SAN SALVADOR DE JUJUY (Especial para EL SOL ABC-Por Francisco Deoli). Gerardo Morales que ya no gobierna directamente, sino vía telefónica, está desatando la peor ola represiva, contra el pueblo jujeño, que “le dijo basta a todas las mentiras y puestas en escena para tapar la gran corrupción que se da en la administración local”, porque “el dinero del cannabis, de los parques solares y del litio no aparece, ya que no se quiere dar el aumento que han solicitado los distintos frentes intergremiales, especialmente los docentes”.
Ayer se sabía que el Dr. Nallar tenía una disertación aclaratoria sobre las nulidades incurridas por el gobierno de Jujuy en su aprobación en tiempo récord en la ciudad de Libertador Gral. San Martín, a las 17, en la sede de SOEAIL. Pero luego sobre esa hora se comenzó a informar de parte de familiares del jurisconsulto, profesional defensor de los detenidos en la represión ordenada por Morales el día 20 de junio pasado, en ocasión de la aprobación de la reforma de la Constitución, que el mismo fue detenido en las afueras de su domicilio y que “su paradero era desconocido”.
Luego con el correr de las horas de supo, que el Dr. Alberto Nallar “había sido trasladado al Penal de Alto Comedero junto a otros abogados detenidos y directamente denunciados ‘por sedición’, cuando por su labor profesional están amparados para buscar todos los caminos para salvar a sus clientes o ampararlos físicamente”.
Desde la Comisión de Derechos Humanos de Jujuy se hizo saber que los otros abogados detenidos son: Dr. Ariel Ruarte, Dr. René Vicente Casas. Dr. Roberto Carlos Alemán y la Dra. Alicia Chalabe.
Comunicado de la Universidad Nacional de Jujuy
Además, la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) se solidarizó con los profesores detenidos en las instalaciones del centro de estudios, violando todos los derechos y normas constitucionales que protegen los edificios nacionales universitarios, donde “por ningún motivo o situación pueden ser invadidos por tropas de fuerzas de seguridad provinciales y cualquier procedimiento judicial debe ser cumplido por fuerzas de seguridad nacionales”.
Por ello la misma UNJu salió, mediante sus autoridades, a hacer conocer un comunicado: “Ante los hechos que son de público conocimiento ocurridos en nuestra provincia el día de la fecha, por cuanto decenas de jujeños y jujeñas han y siendo arrestados en sus domicilios y detenidos en distintos destacamentos policiales, y visto que el Artículo Nº 31 de la Ley de Educación Superior expresa que ‘la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales’…
A lo que agrega, en resumen, “por lo tanto la UNJu resuelve poner a disposición del pueblo de Jujuy, el Rectorado y su Residencia Universitaria, todas las unidades académicas y anexos, como también los espacios físicos… para ofrecer asilo universitario solidario en cualquiera de ellos, en pos de salvaguardar la integridad física y el paradero de quien o quienes hayan sido indicados por el Estado jujeño a ser privados ilegítimamente de su libertad por la fuerza pública”.
Los detenidos
Entre los detenidos en sede la UNJu se halla el profesor universitario José Iván Blacutt junto a Santiago Zamora, Walter Armando Puca, Martín Antonio Abad, Mayuk Nayib Mamani, Dan Leonel Liborio, Héctor Luis Gerónimo, Gabino Cruz y José Darío Donaire.
A los que se agregan los pedidos de prisión, por parte de los fiscales Funes y Rondón –alfiles del régimen jujeño–, Miguel Ángel Ramos, Gabriel Taboada, Luis Santiago Salazar, José Luis Leopoldo Vilca, Nelson Javier Mamaní, Walter Damián Brizuela, Arnold Alfredo Flores, Lautaro Joaquín Rivero, Leandro Alejandro Rosales, Gonzalo José Marino Díaz y Fabián Alberto Cruz.
