La ley de emergencia alimentaria cumplió un mes de promulgada pero las organizaciones sociales denunciaron que no se está implementando, mientras siguen aumentando los precios de los alimentos. El Polo Obrero, Barrios de Pie-Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha y otras agrupaciones de izquierda movilizan en el Obelisco y frente al Ministerio de Desarrollo social para reclamar mayores envíos de mercadería. “Lo que están mandando hoy es insuficiente e ineficiente. El gobierno tiene la responsabilidad de aplicar la ley, porque la inflación de la canasta básica golpea más a quienes no pueden llevar un plato de comida digna a sus mesas”, señaló Silvia Saravia (BdP).
La ley entró en vigencia el 30 de septiembre. Estableció un aumento de como mínimo el 50 por ciento del presupuesto destinado a políticas de alimentación. Para concretarlo, el Poder Ejecutivo quedó habilitado a reasignar partidas de otras áreas que a esta altura del año no hubieran sido utilizadas.
Los especialistas en políticas públicas aseguran que la ley era muy fácil de implementar, porque los mecanismos para distribuir los alimentos que el Estado envía a los comedores -tanto populares como escolares- ya existen y están funcionando. El sistema es amplio, con miles de capilares.
La asistencia alimentaria es mandada a los comedores con camiones que llevan alimentos secos, como fideos, yerba, azúcar, harina, aceite y leche en polvo. Otra vía es la recarga de tarjetas alimentarias con las que las personas y los responsables de comedores compran insumos en cualquier supermercado. Se trata de transferencias bancarias que se resuelven con un click. Implementar aumentos una vez que está aprobado el presupuesto es un tema de decisión política. Esto es lo que las organizaciones denuncian que falta.
Si bien los movimientos que decidieron salir a la calle son los vinculados a la izquierda, también en la CTEP y la Corriente Clasista y Combativa (las más numerosas y con mejores canales de negociación con Desarrollo Social) contaron que el gobierno se demora en poner en marcha la emergencia alimentaria.
”No han cumplido en nada. No mandan más alimentos y siguen dejándonos premios con drama como estos anuncios que han hecho en la provincia de Buenos Aires, de otro aumento en la tarifa eléctrica”, señaló Juan Carlos Alderete (CCC).
¿Qué excusa ponen los funcionarios cuando les hacen el reclamo? “Ayer fuimos a Desarrollo Social de la provincia. Nos dijeron ‘comienza la transición’ y tienen que ‘dejar ordenado’ todo lo que han gastado en lo social. Nosotros habíamos llevado un listado con las ciudades y barrios con mayores problemas, donde encontramos más casos de chicos con malnutrición o directamente desnutrición… todos los convenios nuestros para que vayan urgente a esos lugares quedaron en el aire. Es que quieren dejan al país minado con dinamita, con bomba y mecha corta, porque la gente no tiene tiempo, no llega, está desesperada”.
Gildo Onorato, de la CTEP, coincidió en la descripción: “Vemos un incumplimiento. No está claro cómo se va a transferir el dinero, si se va a ejecutar o no antes de que se vayan del gobierno. Esto es una profunda irresponsabilidad porque la situación es más que grave”.
Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, agregó que con las movilizaciones están pidiendo también un aumento en el monto de los planes sociales (hoy de 8 mil pesos), la inscripción de más personas y el pago de un bono de fin de año que ayude a compensar los aumentos de los precios.
Antes de las elecciones el gobierno dió un plus para la Asignación Universal por Hijo y un bono para quienes perciben un salario social, pero se trató pagos por única vez. Los comedores están teniendo, por otra parte, mayor demanda por la llegada masiva de jubilados que con la mínima no pueden cubrir sus gastos de sobrevivencia.
