SALTA (A). La jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, tramita el requerimiento a juicio impulsado por la Fiscalía penal actuante en el marco de una causa originada por la denuncia de la abogada apoderada de la Provincia de Salta ante el faltante de dinero en una cuenta judicial generada por un sucesorio vacante.
Es sabido que cuando se produce un deceso en el que no hay herederos, el dinero y los bienes sin dueño pasan a propiedad del Estado provincial, aunque un porcentaje es recibido por la persona que lo denuncia.
En este caso, la Fiscalía de Estado advirtió el faltante del dinero, que ascendía a un total de 298.838 dólares, cuando envía un oficio al Banco Macro para hacer un movimiento en la cuenta en la que estaba depositado el dinero. A raíz de ello, la entidad informa que, por orden judicial, se había transferido el total a una cuenta del Banco Masventas. El oficio que así lo había ordenado se había falsificado, y estaba suscripto con fecha 5 de julio de 2019. Tal oficio no existe en el expediente judicial de origen.
Los culpables
El dinero fue retirado el 29 de julio de 2019 por caja en el Banco Masventas desde una cuenta a nombre de Hugo Alberto Colantuono, que cumple funciones en a Policía de la Provincia, con la jerarquía de comisario.
La Unidad de Delitos Económicos y Complejos formuló acusación contra Ricardo Gabriel Fath, Andrés Esteban Fath, Jesús Ángel Mendoza y Hugo Alberto Colantuono, como coautores de los delitos de fraude a la administración pública y falsedad de instrumento público, luego que quedara firme la resolución de la jueza que rechazó la suspensión de juicio a prueba solicitada por la defensa de los acusados Fath.
La jueza ordenó la notificación a las partes del requerimiento fiscal, según el trámite ordenado por el Código Procesal Penal de la Provincia de Salta.
Según otras fuentes, fueron los hermanos Fath los que llevaron a conocer el caso al comisario Colantueno y allí digitaron la “operación”, se cree.
Fuente: Prensa Poder Judicial de Salta
