EMBARCACIÓN: siguen las repercusiones sobre detención de Moya, presidente de Central Norte, por cobros indebidos por planes sociales y exacciones

Momentos en que fue llevado detenido e incomunicado por la efectivos de la PSA, el presidente del Club Central Norte de Embarcación, el viernes pasado. (Foto: R. Panamericana).

EMBARCACIÓN, Salta (Especial-EL SOL ABC). Luego que el programa El Expediente, de C5N, diera a conocer las detenciones de singulares personajes de la vida deportiva y social de esta ciudad del norte de la provincia de Salta, a casi 300 km de la ciudad de Salta capital, por el cobro ilegal de planes sociales, retención y desvío de mercadería para personas carentes de recursos y otras exacciones, el juez federal que entiende en la causa “cree que existen otros personajes involucrados, por lo que se dará a conocer otras detenciones en las próximos días”.

De acuerdo al extenso informe que hiciera la FM Panamericana 95.5 local, donde dijo que “la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desbarató una banda que cobraba por tramitar planes sociales y obligaba a los beneficiarios a trabajar para ellos. Además, les exigían el pago de mil pesos mensuales para seguir gozando de las asignaciones. Por el hecho hay tres detenidos, entre ellos un reconocido puntero político, ex candidato a concejal”.

 

La información

Tres personas fueron detenidas a raíz de una serie de allanamientos realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la provincia de Salta, en el marco de una causa que investigaba el accionar de una banda delictiva que estafaba a beneficiarios de planes sociales.

Entre los apresados se encuentran Jorge René Moya, imputado como líder de la organización delictiva y presidente del Club Atlético Central Norte de Embarcación, el secretario del club y Moira Francisca Pabloff, novia de Moya y gestora de la institución.

Moya es un reconocido “puntero” salteño. El dirigente político fue candidato a intendente de Embarcación, en 2015, y anteriormente se postuló para ser diputado nacional.

Durante los allanamientos, dos en domicilios particulares y otro en el club (que funcionaba como fachada para desarrollar la operatoria ilícita), se incautaron una PC, celulares y documentación de interés para el caso.

El segundo detenido y tesorero del club mencionado, es llevado hasta el vehículo celular de la PSA. (Foto: R. Panamericana).
Agentes femeninas del PSA revisan e incautan importante material administrativo que comprometería a los detenidos. (Foto: R. Panamericana).

La investigación comenzó hace un mes a partir de una denuncia de la ANSeS, en la que se acusaba a Jorge Moya de recaudar dinero de mala fe, aprovechando la situación de vulnerabilidad de personas de bajos recursos, a quienes les cobraba entre $ 500 y $ 1.500 a cambio de ingresarlos en la base de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social para que mediante el trámite, puedan cobrar el denominado Ingreso Familiar de Emergencia que otorga el gobierno nacional ante la crisis por la pandemia de coronavirus que atraviesa el país. Asimismo, exigía el pago mensual de $ 1.000 para seguir percibiendo la ayuda económica.

Mediante tareas policiales y con la colaboración de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) y la Unidad Fiscal Federal de Salta, los oficiales identificaron al presidente del Club Atlético Central Norte como presunto cabecilla de esta organización, en la cual también participarían el actual secretario de la entidad y una mujer.

Otra modalidad que aplicaba Moya era la de prometer la gestión para el cobro del Salario Social Complementario a cambio de cuatro horas de trabajo en su domicilio particular y en el club. Los obligaba a realizar tareas de albañilería y servicios domésticos. Cabe destacar que aquellos que no las cumplían con lo exigido eran sometidos a maltrato, hostigamiento y obligados a pagar una “multa” por un monto que oscilaba entre los $ 1.000 a $ 1.500.

Los tres imputados fueron procesados por el juez Carlos Martínez Frugoni, del Juzgado Federal de Garantías de Orán, quien dispuso la prisión domiciliaria mientras analiza la documentación secuestrada y llama a declarar a otros testigos.

La causa sigue en trámite y podría involucrar hasta funcionarios municipales. Desde el Juzgado Federal se dijo que habrá más novedades próximamente.

Fuentes: Radio Panamericana-C5N-Juzgado Federal de Orán