BUENOS AIRES (Especial-Agencia Nova). Luego de la denuncia realizada contra el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, por favorecer a las empresas prestadoras del servicio el distribución de gas, distintas entidades se sumaron en apoyo a la demanda y rechazo a las decisiones que el ex funcionario tomó al frente de la cartera.
La demanda, presentada por el interventor del Enargas, Federico Bernal, apunta además contra Mauricio Roitman, ex presidente en ejercicio de la entidad y demás integrantes del entonces directorio del Ente Regulador, así como también es señalado Marcos Pourteau, ex secretario de Recursos Hidrocarburiferos.
En ese sentido, la Red Nacional de Multisectoriales y la Comisión de Usuarios Red Nacional de Multisectoriales del ENARGAS manifestaron su “apoyo a la denuncia penal sobre la posible comisión de delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública”.
Indudablemente hubo negociados
Asimismo, la red considera que durante la gestión de Aranguren hubo “negociados que se hicieron perjudicando al fisco y a los usuarios y usuarias de la red de gas”.
En la misma línea se expresó la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina, que además de la denuncia, desde la entidad realizaron el pedido expreso para que se derogue el artículo 7° del decreto 1053/2018 sancionado en la gestión de Mauricio Macri, dado que consideran que “el mismo traslada la deuda de las empresas al Estado Nacional, por ende a todo el pueblo argentino”.
La Asociación de Usuarios y Consumidores, -que nuclea a las entidades ADDUC, ADUC, CESYAC, Consumidores Argentinos, Consumidores Libres, DEUCO, FEMUDECO, Justicia Colectiva, LIDECO, PROTECTORA, UNADEC, Union de Usuarios y Consumidores, Usuarios y Consumidores en Defensa de Sus Derechos-, y UPCN Delegación General ENARGAS/Secretaria de Energía/ Ministerio de Obras Públicas/ Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat, también expresaron su acompañamiento a la denuncia.
En un escrito de apoyo a la demanda, consideraron que las autoridades de la cartera energética “planificaron e implementaron durante 4 años un sistema normativo que benefició a las empresas energéticas, perjudicando a la totalidad de los usuarios del servicio con un incremento tarifario que alcanzó al 2500 por ciento en cuatro años de su gestión”.
