RÍO NEGRO (Especial para EL SOL ABC-Por El Cordillerano). La jueza federal de San Carlos de Bariloche, doctora Silvina Domínguez (subrogante), le ordenó al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que “en un plazo de 60 días ejecute los actos tendientes a la instrumentación de la propiedad comunitaria en favor de la comunidad”.
La sentencia del 2-2-2022 subsana la demora estatal en dar seguridad jurídica a los derechos territoriales de los pueblos originarios.
La jueza corroboró que el territorio de los Ranquehue ya fue reconocido por el Estado Nacional mediante la resolución 1174/2012 del INAI, paso necesario pero incompleto para garantizar la instrumentación efectiva del reconocimiento en un Título de Propiedad Comunitario de acuerdo a lo estipulado por el Art. 75 inc. 17 CN, 14 Convenio 169 de la OIT, 26 a 28 de la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, que impone inscribir en los registros públicos de catastro y de la propiedad inmueble la realidad territorial indígena para que sea respetada por toda la sociedad.
Deuda histórica
En la reforma constitucional de 1994 los constituyentes declararon que la finalidad del Art. 75 Inc. 17 es reparar la deuda histórica de la Nación argentina con los pueblos indígenas argentinos, obligándose a adoptar todas las medidas adecuadas, asignando los recursos y generando mecanismos para hacerlos efectivos.
La sentencia es un logro para la comunidad Millalonco Ranquehue frente a un sinnúmero de atropellos sufridos, que afectaron y afectan la paz de su espacio comunitario. A lo largo de su historia y por varias generaciones, sus integrantes tuvieron que soportar numerosos desalojos impulsados por el Ejército Argentino, los cuales fueron extremadamente violentos, donde sufrieron destrozos de viviendas, huertas, galpones, corrales e invernaderos. Esta situación de violencia, discriminación y persecución los condenó a vivir en la más extrema pobreza y les produjo graves consecuencias tanto físicas como psicológicas.
Frente a la demora estatal en efectivizar su derecho de posesión y propiedad comunitaria, los Ranquehue requirieron ante la Justicia federal que se cumpla con lo establecido en la Constitución Nacional y en los diversos tratados internacionales en materia de pueblos originarios, otorgándoseles un título de propiedad comunitario y así lograr la seguridad jurídica que les permita vivir tranquilos en su territorio.
