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Enlace del video de El Señor X, donde la diputada Mónica Juárez pone en autos posible atentado contra su persona. (Facebook).
SALTA (Especial-EL SOL ABC). Lo que uno menos imaginaba se está dando por estas horas dentro de Cambiemos en Salta, luego que se conocieran las explosivas declaraciones de la diputada provincial Mónica Juárez, de Rosario de Lerma, del espacio macrista y romerista, junto al ex intendente Nacho Jarsún, hoy también diputado provincial.
La situación la puso a consideración del público salteño la página El Señor X, mediante un video donde la diputada Juárez, dice que “voy a renunciar al partido si quieren, porque me lo dijo Nacho (Jarsún) que mis declaraciones sobre que Romero es un usurpador Vip no cayeron bien en un amplio sector del espacio político al cual representamos. Bueno, yo no me voy a callar en algo que es evidente y que la Justicia no dilucidó todavía, es que hay tierras que el ex gobernador Romero compró para el Estado salteño, en tiempos de su gestión, resulta que después terminaron siendo de él. Me refiero precisamente a las tierras de La Ciénaga. Bueno, por todo ello —no dice por quién ni quiénes, pero se infiere que uno de ellos es Jarsún— me siento intimidada, y aviso que si algo me pasa a mí o a mi hijo, que esta declaración sea tomada en cuenta”.
Como se sabe el ahora senador nacional Juan Carlos Romero es a la vez padre de la actual intendenta de Salta, Bettina Romero, y tiene sendas denuncias en la Justicia por apropiación de tierras en El Gallinato, a través de intermediarios o testaferros, que la agencia Télam denunció en mayo de 2014, el juez provincial en transición de Tercera Nominación, José María Alvarado Solá, dictó la citación a indagatoria al referido ex gobernador.
En la misma nota, reproducida por el diario cordobés La Voz, decía además: “El juez de Instrucción en Transición de Tercera Nominación de Salta, José María Alvarado Solá, citó al senador nacional y ex gobernador, Juan Carlos Romero, a prestar declaración indagatoria en la causa conocida como ‘La Ciénaga’, por la supuesta venta irregular de 90 hectáreas.
Así lo informaron hoy fuentes del Poder Judicial de Salta, que detallaron que Romero deberá prestar declaración indagatoria en los próximos días, sin previo desafuero.
La decisión fue adoptada como consecuencia del pedido de la agente fiscal 2, María Inés Loyola.
La Corte de Justicia había rechazado por extemporáneo un planteo de nulidad contra la notificación de la sentencia del alto tribunal que había desestimado a su vez el recurso de casación presentado por la defensa técnica de Romero, dejando en firme la posibilidad de que sea citado a prestar declaración indagatoria.
La causa está caratulada como “NN funcionarios del Poder Ejecutivo, Agustoni, José Luis; responsables de la sociedad Prados de Atocha SA; Pérez de la Fuente, Cecilia; Wayar, Laura Inés y Brizuela, Víctor Manuel, por el delito de peculado”.
Esta causa investiga una supuesta venta irregular de 90 hectáreas que fueron adquiridas a 1.100.000 pesos por la Provincia, en junio de 1998, como pago de terceros por la deuda que mantenía la firma Import SRL con el ex Banco Provincia de Salta (hoy Macro).
Hay fuerte polémica
En la ciudad de Salta hay fuerte polémica por el tema tierras fiscales, luego de la toma pacífica de un terreno ubicado en la extensión del barrio Parque La Vega por unas 300 familias, que resisten el desalojo ya que varias veces fueron reprimidas con el intento de desalojo, pero fue tanta la resistencia que las fuerzas del orden tuvieron que retroceder. En ello, culpan al Gobierno provincial que no encuentra solución definitiva, ya que muchos creen que esos terrenos ya estaban a la venta a una inmobiliaria cercana al Gobierno.
Asimismo, la denuncia de la diputada Juárez pone en el tapete algo que hasta ahora la Justicia no logra dilucidar, porque la Corte de Justicia de Salta responde a los intereses romeristas –la mayoría de sus miembros fueron puestos por el ahora senador Romero—, que son otras acusaciones por el negociado de la venta de tierras en la década de los 90 a personeros de la derecha del gobierno de José María Aznar en Apolinario Saravia (departamento Anta), en la propiedad conocida como finca La Moraleja, y el “alquiler a precio vil” de las tierras de Salta Forestal al empresario Alfredo Olmedo. Hasta ahora nunca Romero se sentó en el banquillo de los acusados para que dé explicaciones y pruebas contra todas estas acusaciones.
