SAN SALVADOR DE JUJUY (Especial para EL SOL ABC). Sigue repercutiendo en los corrillos políticos locales la falta de coherencia del jefe del régimen jujeño, Gerardo Morales, que tras el sinceramiento de Facundo Manes con respecto a Mauricio Macri y todas sus corrupciones y manejos de la Justicia para favorecerse él y sus empresas, salió junto al diputado por Mendoza, Alfredo Cornejo, a pegarle al único radical que quiere “plantar bandera para recuperar la UCR de Alfonsín, de Balbín, que le supo ganar las elecciones limpiamente en 1983 al peronismo y no ser mandaderos del grupo mafioso que es el PRO, que directamente es el brazo político de la embajada norteamericana en el país”, dicen los expertos.
Pero también es parte del comentario, las repercusiones surgidas tras la denuncia penal en la Justicia Federal por el espionaje ilegal detectado en las organizaciones sociales que salieron a protestar en los últimos tiempos.
Lo que fue la denuncia
En una conferencia de prensa, hace una semana, desde esta ciudad, la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos comunicó que se presentó una denuncia penal en la Justicia Federal de Jujuy contra los funcionarios políticos y judiciales involucrados en la infiltración y espionaje ilegal a organizaciones sociales que derivó en una decena de allanamientos irregulares. Además, repudiaron la reforma constitucional que impulsa el Gobierno provincial por institucionalizar la criminalización de la protesta social.
La denuncia –realizada con el patrocinio de la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación- es contra el ministro de Seguridad de la Provincia de Jujuy, Luis Alberto Martín; el jefe de la Policía de la Provincia de Jujuy, comisario general Héctor Horacio Herbas Mejía; titular de la Agencia Provincial de Delitos Complejos de la Policía de la Provincia de Jujuy, comisario Marcelo Rodríguez; el titular de Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública N° 2 de San Salvador de Jujuy, Diego Ignacio Funes; y el titular del Juzgado de Control en lo Penal y Delitos contra la Administración Pública de San Salvador de Jujuy, Rodolfo Miguel Fernández y el mismo gobernador Morales.
La Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos integrada por abogadas, periodistas, trabajadores sociales organizaciones sociales y sindicales, estuvo por cuarta vez en la provincia de Jujuy relevando denuncias de vulneraciones a los Derechos Humanos por parte de las fuerzas del gobierno provincial. En aquella oportunidad, estuvieron en San Salvador, San Pedro y Tilcara.
Finalmente, Morales sigue el derrotero de aquel sujeto que “no sabe dónde está parado y que cualquier cosa le viene bien para mantenerse en el candelabro político nacional”. Lo que, a las claras muestra, poca empatía con el pueblo, sino que lo hace en defensa de sus intereses personales, por eso el afán de cambiar la Constitución Provincial, que el intendente de Libertador Gral. San Martín, pusiera al descubierto: “A partir de la nueva Constitución, ojo muchachos…partimos desde cero…”.
Fuente: JMEE
