LA PAZ, Bolivia (Especial para EL SOL ABC-Por Negri Antelo). El único que se animaba a dar la cara y plantársele al régimen de “Dañine” Áñez era el periodista Jorge Arias, desde su programa en canal cruceño de la red Gigavisión, de la que es uno de sus propietarios, contando todas las barrabasadas y desaciertos que comete todos los días la seuda administración, apañada por el nuevo virrey Bruce Williamson, con representación en Palacio Quemado de Erick Foronda, otro de los nuevos millonarios de Bolivia, con nuevas y fuertes inversiones inmobiliarias en el Estado de La Florida, en EE.UU., donde seguramente huirá luego de su “gesta de destrucción y muerte”, lo mismo que Luis Fernando Camacho, Juan Carlos Mesa y otros zanguangos al servicio de la elite nacional.
Pero todo cambió, no se sabe si es por aprietes, o porque comenzó a aparecer la “maquinita de hacer dinero” y don Arias se pasó al equipo de Dañine disimuladamente. Si no basta ver la entrevista al “reconocido antimasista” Tata Quispe, ex director del Fondo Indígena, destituido por el régimen realizada el lunes 11 de mayo en Detrás de la Verdad.
El acostumbrado incisivo periodista hizo entrevista como si fuera una charla de amigos y no desnudó todas las irregularidades como intrigas que él mismo, refiriéndome al “Tata”, ayudó a realizar, sólo “porque se sentía marginado por el Gobierno de Morales, donde más pesó su envidia personal contra el líder original del campesinado. Él se ‘erigió’ en líder, sin haber roto sus ojotas en caminatas y luchas de resistencia, sino que es un habladorcito de cuarta categoría”, expresan los que conocen de cerca a Quispe.
Muchos comentarios circulan, sobre que “oficialmente el régimen le quitó el apoyo publicitario a la red Gigavisión, pero por otro ‘arregló’ por bajo la mesa con Arias”. Mucha desazón en los partidarios masistas, que de a poco van quedando sin sus “muros” de protestas y denuncias ni con los canales de comunicación con su gente.
Hoy el régimen, con el Goebbels Núñez, dice una cosa hoy y mañana otra, y está haciendo renacer “el peor de los enfrentamientos entre bolivianos, ocurridos en las décadas de los 50, 60 y 70, con persecuciones y muertes, que se ocultan como la masacre de Senkata o la de la ciudad de El Alto”.
Sobre llovido, mojado
Ya el régimen de Áñez le ha comenzado a causar resquemores y broncas a muchos medios de comunicación que lo apoyaron, como el diario La Razón y canales de televisión. El diario del establishment salió por ejemplo a denunciar que con el nuevo decreto el régimen está en contra de la libertad de prensa. Por ello tituló ayer, “El Gobierno persiste en las restricciones a la libertad de expresión” y con la firma de Rubén Atahuichi desató duras críticas contra Áñez y sus personeros, pero se olvida de mencionar siquiera al verdadero “virrey de Bolivia” Bruce Williamson, quien por medio de Erick Foronda sabe todo lo que pasa en el Quemado y es el que aplica toda una estrategia de amurallar a Áñez.
Ya desde mis fuentes, puedo asegurar que “la idea de Williamson es posponer las elecciones en Bolivia indefinidamente y por ello se está distribuyendo dinero para volver a poner con poder a los grupos violentos que voltearon al Gobierno de Evo Morales”.
Para que el lector sepa de qué hablo, Atahuichi expresó en su columna que “el Decreto 4231 del 7 de mayo fue redactado con el ánimo de proteger a la sociedad de las noticias falsas”, justificó el Ministerio de Comunicación la medida.
’’Con motivo de un asunto ajeno al caso, la presidenta Jeanine Áñez promulgó el 7 de mayo el Decreto Supremo 4231, cuya ‘disposición adicional única’ amplía las restricciones a la libertad de expresión ya establecidas en los decretos 4199, del 21 de marzo, y 4200, del 25 de marzo de 2020.
“Las personas que difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, o artística que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal’, establece la norma, que causó duras críticas.
Ante la ola de cuestionamientos, el Ministerio de Comunicación apeló al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) para justificar en un comunicado las restricciones a la libertad de expresión.
“El artículo 19 del PIDCP señala que ‘toda persona tiene derecho a la libertad de expresión’, pero que el ejercicio de tal derecho entraña ‘deberes y responsabilidades especiales’ y que puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán estar ‘expresamente fijadas por la ley’ y ser necesarias para ‘la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”, señala el comunicado del Gobierno. Así se expresó el diario La Razón.
Finalmente, el país corre el riesgo de una “guerra civil” si no se dan las elecciones en el menor tiempo posible, pero con las restricciones a la prensa “se quiere ocultar los desmanejos y profunda corrupción con los fondos atesorados por el Gobierno anterior en el Banco Central y el vía libre que se dictaminó a los cárteles de la droga, especialmente los que manejan Luis Fernando Camacho y la misma familia de Áñez”. A lo que hay “sumar las restricciones propias por la pandemia del Covid-19”.
