SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN, SALTA (Especial para EL SOL ABC- Por Estado de Orán *). Todo ocurre en una pequeña escuela de Orán en la que el manoseo institucional parece no tener límites.
Se trata de la escuela rural N° 4091 Benigna Saravia, de Abra Grande, donde vienen ocurriendo otras irregularidades que visibilizaron los padres en su resistencia al cierre del establecimiento; irregularidades que se sucedieron cada año desde 2018 con Berruezo como ministra y Urtubey como gobernador. Con el nuevo mandato, nada cambió. Paradójicamente, en enero de 2019 la docente Alicia Vega recibe la designación de traslado como personal titular de planta a la escuela rural Benigna Saravia; y toma posesión del cargo. Un tiempo antes, tras la jubilación del director anterior, aparece también otra docente que es nombrada directora. Más tarde, se enterarían en la escuela que ésta última tenía un traslado provisorio, pero, a pesar de ello, la pusieron a cargo de la dirección; aun siendo titular en otra escuela –en Peña Colorada-. A partir de esta maniobra, comienzan a sucederse las irregularidades que llegaron hasta la Justicia. Al parecer, con la intención de esconder su carácter de ‘interina’ la nombrada directora no ponía a disposición las planillas de firmas del personal donde se exponen a su vez los datos generales del personal. Sin embargo, ante los reclamos de Vega esas planillas aparecen luego firmadas de manera apócrifa.
La persecución
Comienza así un raid de persecución, maltrato, armado de expedientes contra Vega; propinados por sus superiores que llega a involucrar a la entonces supervisora de escuelas y hasta funcionarios del Ministerio de Educación en Salta.
El caso toma tal gravedad que la maestra Vega inicia una medida judicial para exigir que cesen los hostigamientos en su contra.
Ante el amparo presentado por la docente, la jueza Ana María Carriquiry dicta una medida cautelar en la que ordena a la directora interina Alejandra Méndez, a la (ahora ex) supervisora Mónica Caravajal, y a las autoridades del Ministerio de Educación en la persona del señor Aldo Aranda y del señor Jorge Correa a “abstenerse de ejercer actos de violencia”, “abstenerse de proferir insultos”, y les prohíbe “ejercer actos de acoso laboral/mobbing” contra Vega “bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia judicial”.
El mobbing se define como: acosar, hostigar, acorralar en grupo. Es tanto la acción de un hostigador u hostigadores conducente a producir miedo o terror en el trabajador afectado hacia su lugar de trabajo, como el efecto o la enfermedad que produce en el trabajador.
A su vez, Carriquiry elevó la causa por competencia al Juzgado de Violencia de Género y la jueza Adriana Maidana Vega falló para que la directora interina y la supervisora se dirijan “con el debido respeto a la docente Alicia María Vega”, dicta el fallo, “sin incurrir en prácticas discriminatorias u hostiles hacia su persona, y en resguardo de un ámbito de trabajo que permita a todos desempeñar su labor libre de toda violencia”.
La castigan con un traslado
No obstante, la persecución no cesa y ahora pretenden desplazar a la maestra de su cargo con el mecanismo de un traslado. Así, en estos días notificaron a Vega de la decisión tomada por la Dirección General de Escuelas Primarias del Ministerio de Educación de la Provincia de que se presente a prestar “tareas pedagógicas administrativas” en la escuela Berta Cerezo de Mamaní de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. Lo grave es que dichas notificaciones vienen justamente firmadas por las personas que, de acuerdo a la cautelar de la jueza Carriquiry, tienen expresamente prohibido ejercer actos de acoso laboral/mobbing contra Vega; remarca su abogada.
Firmas apócrifas
Sumado a las acusaciones falsas contra la maestra, presentadas ante el Ministerio, aparecen planillas con las firmas de la docente falsificadas.
Desvergonzadamente, o quizá como fruto de la desesperación de la directora para sostener su versión, en la causa del amparo presentado por Alicia Vega aparecen las planillas de datos generales de la escuela firmadas. Fueron presentadas como prueba por la directora Méndez, en su defensa. Tras batallar en las oficinas judiciales, Vega logra que se realice peritaje sobre las planillas originales, y no sobre fotocopias, debido a que la maestra nunca las había firmado porque la directora Méndez jamás las puso a disposición en tiempo y forma.
Finalmente, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) terminó por evidenciar que Alicia Vega decía la verdad. El informe de los peritos -oficiales y de parte- concluye que las firmas en las planillas de datos generales no fueron efectuadas por Vega y, peor aún, sí por la directora Méndez; es decir, “Méndez las falsificó”. Ante esto, una denuncia penal pesará ahora sobre Méndez.
La testigo
La ordenanza de la escuela fue citada como testigo en la causa judicial. En su testimonio da cuentas de la veracidad que asiste a la maestra Vega y expone las falsedades de la directora.
La testigo contó que la entonces supervisora Mónica Caravajal ejerció malos tratos y quiso cerrar la escuela, después de jubilarse el anterior director, alguien afín a tal mandato.
Para finalizar, esto ocurre en una escuelita rancho, que en el año 2018 el Ministerio de Educación de ese momento –gobernación de Juan Manuel Urtubey—había prometido la construcción de una nueva escuela de material, porque “ya se había destinado en el Presupuesto Provincial 2018, la suma un millón 250 mil pesos”, pero que esos dineros desaparecieron y no se hizo nada.
Todos los años los padres deben peregrinar para que instalen el container rodante, donde los niños toman clase y rogar para que esa escuelita no se cierre.
(*) El autor y editor de esta nota-denuncia corresponde a un semanario de la ciudad de San Ramón de la Nva. Orán (Salta). Abril-2022/
Fuente: Pdr. Jorge Crespo
