BUENOS AIRES (Especial-EL SOL ABC). “Tengan la certeza de que no los voy a defraudar. Si alguna vez me ven claudicar en algo, salgan a la calle y recuérdenme que les estoy fallando”, esa frase retumba mucho más ante el consumado golpe institucional de la Corte Suprema en contra del Congreso de la Nación y que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, no ha tomado nota y no se haya puesto al frente para defender a las instituciones de la República.
Aquella frase la dijo en el cierre de campaña el 7 de agosto de 2019, en la ciudad de Rosario, en compañía de su compañera de fórmula de ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, por el partido Frente de Todos.
Este tema fundamental para el amparo de todas las instituciones de la República no es un tema menor y que dejarlo pasar, así como así, se está abriendo las puertas para el manejo arbitrario y dictatorial de jueces que se creen que están por encima del poder político, cuando ellos fueron elegidos a dedo, mientras que a los gobernantes lo elige la mayoría de la población del país.
Por ello, desde diversos sectores se pide que el Presidente no sólo se manifieste, sino que arbitre los “medios para enviar un proyecto al Congreso de la Nación para solicitar el juicio político de los integrantes actuales de la Corte Suprema de la Nación”. Y también, dijeron que tiene la potestad de parar todo esto con un fuerte discurso por cadena nacional y de paso utilizando los resquicios que le da la Constitución Nacional para arbitrar decretos en favor de la estabilidad social de la Nación, porque se está ante una “emergencia jurídica”.
Por ello, ya que al Presidente le gusta respetar los tratados y jurisprudencia que hay en la materia, es bueno que tenga en cuenta este párrafo del texto de Derecho, editado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), que habla precisamente de la relación que debe existir entre la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura en su página 246: “Con posterioridad, la reforma introducida mediante la ley 26.080, [6] al quitar al Presidente de la Corte de la órbita del Consejo y decidir que sea el mismo cuerpo quien lo designe por mayoría absoluta de sus miembros, se inicia una etapa donde el Consejo –el cual además había comenzado a hacer valer la experiencia de sus noveles años– de cierta autonomía. A la vez, y como relataremos, el propio Alto Tribunal había delegado algunas de sus dependencias administrativas directamente asignadas al Consejo, con lo cual, se erigía en un órgano administrativo del Poder Judicial. Sin perjuicio de ello, la materia reglamentaria, expresamente detallada en la Constitución en manos del Consejo, sin embargo, no corría tal suerte, estando vedada cualquier intervención a este último en las disposiciones que habían sido materia de reglamentación por parte de la Corte Suprema, especialmente en su Reglamento para la Justicia Nacional. [7] Así llegamos a la sanción de la ley 26.855, [8] la cual en su proyecto inicial contempló una total y expresa delegación de las facultades presupuestarias y reglamentarias en manos del Consejo de la Magistratura, pero que, al momento de votarse definitivamente, dejó en manos del Tribunal –una vez más– dichas actividades”.
Por ello, no sólo con marchas y opiniones desfavorables la Corte Suprema va tomar en cuenta lo que las mayorías solicitan, sino que debe ser el presidente de la Nación el que ponga coto a esta anómala acción de un cuerpo que no fue elegido por el conjunto de la población del país. No hacer nada al respecto, es llevar el reclamo implícito de “lo que está haciendo mal el Presidente, que justamente en su discurso de Rosario de 2019 pidió de cara al público presente que le dijeran ‘cuando no estaría cumpliendo con los mandatos que ese mismo pueblo le había dado’, que se lo diga abiertamente “. Y lo que está haciendo mal el presidente Alberto Fernández es no mostrar carácter ante esta andanada de fechorías por parte de los miembros de la Corte, que directamente tiene de rehén a la democracia por parte de estos cuatro facinerosos.
Referencias del texto del libro Derecho de la UBA (pág. 246)
[6] Adla, LXVI-B, 1355), promulgada el 24/02/2006.
[7] Acordada 12/1952 y mds.
[8] Sancionada el 8 de mayo de 2013.
