La aceitera sostenía que se encaminaba al acuerdo de acreedores, pero la acción de los fiscales destapó un frente penal que creían tener bajo control. Nueva encerrona para el juez Lorenzini y toda la atención a cómo respondan los bancos.
ROSARIO (Especial de Rosario3-Por Mariano Galíndez). La detención de ayer lunes del presidente de Vicentin, Omar Scarel, provocó un profundo cimbronazo en el concurso de acreedores –que la agroexportadora parecía tener encarrilado a un mes de que se le venza el plazo judicial para negociar un acuerdo- y ahora la declarada batalla por el futuro de la compañía tiene final abierto.
Es que la razón de la detención de Scarel es un golpe al corazón de la propuesta de pago que Vicentin les hizo a sus acreedores: abonar su pasivo con lo que recaude por la venta del 33 % de las acciones que tiene en Renova (por unos $us 300 millones) a Viterra (ex Glencore).
Pero ocurre que en diciembre pasado el Tribunal del Colegio de Jueces de Segunda Instancia confirmó una cautelar tomada en primera instancia que prohíbe cambios en la propiedad de las acciones de las empresas donde la concursada Vicentin Saic tenga participación.
Y la Fiscalía de Delitos Económicos detuvo a Scarel, como presidente del directorio de Vicentin, por entender que la propuesta de pago a los acreedores está violando esa resolución judicial, y por eso lo imputará por desobediencia.
Por el contrario, para la agroexportadora “de ninguna manera se incumplieron estas restricciones y todos los acuerdos concursales alcanzados hasta el momento se encuentran en instancias precontractuales ad referéndum de las respectivas homologaciones judiciales y de los levantamientos de las medidas cautelares interpuestas”.
La letra chica
Los argumentos de uno y otro lado se suceden. Por ejemplo, el debate sobre cuán bien claro estaba puestos en los contratos de conformidad presentado a los acreedores que era un entendimiento ad referéndum.
¿Decir que el acuerdo depende de las “homologaciones judiciales y de levantamientos de las medidas cautelares interpuestas” sin expresar que eran “cautelares penales” la que pesaban sobre los activos a vender es una forma de avisarle realmente a los acreedores que firmaban el acuerdo cuál era el de situación? ¿O, en rigor, lo que hizo fue un ocultamiento implícito de la situación, y por ende una violación a la cautelar?
¿Fijar una fecha cierta de pago, a pocos días de lograda la homologación, pero sin aclarar que para cumplirla debe primero lograr dar vuelta un fallo de Cámara en un fuero penal del que ninguna injerencia tiene el juez comercial que homologa el entendimiento concursal es mostrarle las cartas tal como son a los acreedores?
Claramente, en la avanzada de los fiscales subyace la idea de que se está cometiendo una estafa a los acreedores. Aparece ahí la interpretación de que la supuesta actitud de firmar contratos como si no existiese el cautelar penal, que hace inejecutable el acuerdo de pago, representaría un engaño a los acreedores, una manipulación.
Y en ese contexto, apostó a que resolviendo el concurso se destrabarían los escollos penales. De hecho, sostienen que, si se aprueba la propuesta con las mayorías requeridas por la ley concursal, Lorenzini les pediría a los diferentes órganos de la administración y del Poder Judicial que adopten las medidas necesarias para que el acuerdo homologado sea ejecutable.
Y no sólo en lo formal sino también en lo práctico. Por ejemplo, si los bancos extranjeros se adherían a la propuesta de pago se entendían que se bajaban del frente penal le quitarían peso a esa avanzada quedando peleando en soledad el grupo Grassi, principal opositor a la oferta concursal.
No en vano los opositores a Vicentin le pusieron el mote de “Puerta 12” a la estrategia de lograr un acuerdo con los acreedores más chicos (a la mayoría le saldaría la deuda con un pago de 30 mil dólares sin quita y en un único pago a los pocos días de homologado el concurso) que dispararía una avalancha de adhesiones y conformidades que se llevaría puesto al intento de resistir a los acreedores más grandes (que dicen que la oferta les significa una quita del 90 %), del Banco Nación (que también se opone Vicentin) y los fiscales.
Independientemente de eso, es cierto que en su estrategia comunicacional siempre se minimizó la existencia de la cautelar. Por ejemplo, ante la consulta de Rosario3 la semana pasada se dijo que su alcance estaba restringida a venta que la sociedad familiar (Vicentin Family Group) quisiera hacer de acciones que tiene en terceras empresas (como el frigorífico Friar al grupo financiero BAF, que es caso que disparó la cautelar) pero que no se vinculan con los activos de la concursada Vicentin Saic. Todo lo contrario, a lo que opinan los fiscales que sostienen que la prohibición alcanza a los activos de Vicentin Saic.
Esa estrategia de “cuasi-invisibilización” de la situación también se observa en los escritos presentados a la prensa sobre la marcha de las negociaciones con los acreedores en la que nunca se explicitó la existencia de cautelar penal que puede dar por tierra el acuerdo.
¿Y el Banco Nación?
Y esa minimización (al menos pública) de la avanzada penal, también la observaron en carne propia los fiscales. Por ejemplo, el fiscal que lleva la investigación, Miguel Moreno, ya le había avisado al juez del concurso en febrero que no veía con buenos ojos que la propuesta de pago de Vicentin se base en la venta de activos cuando regía una cautelar prohibiendo ese tipo de operaciones. El mes pasado el fiscal Sebastián Narvaja también había alertado sobre el tema, pero no obtuvo respuesta forma de su escrito por parte de la empresa.
Como en el caso de la cautelar, Vicentin siempre le restó importancia a la oposición del Banco Nación a la oferta de pago. Al considerarse el 90 % de su deuda privilegiada (algo menos de 300 millones de dólares), la empresa descuenta que la entidad deberá cobrarse del producido de los embargos que tiene sobre activos fabriles de Vicentin en el norte provincial, propiedades sobre la que además pesa una garantía hipotecaria a su favor. Y como es raro que el Nación ejecute una hipoteca, sobre todo de una planta en funcionamiento y con empleados cobrando, ante cada declaración del presidente de la entidad crediticia, Eduardo Hecker, quejándose, la respuesta es que el funcionario está haciendo política.
Por el contrario, para los acreedores que rechazan por abusiva la oferta de pago de Vicentin sostienen que la estrategia de la agroexportadora en lo que respecta al Banco Nación es alargar al máximo los tiempos procesales a la espera de que con un cambio de Gobierno nacional llegue una administración más afín al grupo que, con nuevas autoridades en la entidad crediticia, desactive políticamente la oposición al proceso.
El papel del juez
Pero también le pone presión a la resolución del concurso. Y es que el juez Fabián Lorenzini, quien lleva la convocatoria de la aceitera, ahora tiene una situación aún más compleja.
Hasta ahora el juez Fabián Lorenzini tenía que ver cómo resolvía jurídicamente el acuerdo concursal. Pero ahora tiene un desafío adicional.
En principio, si Vicentin logra las conformidades necesarias (ya tiene las cápitas, pero le falta el capital), ¿puede el magistrado homologar una propuesta concursal que jurídicamente es “inejecutable” por la cautelar? Y dar vuelta una decisión de Cámara pude llevar años, cuando el 30 de junio le vence a Vicentin el período de exclusividad en la negociación, y si para esa fecha no suma las voluntades pierde el control, ya que se abre la fase para el cram down, la última instancia antes de la quiebra. Y no existe “una homologación en suspenso” de un concurso. En definitiva, la disposición judicial penal “afectó la capacidad del juez comercial”.
Y si ya de por sí se presentaba difícil para el juez homologar con la cautelar, la fuerte jugada de Ministerio Público de la Acusación (MPA) le suma otra encerrona a debatir: ¿no está viciada la voluntad de los acreedores en la obtención de las conformidades? ¿Se pueden aceptar conformidades producto de un contrato que, como dicen los fiscales, no les mostraron a los acreedores la situación real provocada por la cautelar vigente?
¿Y los bancos?
Los bancos extranjeros, a los que Vicentin les debe 500 millones de dólares y –como grupo- es el principal acreedor, tiene en sus manos buena la llave para inclinar hacia un lado u otro el conflicto. Si se adhieren a la propuesta de pago, Vicentin logra un aliado, pero si se bajan el acuerdo no se puede aprobar y se abre así la instancia del cram dow o la quiebra.
Los bancos, según Vicentin, estaban prestos a dar su conformidad a la propuesta, lo que le permitía a la deudora conseguir el capital necesario para que se apruebe su oferta. Pero la pregunta es: ¿ante esta situación, y con el presidente de Vicentin durmiendo tras las rejas, se sumarán? Es que si prospera en la Justicia la visión de los fiscales quedarían involucrados en la comisión de un delito. Este lunes, por lo pronto, se excusaron de responder la consulta ante la consulta de Rosario3.
Está claro que, si los bancos se retiran de la mesa, es “game over” para Vicentin. ¿Y, a todo esto, cómo se paran los compradores de Vicentin, o “inversores estratégicos” tal como se bautizó al grupo que formaron Viterra, ACA y Bunge para repartirse en el futuro los negocios y activos de la firma? Por el lado de Viterra, en Vincentin descuentan que estos avatares judiciales no lo amedrentarán. Y hasta esperan algún pronunciamiento público en breve.
En tanto, ACA, principal acreedor comercial de Vicentin también parece muy comprometido con el proceso y es que hacerse con las plantas de la empresa es la mejor forma de cobrar que tiene la asociación de cooperativas. Bunge, fue el último en entrar y no pierde nada si decide retirarse. Y es por eso que en el mercado de granos están atentos a cuál será su postura. Y si bien no sería mortal su retirada, que la trader estadounidense decida ir a cuarteles de invierno con este tema significaría un duro golpe a Vicentin.
¿Casualidad?
Es más, para Vicentin no fue casual que el primer día en el que el jefe de los fiscales económicos, Miguel Moreno, se reincorpora luego de una licencia lo primero que hizo fue detener a Scarel en Avellaneda. Es que en la aceitera sostienen que la avanzada de los fiscales fue a pedir de los acreedores cerealistas díscolos con el objetivo de voltear el acuerdo.
“Llama poderosamente la atención que este hecho ocurra, cuando se han alcanzado las mayorías de cápitas necesarias para aprobar la propuesta concursal y cuando el concurso se encuentra próximo a resolverse con la aprobación de las entidades financieras, para alcanzar la mayoría necesaria en cuanto al capital requerido. No existe ningún argumento razonable que justifique una medida de esta gravedad”, se quejó Vicentin por medio de un comunicado.
