Sostuvo que todavía “puede entorpecer la investigación”. El empresario fue liberado en la ruta del dinero “K” y buscaba una resolución similar en otra causa por lavado de dinero
El fiscal federal Guillermo Marijuán se opuso hoy a que el empresario Lázaro Báez sea excarcelado en una causa por lavado de dinero que instruye el juez Sebastián Casanello. De ese modo respondió a un pedido planteado esta mañana por la defensa del dueño de Austral Construcciones.
En el dictamen, al que tuvo acceso Infobae, el fiscal sostuvo que Báez “aún cuenta con suficientes recursos económicos como para evadirse de la Justicia” y destaca que desde la prisión “efectuó maniobras dirigidas a incrementar y ocultar su patrimonio”.
El fiscal fue muy duro con su colega de Casación, Javier De Luca, quien se había manifestado a favor de la libertad de Báez. Para Marijuán, el empresario “mantiene en la actualidad la posibilidad de entorpecer y eludir la acción de la Justicia”. “Es claro que puede abrir cuentas y/o sociedades en el extranjero y de esa forma realizar operaciones con fondos que son el provecho y el resultado del delito que se investiga”, agrega.
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Según los últimos cambios en el Código Procesal Penal, la opinión del fiscal es vinculante sobre la decisión del juez.
Marijuán dictaminó en el caso conocido como “M&P”, donde se investiga una maniobra para inyectar dinero en Austral Construcciones a través de otra empresa de la familia Báez.
Ese expediente está en manos de Casanello, luego de que el fiscal pidiera la elevación a juicio.
Báez también tiene preventiva por el caso de El Entrevero, que está siendo analizado por la Cámara Federal para establecer si se confirman o no los procesamientos. El lunes, de hecho, hay una audiencia prevista para escuchar a las partes, indicaron a Infobae fuentes judiciales.
Por ese campo, de 152 hectáreas, ubicado entre José Ignacio y La Barra, se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños. Leonardo Fariña contó que se utilizó la sociedad uruguaya Traline SA (Maximiliano Acosta era el presidente y luego se otorgó un mandato de disposición general a Maximiliano Goff Dávila). Cuando ya se había roto la relación con el entorno de Báez, el campo quedó a nombre de otra sociedad de nombre Jumey SA, presidida por el contador Daniel Pérez Gadín.
Ayer, a instancias de la Cámara Federal de Casación, el Tribunal Oral Federal 4 cesó su prisión preventiva por la causa de la “ruta del dinero k”, en medio del juicio oral que se está desarrollando y que está en la etapa previa a los alegatos. Según Casación, no podía extenderse su arresto que ya lleva tres años y ocho meses.
