SAN SALVADOR DE JUJUY (Especial para EL SOL ABC-Por InfoBaires24). El jefe y subjefe de la Subdelegación La Quiaca de la Policía Federal, oficiales Cristián Javier Bejarano y Milton Martín Cano, fueron condenados a la pena de 4 años y 8 meses de prisión como coautores del delito de contrabando de exportación, agravado por el número de intervinientes y por ser integrantes de una fuerza de seguridad, todo ello en grado de tentativa.
La condena fue dictada el lunes 7 de marzo pasado a instancia del fiscal federal Federico Zurueta, titular del área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Jujuy, quien también logró que otros cuatro cómplices sean condenados por el mismo delito, aunque con penas menores.
Se trata de los hermanos Luis, Paul y Fabián Saiquita, condenados a cuatro años y tres meses de prisión, mientras que Eduardo Laime, quien hacía de chofer, recibió una pena de dos años de prisión en suspenso, por ser considerado partícipe necesario.
El juicio
El juicio tuvo un primer fallo favorable para los acusados el año pasado, pero un recurso de la fiscalía revirtió las absoluciones ante la Cámara Federal de Casación Penal. En el caso intervino el Tribunal Oral Federal de Jujuy, integrado por Alejandra Cataldi (presidenta), Marta Snopek y Abel Fleming. Este último magistrado se incorporó en una segunda etapa del debate debido al fallecimiento del juez Mario Juárez Almaraz, quien era vocal titular de ese cuerpo.
El caso se inició a partir de la detención de Laime y los hermanos Saiquita, registrada el 22 de abril de 2020, alrededor de las 3 de la madrugada, cuando personal del Escuadrón 21 “La Quiaca”, de Gendarmería Nacional, interceptó un camión cargado con mercadería que se dirigía a Bolivia con las luces apagadas. En septiembre, en tanto y a raíz del resultado del análisis de los teléfonos celulares secuestrados, se avanzó con la detención de los policías.
En el debate, el fiscal Zurueta resaltó que al momento del hecho estaban vigentes varias medias sanitarias dispuestas en el marco de la pandemia por el Covid-19, entre ellas el aislamiento social, preventivo y obligatorio y el cierre de las fronteras con países vecinos.
La patrulla de gendarmes vigilaba la frontera en la Puna jujeña cuando advirtió un camión que se dirigía a Bolivia. Ocurrió en el paraje Ojo de Agua, una zona que fue descripta por el representante del Ministerio Público Fiscal como paso obligado para acceder al vecino país.
Lo que más llamó la atención de los gendarmes, sin embargo, no fue sólo el camión Mercedes Benz 710, sino que, por delante y a modo de coche puntero, iba un móvil de la Subdelegación de La Quiaca de la Policía Federal, en el que viajaban los jefes principales de esa unidad y Fabián Saiquita.
El convoy, que estuvo a 500 metros de traspasar la frontera, fue detenido y se constató que, en su interior, el camión llevaba mercadería por un valor de más de 841 mil pesos. Gran parte de la carga eran insumos sanitarios muy valiosos por su uso para la prevención del coronavirus. A ello se suma la valuación del rodado, estimada en más de 900 mil pesos.
Acusación
A partir de este procedimiento, el secuestro de teléfonos y otras pruebas producidas por la fiscalía, el 24 de abril y el 8 de septiembre de 2020 se formalizó la acusación contra los seis acusados y se avanzó con la investigación hasta junio de 2021, cuando se inició el juicio de responsabilidad penal.
En esa instancia, el fiscal presentó numerosos testigos y mediante la exposición de otras pruebas, como las comunicaciones previas mantenidas por los acusados, demostró la culpabilidad de los dos jefes policiales y de sus cómplices, con quienes llevaban adelante la empresa delictiva.
Entre las pruebas, aportó las llamadas que los jefes Bejarano y Cano hicieron a gendarmes e incluso funcionarios de mayor rango del Escuadrón 21 para conocer de antemano el resultado de algunos peritajes.
Asimismo, develó otra maniobra ejecutada para desvincularse del hecho, como la creación de un segundo libro de registro, en el cual consignaron que el día en que fueron detenidos estaban en comisión de un operativo conjunto con la Gendarmería Nacional que tenía como objetivo detener a los coimputados.
