BUENOS AIRES (Especial-EL SOL ABC). No hay que ser muy perspicaz para no darse cuenta de la postura de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que rompiendo todas las reglas elementales de actuación del organismo de la Nación dio lugar primero al “per saltum” exigido y ordenado por Edward Prado, mediante sus voceros Clarín y La Nación y dirigentes del PRO, y segundo deja en su sitio hasta que medie resolución de su parte sobre el pedido del Consejo de la Magistratura, Cámara Federal de Casación Penal, Senado de la Nación y Presidencia de la Nación a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
Este claro posicionamiento de la Corte, pondera de modo relevante y da certidumbre a las miles de denuncias que venimos haciendo muchos medios de comunicación como EL SOL ABC y tantos comunicadores en distintos medios, que hacen defensa de los intereses de la mayoría del pueblo argentino como de los valores expresados por los “Padres de la Patria”, que nos legaron la república, en el sentido que la Justicia toda “es un ámbito perturbador de las libertades individuales de las personas y pone en riesgo a la democracia, porque es un poder no elegido por la gente sino impuesto de modo subjetivo por las corporaciones y los agentes al servicio de intereses de EE.UU. e Israel”.
Fuerte rechazo
Desde distintos sectores de la Justicia misma han salido a criticar este posicionamiento político de la Corte, que cedió a la presiones mediáticas y políticas de un pequeño sector de la sociedad que va en contramano de los intereses de la mayoría del pueblo argentino, que hoy en un 75 % quiere “un equitativo reparto de las riquezas, una Justicia que defienda los intereses nacionales y mayor inversión en los sectores de la producción, para que florezca una verdadera industria argentina”. Eso lo expresan los estudios de opinión de muchas consultoras que están por fuera de las “manejadas por la Embajada de EE.UU. y los diarios Clarín y La Nación, que abiertamente juegan en contra de los intereses de los argentinos”. Acá hay un verdadero analogismo con el tiempo que le tocó vivir a Juan Domingo Perón, cuando se dio la dualidad de poder: Perón o Braden. En estos tiempos sería: Alberto o Prado.
Así el prestigioso abogado de la magistratura porteña, José Manuel Ubeira, salió a decir muy claramente: “No puede la Corte ceder a las presiones muy claras que le efectuó un sector que juega abiertamente contra la Argentina. Y mucho más en tiempo de pandemia que está provocando una crisis fenomenal económica, agravada por un proceso que se vino gestando en la anterior administración macrista. El posicionamiento de la Corte ya es perturbador para la democracia, porque quiere imponer con argumentos kafkianos los intereses de una minoría por sobre los de la mayoría. Y lo más peligroso, es que se está violando la propia normativa de la Corte. Lo que devendrá sin dudas en un juicio político contra sus miembros, que en reiteradas ocasiones dije que debe ampliarse el número a 12. Este es un punto que ahora el Presidente debe ver y que no quería o no le gustaba. Los números en el Senado del oficialismo así lo indican”.
En el mismo sentido se expresó el constitucionalista José María Barcesat, quien expresó al diario cordobés “La Nueva Mañana” que “la resolución de la Corte está firmada por los cinco integrantes y advierto que, lo que se trata aquí, es darle una admisibilidad procesal a la vía del per saltum, invocando razones de gravedad institucional para darle punto final al tema con una futura sentencia. Se le pone al lado al Gobierno nacional un plazo exiguo de 48 horas, aunque son temas que la procuración del Tesoro, ya lo ha tratado en otras instancias previas del procedimiento. Para mí es una mala señal institucional”, opinó Barcesat en diálogo con Ernesto Lucero para Antena Pueblo Radio.
“Los jueces no tenían ningún requisito para los cargos que estaban ocupando y otorgarle la vía del per saltum, por más que sea un pronunciamiento formal, es una suerte de premio a aquellos que están en situación de rebeldía frente al Gobierno federal, desoyendo la Magna que es el sesgo constitucional y de su interprete auténtico que es la Cámara de Senadores de la Nación”, explicó.
“Como hombre de derecho y con el compromiso con el deber de obediencia con la supremacía de la Constitución Nacional, establecida en su artículo 36, una de las incorporaciones más señeras de la reforma del 94, puedo decir que este pronunciamiento de la Corte vuela por debajo de ese deber de obediencia y es contradictorio con el mismo”, aclaró.
Ante estos dichos, Barcesat precisó: “Condeno este pronunciamiento de la Corte Suprema y vuelvo a poner de relieve que dos de los firmantes de este acuerdo fueron convencionales constituyentes y saben lo que es el resguardo de la institucionalidad. No pueden sentirse ajeno a ellos y más cuando, al asumir el cargo, jura por sobre el texto de la Constitución Nacional el cumplir la misma y hacerla cumplir”.
A partir de hoy todos los ojos del país estarán sobre lo que decidan los magistrados Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, que por la postura adoptada han quedado al borde del juicio político.
