BUENOS AIRES (Especial-EL SOL ABC). En el juego de nunca acabar y donde el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, va a Diputados a decir que el ministro Sergio Massa “no cuenta con las herramientas” para detener la inflación, la alimenticias siguen el plan diseñado por la Cámara de Comercio de EE.UU. en la Argentina (AmCham) para poner todos los obstáculos para que el Peronismo fracase, pero de “ello parece que nunca se dieron cuenta en Casa Rosada”.
Hay un sostenimiento fuerte en la opinión pública del país, que no se puede permitir que entidades foráneas rijan el curso de la economía nacional y para ello cuenten con el concurso de empresas cipayas, que se benefician del sudor y trabajo argentinos. Pero para ello se necesita un gobierno con los cojones bien puestos y con la decisión de “terminar para siempre el tema de la inflación”. Al que no le guste, se le expropia la empresa y que la manejen los trabajadores. O se encuadran en las leyes nacionales y de respeto al pueblo argentino, o se quedan al margen del sistema económico argentino. Ya las teorías económicas no sirven de nada en estos momentos.
Así también perfila en su nota de hoy, el columnista Leandro Renou, de Página 12, cuando dice: “Las empresas productoras de alimentos y productos de la canasta básica le blanquearon al Gobierno, con acciones directas, que están entrando en una especie de guerra fría que desafía cualquier intento oficial por ordenar los precios. Según la información exclusiva a la que accedió Página 12, los grandes supermercados están rechazando listas de precios de productos básicos con subas de entre 20 y 45 por ciento, muy por encima del 3,2 por ciento que acordaron esas mismas empresas con el Gobierno Nacional en el marco de Precios Justos”.
Pero además agrega: “Precisamente por ese rechazo de listas que hacen los comercios nucleados en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), el cumplimiento de la pauta de Precios Justos en los híper es cercana al 98 por ciento; mientras que por fuera de las grandes cadenas los comercios barriales no tienen espaldas para decirles que no a las listas de las grandes marcas, y terminan vendiendo más caro obligadas.
’’Este comportamiento, luego de varios meses del cambio de ministro de Economía y diferentes acuerdos mediantes, tiene un componente político: las empresas observan, como pasó ya en gestiones anteriores, que el oficialismo tiene algo más de 6 meses de gestión y le queda poco poder para resistir los embates de las firmas que nuclean la producción de alimentos. Sobre esa debilidad, presionan con subas de precios mayores, algo parecido al procedimiento que tuvieron esas mismas compañías hacia finales del Gobierno de Mauricio Macri”.
Es necesario un fuerte boicot
En su nota Renou adelantó algunas de las firmas que no apoyan ningún acuerdo de precios —fijesé qué casualidad, todas son afiliadas a la AmCham— como la empresa Ledesma SAAI, de la familia Blaquier (cipayos golpistas), las molineras harineras como AdeccoAgro, Molinos y Cañuelas, a los que se agregan Mondelez (ex Kraft) y la cervecera Quilmes, la lechera Milkaut, Arcor, Bodegas Los Haroldos (vinos Balbo), Coca-Cola, con aumentos superiores al 3,2 y 4 % acordados con el Gobierno nacional.
Entonces, desde varias asociaciones de consumidores del país, viendo que el Gobierno no puede o no quiere hacer nada, son los consumidores finales los que tienen “la sartén por el mango” y son los únicos que pueden detener esta demencial postura empresarial antigobierno y antipueblo: con un fuerte boicot a la compra de cualquiera de los productos de las firmas que no apoyan ningún acuerdo de precios y quieren que el Peronismo pierda las elecciones que seguramente las va a ganar de nuevo.
