BUENOS AIRES (Especial-EL SOL ABC). Sin mayor dilación se pide al Gobierno de la Nación el envío del proyecto de juicio político de los cuatro jueces que permitieron este avasallamiento de la Corte de Justicia sobre el Congreso de la Nación, para el nombramiento de consejeros y la total normalización del cuerpo judicial del Consejo de la Magistratura.
Los que están nombrados son el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y los otros miembros Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.
Este pronunciamiento del Alto Tribunal no hace más que poner en evidencia los incontrastables nexos entre las corporaciones que “gobiernan” la Argentina —en varios números de EL SOL ABC hemos dado cuenta de AmCham (Cámara de Comercio de EE.UU. en la Argentina) como una de las digitadoras más peligrosas de las “patronales del campo” y de las 15 grandes productoras de alimentos en su lucha contra el peronismo y del Frente de Todos—, que con sus fallos ha dado cuenta de “cuán serviles a los intereses contrarios al pueblo argentino”.
Por eso le piden, sin perder más tiempo, aunque no tenga las mayorías en el Congreso y con efectivo apoyo del pueblo en las calles poner presión para la renuncia de estos sujetos sin escrúpulos que no hacen que ponerle más abyección a uno de los poderes de la Nación, que desde la caída del ex presidente Hipólito Yrigoyen no ha hecho más que dañar el legado de nuestros próceres y ha entregado el país a los intereses foráneos.
Pésimos antecedentes
El catedrático en Derecho y prestigioso jurista, Roberto Carles, había declarado ante el Senado de la Nación y que C5N reprodujo que “esta Corte hace que nos llame poderosamente la atención que han pasado casi 30 años del atentado de la AMIA y todavía no se ha expedido; pero en casi tiempo récord salió a fallar a favor del gobierno de CABA, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, por el tema de la vacunación y cierre por cuarentena de los colegios de la ciudad. Y ahora con esta presentación, con una toma directa del órgano de control y contralor que el Estado tiene a su favor para evitar que el Poder Judicial sea cooptado por grupos sectarios”.
Asimismo, el portal Agenda de Derecho dio cuenta el año pasado que “en Argentina se anunció que con la firma de los ex jueces Eugenio Zaffaroni y Lucila Larrandart, juristas, se pide un juicio político a la Corte. En concreto, contra los ministros Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz invocando la causal de mal desempeño y la comisión de posibles delitos, en los términos del artículo 53 de la Constitución Nacional”.
En otro párrafo de esa nota del 2 de junio de 2021, el mismo portal aclaraba: “Este pedido de juicio político en contra de los ministros de la Corte, se fundamenta en el supuesto mal desempeño en que habrían incurrido, luego del fallo que autorizó la impartición de clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
’’En esta causa, a través de 3 votos (uno conjunto de Maqueda y Rosatti, y dos individuales por parte de Lorenzetti y Rosenkrantz), se hizo lugar a la demanda presentada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que las clases presenciales podían continuar siendo dictadas, al no haber encontrado la Corte debidamente fundada la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional en torno a la suspensión de las clases presenciales, considerando además que la decisión iba en contra del federalismo consagrado en la Constitución Nacional”.
Otro mal antecedente, es que estos dos jueces –Rosenkrantz y Rosatti– entraron primero por un decreto de Mauricio Macri y luego tuvo que ser el Senado el que revisara sus designaciones, previa presión de la Mesa Judicial y de otras corporaciones para que saliera el pliego de estos sujetos que juegan abiertamente en contra de la República Argentina.
El próximo 24 de mayo el juez federal Juan Ramos Padilla ha organizado junto a otras entidades de defensa de los Derechos Humanos y grupos políticos ligados al peronismo una marcha en defensa de los intereses nacionales y populares y por la “renuncia directa de los miembros de la actual Corte, que es un ente al servicio del sionismo internacional”.
Por el bien de los intereses del país, tanto Ronsekrantz, Maqueda, Rosatti y Lorenzetti debieran renunciar ya a sus cargos, porque bajo sus rostros se esconde la real malicia de los grupos de poder que juegan a limar y boicotear al actual Gobierno nacional.
