones de Ñuble y Biobío dijo que “uno puede entender la molestia y el reclamo respecto de los temas de seguridad, pero eso se hace sobre la vía del diálogo”. En la misma línea agregó que “forzar al Estado a tomar decisiones sobre la base de la amenaza, el chantaje, el corte de ruta, me parece que no es el camino para una democracia sólida”.
Finalmente, el senador por el PPD hizo un llamado al Ejecutivo: “Espero que el presidente de la República adopte las medidas porque él es –finalmente– el encargado de mantener la seguridad y el libre tránsito”, concluyó.
En tanto, el jefe de la bancada de diputados PPD, Raúl Soto, dijo que es una “vergüenza la postura que ha tenido el Gobierno de ser un mero observante de las movilizaciones que está realizando un grupo de camioneros, en momentos en que nos encontramos bajo estado de excepción constitucional debido a la peor pandemia de los últimos años”.
El parlamentario agregó que “además ha existido un comportamiento totalmente dispar entre el accionar del Ministerio del Interior y de Carabineros frente a lo ocurrido durante el estallido social, lo que nos lleva a pensar en la existencia de una especie de coordinación entre dicho gremio y el Gobierno, ya que la agenda de seguridad exigida por los camioneros es muy similar a la del Gobierno”.
