SALTA (Especial-EL SOL ABC). Luego de desbaratada la banda y los altos jefes involucrados en el manejo de la “financiera ilegal” dentro del interior de la Policía de la Provincia, la Justicia puso en evidencia el modus operandi de los involucrados mediante conferencia de prensa de la UDEC (Unidad de Delitos Económicos), con la fiscal penal Dra. Ana Inés Salinas Odorisio al frente de la convocatoria a los medios provinciales.
Asimismo, desde el Ministerio Público Fiscal de Salta se hizo saber que “levantada la reserva de actuaciones sobre la investigación, la fiscal Penal de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, brindó detalles de la organización, roles y vías legales para los damnificados. Además, informó que dio intervención a la Justicia Federal por la posible comisión del delito de evasión fiscal y/o lavado de activos.
’’La financiera ilegal conocida con el nombre ‘Ríos & Asociados’ comenzó a operar en junio de 2021 en Metán y luego abrió una sede en la capital de Salta. Desde el inicio movió, aproximadamente, un capital de 2.219.000.0000 de pesos y 3.265.280 dólares”, informó esta mañana la titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio
Conferencia de prensa
En conferencia de prensa, la fiscal penal brindó detalles sobre la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal sobre esta asociación delictiva destinada a cometer estafas en la que ya no rige la reserva de actuaciones.
Detalló que en los 26 allanamientos realizados fueron secuestrados $ 23.213.960; $us 60.388; 12 automóviles; 7 camionetas y 2 motocicletas, muchos de alta gama; cédulas verdes; cédulas parcelarias; celulares y bienes muebles recientemente adquiridos.
Además, como resultado de los procedimientos, se secuestraron 4.529 contratos (o carpetas, como eran denominadas) y 1.739 personas habrían concurrido a la financiera como inversores. La Fiscal Penal recalcó que el número de carpetas y/o de inversores podría variar, ya que el número informado responde a lo recuperado en los distintos allanamientos.
En cuanto a las personas implicadas, Salinas Odorisio comunicó que son 21. Quince se encuentran detenidos, siendo 9 de ellos miembros de la Policía de la Provincia (dos comisarios, dos oficiales principales, un cabo, cuatro suboficiales). Dos personas, un hombre y una mujer, permanecen prófugos.
Entre los 15 privados de su libertad, la Fiscalía analiza otorgar cuatro pedidos de medidas sustitutivas de detención.
Determinación de roles
Por otra parte, la UDEC trabaja, en base a la documentación secuestrada, en la definición de los roles y en la determinación de los damnificados o víctimas.
Hasta el momento se pudo establecer que la organizadora de la actividad es la mujer detenida días atrás, quien contaba con antecedentes por estafas. La líder era secundada por algunos de los civiles detenidos y, en un tercer escalón de la pirámide, actuaban algunos de los policías como captadores.
La fiscal fue determinante al explicar que el éxito de un Esquema Ponzi radica en la captación de nuevos inversores. En este caso, a través de distintas pruebas reunidas, es posible demostrar los plazos, montos y retornos prometidos por los miembros de la Fuerza Policial, así como la implicación de la comisaria de la División Cobranzas Adicionales.
En cuanto a los cuatro policías imputados, pero no detenidos, tres cumplían el rol de seguridad de la financiera y un cuarto es quien habría advertido a la cabecilla sobre los allanamientos que se realizarían, permitiendo así que se diera a la fuga con una importante suma de dinero.
Salinas Odorisio advirtió que, dados los importantes retornos que prometía la financiera –que alcanzaban al 100 % de la inversión– y ante la sospecha de que existiría una inyección de dinero que podría provenir del narcotráfico o del lavado dinero, dio intervención a la Justicia Federal por la posible comisión del delito de evasión fiscal y/o lavado de activos.
Damnificados
En un punto aparte, Salinas Odorisio se dirigió a los aportantes, damnificados y/o víctimas para orientarlos en cómo actuar en la causa si consideran que fue vulnerado su interés.
Expresó que la Fiscalía cuenta con una causa penal sólida, por lo que no es necesario radicar denuncia para probar el delito de estafa; pero quien se sienta damnificado o víctima de Ríos & Asociados puede radicar una denuncia e ingresar al proceso penal en carácter de víctima.
Si además de víctima, quiere tener un control más exhaustivo de la investigación, puede constituirse en querellante y, de esa manera, actuar con la UDEC en el sostenimiento de la acusación. Por otra parte, alguno considera que la financiera le debe dinero, puede constituirse en actor civil dentro del Proceso Penal o iniciar las acciones civiles por el fuero correspondiente.
La titular de la UDEC fue categórica al señalar que “no es obligación de la Fiscalía la restitución de todo lo debido, sino que el objetivo es volver las cosas al estado anterior al hecho delictivo” y precisó que “si una persona entregó 100 mil pesos de buena fe debe recibir 100 mil pesos; no el millón al que se había comprometido la financiera ilegal”.
En la conferencia de prensa, la titular de UDEC, estuvo acompañada por la directora del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), Gabriela Buabse.
Otros datos sobresalientes
Esta banda, una especie de Generación Zoe de Leandro Cositorto que fue extraditado recientemente desde República Dominicana, fue comenzada por Cinthia Moya, metanense de origen, justo fue detenida cuando tenía todo preparado para huir a Paraguay, donde tendría parientes.
El diario El Tribuno es que el describe con mayor exactitud los movimientos de Moya y los comisarios, hoy detenidos y la participación necesaria e imprescindible de la jefa de la División de Cobranzas Adicionales, oficial comisario María Eugenia Espinosa, que movía grandes cantidades de dinero de fondos que el Gobierno de la Provincia enviaba para pago de adicionales y horas extras de los policías. En su nota el decano salteño dice: “Son los casos de los comisarios María Eugenia Espinosa y Fabricio Nieva y el oficial principal Alberto Sebastián Giménez quienes, entre los tres, suman ganancias que se estiman en más de 100 millones de pesos y 216.000 dólares que, traducidos al cambio, serían unos 43.200.000 pesos más.
Otros efectivos imputados también están sindicados en distintos puestos, desde organizadores, promotores, seguridad e informantes de los cabecillas de la organización que permitieron su fuga horas antes de los allanamientos.
En el caso de Giménez, los investigadores tienen probado que realizó 12 contratos de inversión por sumas que alcanzan los 16.990.000 pesos con una ganancia de 32.020.000 pesos. Además, Giménez debía recibir una suma de 1.960.000 pesos el 2 de abril, pero la banda delictiva fue desarticulada una semana antes por la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos a cargo de Ana Inés Salinas Odorisio.
Giménez realizó además una inversión inicial de 3.000 dólares que fue reinvirtiendo en períodos cortos (entre el 25 de enero y el 23 de marzo) hasta obtener una ganancia de 118.600 dólares.
Las pesquisas sobre la situación financiera previa (a las inversiones) del oficial observan un endeudamiento por $916.000 en septiembre que descendió rápidamente, aparentemente a partir de cancelaciones anticipadas de cuotas.
El comisario Fabricio Nieva, por su parte, es investigado por siete inversiones con plazos menores a lo estipulado por la propia financiera con capitales de inversión por 2.600.000 pesos, sin poder consignar sus ganancias, las que podrían duplicar la inversión inicial de acuerdo a las condiciones con las que participaban los altos mandos de la fuerza en estas maniobras.
En moneda extranjera, en cambio, está probado que invirtió 28.000 dólares con una ganancia del 100 %, es decir, que obtuvo 56.000 dólares.
Las investigaciones sobre su situación financiera previa arrojan que tuvo un endeudamiento a través del banco Macro por 1.391.000 pesos en enero, lo que habría permitido su inversión inicial. En su caso, los plazos de recupero de la inversión iban, según los contratos que celebró con la financiera trucha, de los 9 a 17 días.
El caso de la comisario María Eugenia Espinosa, de la División Cobranzas Adicionales, en tanto, es uno de los más delicados por los montos invertidos y porque manejaba fondos públicos que debían usarse para el pago de los servicios adicionales que la Policía realiza en eventos públicos y, se sospecha, que los invirtió en la financiera ilegal para su propio beneficio. Hasta ahora está probado que Espinosa realizó 11 inversiones en dos meses tanto en pesos como en dólares”.
Todo este delito comenzó con la instalación de una financiera “Ríos & Asociados” en la ciudad de Metán.
Fuente: Prensa MFPS- El Tribuno
