La Paz, Bolivia (Especial para EL SOL ABC-Por Negri Antelo). La presidenta del régimen de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, está llevando al máximo caos económico que Bolivia haya conocido, según informó el periodista Jorge Arias, del programa “Detrás de la Verdad”. Siendo uno de los pocos periodistas que “se anima a enfrentarse abiertamente al régimen sionista”.
No sólo el Banco Central de Bolivia está perdiendo reservas reales, desde la presidencia de Guillermo Aponte, sino que la máxima compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) está teniendo la peor y más corrupta administración de su historia, así también lo cuenta otro sitio web como La Resistencia.Info. En los últimos informes de este medio digital se dio cuenta de “licitaciones chutas” (licitaciones truchas) o fraudulentas, o depósitos de dineros recaudados en cuentas ficticias en el exterior, que también se esconden “bajo contratos de trabajo profesional sobrefacturados”, o “alquileres de taxis aéreos todos con sobreprecios”. Todo ello, dentro de un esquema de que “acá ahora es nuestra única oportunidad de hacernos ricos, ahora nos toca a nosotros”. No tienen escrúpulos.
Lo que pasa en YPFB
Días recientes, debido a estas denuncias, tuvo que renunciar uno de los últimos abogados nombrados en YPFB como “asesor”, el jurisconsulto Santiago Flores Maese.
Según cuenta La Resistencia.Info, “la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) realizó hace pocos días una contratación directa de una ‘póliza de seguro’ por más de 7 millones de dólares (49 millones de bolivianos) sin un proceso de licitación formal. La denuncia fue realizada por el diputado nacional de Unidad Demócrata, Hugo Sandoval”.
El diputado nacional de UD, Hugo Sandoval, denunció que YPFB, aprovechando la emergencia sanitaria, procedió a contratar de manera directa los servicios de la empresa de seguros, Credinform, por Bs. 49.000.000 ($us. 7.000.000), por concepto de una póliza de seguros generales (incendio, maquinaria, responsabilidad civil, interrupción de negocios y otros).
En pocas semanas, el régimen de Jeanine Añez y sus aliados ya habrían adquirido varios servicios irregularmente, el primero en hacerlo fue Luis Revilla con el alquiler del ex hotel Radisson de 11 millones de bolivianos, y el segundo el alcalde, José María Leyes con los almuerzos policiales.
Otros negocios corruptos
Tanto La Resistencia.Info como el programa de TV “Detrás de la Verdad” también denunciaron que “YPFB compró de manera directa gasolina y diésel por u$s 160 millones sin licitación”.
De acuerdo a documentación a la que accedió el portal de noticias “Detrás de la Verdad” la estatal del petróleo en Bolivia (YPFB) amparado en la emergencia sanitaria que vive el país compró de manera directa (sin licitación) diésel, gasolina, insumos y aditivos por más de u$s 160 millones durante el mes de marzo y abril del 2020.
Detalle de órdenes de compra y montos:
En fecha 21 de marzo YPFB autorizó la compra de diesel oil a la Compañía de Petróleos de Chile Cópec SA por u$s 4.375.440,00.-
En fecha 9 de abril YPFB autorizó la compra de diesel oil a la compañía Unlimited Corporations Bussines Corp por u$s 60.897.424,32.-
En fecha 9 de abril YPFB autorizó la compra de diesel oil e insumos y aditivos a Vitol S.A. por un monto total de más de u$s 63.500.000.-
En fecha 9 de abril YPFB autoriza la compra de insumos y aditivos por un monto total de u$s 15.189.55,73.-
Lo que pasa con los fondos del Banco Central
Una vez producido el golpe de Estado contra el ex presidente Evo Morales, miles de familiares y cercanos a los que se hicieron con el poder en Bolivia comenzaron a “relamerse los bigotes” porque “algo grande se viene para nosotros” decían en los círculos áulicos paceños , mientras en más de dos lustros de gestión gubernativa la anterior administración trató de volcar todos los recursos en pro de la modernización del país y la dotación de toda una infraestructura vial, educativa y de salud en todo el país, “ésta se embarcó en la modernización de sus bolsillos”.
Esto se demuestra en informes dados por el candidato presidencial del MAS, quien está siendo perseguido otra vez, el Lic. Luis Arce y por investigaciones surgidas de senadores demócratas estadounidense entre los se cuentan a Hank Johnson, Ilhan Omar, Susan Wild, Raul Grijalva, Jan Schakowsky, Jared Huffman, Deb Haaland, Alexandria Ocasio-Cortez, James McGovern, Jesus G. “Chuy” Garcia, Bobby L. Rush, Ayanna Pressley, Alan Lowenthal y Eleanor Holmes Norton.
En las mismas, se dice que el Banco Central está “teniendo una política errática del manejo de fondos del erario público nacional, ya que de los más de 41 mil millones de fondos dejados por la administración de Evo Morales y de Álvaro García Linera, hoy el banco tiene fondos estimados en 35 mil millones de dólares”. En este poco tiempo desaparecieron unos 6 mil millones de dólares “con la justificación de la pandemia del Covid-19 y por gastos administrativos que se inventan todos los días”.
El modus operandi para el retiro de fondos del Central, “son bonos del Gobierno que emite el Ministerio de Economía y Finanzas, por orden de Áñez, para sufragar no se sabe qué gastos. Pero de esta manera están llenando el Banco Central con papelitos firmados y a los mismos los hacen figurar como que si el dinero no hubiese sido tocado”. De esto el pueblo de Bolivia no sabe ni una jota.
Toda la responsabilidad debe recaer sobre las cabezas de Guillermo Aponte, como parte del “circuito financiero corrupto privado que elude y evade impuestos de la banca local”, y de los miembros del directorio de la máxima entidad bancaria del país y rectora de la economía nacional, como Luis Pinell, Walter Morales, José Gabriel Espinoza y Róger Banegas.
Principalmente, Pinell es un agente de EE.UU. infiltrado en el Central y que proviene de la universidad de Harvard, casualmente para volver “otra vez a Bolivia ese país menesteroso y pobre que vivía de la caridad internacional. Por eso están saqueando las reservas del Banco Central”, adujeron informes de economistas de la oposición.
En Bolivia está prohibido decir los nombres de los involucrados en la oposición al actual régimen, porque automáticamente son perseguidos y encarcelados, en un país que ha perdido todo respeto por los derechos humanos. “Ahora debiera venir la OEA y su oficina de Derechos Humanos para ver en realidad lo que sufre el pueblo boliviano”, dijeron desde un portal opositor a “Dañine”.
