SAN SALVADOR DE JUJUY (Especial- Tiempo Argentino- Por Jesús Cabral). En la Legislatura de Jujuy se aprobó este miércoles el desafuero y suspensión de la diputada peronista Débora Juárez Orieta; del bloque Juntos por Jujuy-Frente de Todos. Sucedió tras un oficio remitido por la Justicia de esta provincia y fue tratado por el espacio que responde al gobernador radical Gerardo Morales.
Desde el bloque de la diputada señalaron que no se respetaron los reglamentos básicos para tomar una decisión de tan grande magnitud, “tanto para la política y la institucionalidad del país”. A su vez, la sociedad argentina en su conjunto resulta víctima al tratarse de un procedimiento irregular que es ejecutado desde sectores oscuros, porque esto pone en riesgo los principios democráticos. Por todo ello, este diario entrevistó al diputado de mandato cumplido de la organización social Tupac Amaru, Juan Manual Esquivel, quien conoce bien la historia de ese lugar.
“Este hecho es muy grave para la institucionalidad y la política”, sostuvo Esquivel, en diálogo con Tiempo. Continuó aseverando que la “suspensión de la diputada fue operada por el gobernador radical, hay una causa judicial que fue orquestada por el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia jujeña que son los brazos ejecutores del Ejecutivo provincial”.
“La causa en perjuicio de Débora Juárez Orieta está basada en denuncias de militantes de la Unión Cívica Radical (UCR), que nunca aparecieron ni siquiera a ratificar sus denuncias y, solo con eso, un fiscal pidió el desafuero”, explicó el referente de Tupac Amaru. Siguió detallando que la causa nunca fue elevada a juicio, sino que “se hizo a través de un trámite exprés, mediante una sesión extraordinaria, así fue aprobado el desafuero de la diputada”.
“Este es un hecho político que marca un quiebre muy profundo en el peronismo jujeño”, puntualizó. Por lo cual el bloque del Partido Justicialista (PJ), conducido por Rubén Rivarola, “que es dueño del diario El Tribuno y miles de empresas que tiene en asociación con el gobernador Morales, acompañó el desafuero de la diputada”.
“Además en la acusación no pusieron ningún argumento, Rivarola es el titular y junto a otros seis diputados de su mismo bloque le dieron al radicalismo sus votos para asegurar los dos tercios necesarios para el desafuero de Juárez Orieta”, denunció Esquivel ante este diario. También detalló que esto que dice resultaría ser “la mayoría agravada sobre los 48 diputados y diputadas que tiene esta Legislatura, esto muestra la complicidad entre éste y Morales”.
De todos modos, en términos políticos y electorales lo sucedido “no va a tener un gran impacto, porque no van a lograr la unidad con todo el peronismo de la provincia, de eso estamos seguros”, enfatizó. Para recordar el porqué de la saña contra la diputada suspendida, señaló que “ella es una peronista de cuna”.
“Originalmente pertenecía al bloque del Frente Renovador, hoy pertenece al bloque de Juntos por Jujuy-Frente de Todos”, reconstruyó Esquivel. Y valorizó que es el único bloque de cinco peronistas “opositores a Morales y Rivarola”.
“La diputada supo tributar votos como parte del Frente Renovador al Frente Cambia Jujuy, hasta que empezó a denunciar que el contrato electoral de Morales se había roto, porque no cumplía con lo que prometía, ella explicaba que lo de Morales es sólo un blef”, aseguró el diputado mandato cumplido. Así es que Juárez Orieta se convirtió “en el blanco móvil de la política persecutoria del gobernador y de su Justicia dictatorial”, indicó.
También recordó que la hermana de esta diputada suspendida, la licenciada Ana Juárez Orieta, fue funcionaria en el área de estadísticas-censos de la provincia de Jujuy y “denunció un abuso sexual por parte del juez superior de justicia Palo Baca, esto le costó su cargo por la gravedad del asunto y el escándalo que se armó”.
“Sobre todo porque en la relación con la licenciada se filtraron algunos audios en los que el ex juez le confiaba a su amante –de ese momento– que a Milagro Sala la tenían presa porque si no Morales no podía gobernar la provincia”, recordó el hombre. La diputada que fue suspendida, “en sus funciones legislativas denunció esto y otras muchas irregularidades, tanto en la Justicia como en la administración pública provincial”, aseguró.
“Débora Juárez Orieta se convirtió en una dura opositora al régimen de Morales, y éste no dudó en sentar sus 25 diputados para ordenarles que junto al presidente del PJ Rivarola, produzcan el desafuero de la diputada”, explicó Esquivel. Le quitaron los fueros y la suspendieron “como dije antes, mediante un trámite exprés”.
La historia se repite
“Vale recordar que en toda la historia de esta Legislatura, de lo que va del período democrático; es decir, desde el golpe de Estado de 1976 hasta hoy, se aprobaron dos desafueros a diputadas mujeres”, dijo. También detalló que “ahora lo hicieron con Débora Juárez Orieta y antes con la ex diputada peronista Alejandra Cejas, que también es opositora a Morales”.
“Ella apuntaba al bloque justicialista y también imputaba con sus dichos legislativos al presidente del PJ Rivarola”, señaló el diputado mandato cumplido. Siempre hablaba sobre la sociedad que “éste tiene con Morales”.
A la entonces diputada Cejas también le quitaron los fueros, “la suspendieron porque habían causas judiciales, algunas tenían que ver con instancias familiares que encontraron camino en el Ministerio Público de la Acusación, hasta que la llevaron a juicio”, reconstruyó. En los dos casos de las diputadas suspendidas, “quien aparece como el eje promotor de todo esto es Rivarola, el socio de Gerardo Morales”.
“Nosotros en la Tupac Amaru denunciamos esto hace muchos años, allá por 2015-16, cuando cambiaba la estructura de la Justicia provincial y ponen presa a Milagro Sala por protestar por las causas armadas”, repasó Esquivel. Siguió diciendo que “denunciamos la persecución política en la provincia, la violación del estado de derecho, a la Justicia formada por Morales, que es manejada por él a través del Ministerio Publico de la Acusación, la estructura del Tribunal Superior, todo esto que digo es lawfare”.
“Ahora, después de 7 años, esta provincia que tiene un sesgo muy conservador y racista, recién comienza a darse cuenta de que se trata de un estilo de gobernar violento, perverso, persecutor”, remarcó el diputado mandato cumplido. Son los negocios que tiene “Rivarola con Morales”.
Ambos cometen estas “barrabasadas, ilegalidades e injusticias políticamente hablando”. También ejemplificó que ahora todo esto se tradujo “en el desafuero de la diputada Débora Juárez Orieta”.
Ejemplo de la impunidad
“Marcelo Nasif, diputado del Frente Renovador, fue denunciado por violación, tuvo imputaciones, procesamientos y lo protegieron en el bloque del radicalismo y nunca le quitaron los fueros”, señaló Esquivel.
Siguió relatando que la entonces diputada Mabel Balconte que estuvo “durante el mismo período que yo, de 2015 al 2019, y era de nuestro bloque Unidos y Organizados fue condenada junto a Milagro Sala”.
“En el juicio conocido como ‘pibes villeros’, ella fue quien denunció a Milagro al final del debate”, dijo Esquivel. Finalizó señalando que esta diputada fue protegida por “el bloque radical de Morales, sucedió así a pesar que la Justicia pidió su desafuero, pero nunca le quitaron los fueros a Balconte”.
Desafuero a Débora Juárez Orieta
El debate se dio al inicio de la segunda sesión extraordinaria de la Legislatura jujeña, la misma fue convocada para aprobar la designación de funcionarios que cumplirán funciones en el Poder Judicial provincial. De este modo tuvo ingreso el pedido de desafuero remitido por el Juzgado de Control Nº 6, y fue tratado en una causa por la supuesta venta irregular de lotes en la localidad de Fraile Pintado. Fue en ese contexto que el diputado oficialista Ramiro Tizón, pidió que la Cámara se convierta en comisión y le dé inmediato tratamiento al tema mediante un trámite exprés.
