CIUDAD DE CÓRDOBA (Especial-EL SOL ABC). El que se creyó impune y acostumbraba a ser troll de Marcos Peña, y que desde esta ciudad, había montado todo un bunker para atacar al actual Gobierno nacional y en especial a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que en días pasados había “levantado amenaza en Twitter contra ella”, fue detenido ayer al mediodía en esta capital mediterránea.
Desde diversos ámbitos cordobeses se informó que la medida del fiscal Maximiliano Hairabedian que imputó al supuesto “periodista” Eduardo Prestofelippo, fue cumplida por efectivos de la Policía de Córdoba y que se realiza en el ámbito de las denuncias efectuadas por la diputada nacional por Córdoba, Gabriela Estévez y del Dr. Gregorio Dalbón.
De acuerdo a datos brindados por Agencia El Vigía, la medida judicial se llevó a cabo en el barrio Nueva Córdoba, donde “Presto” —tal el nick con que se identifica en las redes— tiene domicilio formal.
También Página 12 hizo su aporte, cuando publicó al respecto: “El periodista Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido como ‘Presto’ en las redes sociales, fue detenido este mediodía por orden de la Justicia Federal de Córdoba, tras ser denunciado por amenazar a la vicepresidenta Cristina Kirchner a través de su cuenta de Twitter.
“Vos no vas a salir viva de este estallido social. Vas a ser la primera —junto con tus crías políticas— en pagar todo el daño que causaron. Te queda poco tiempo”, fue el tuit que compartió el denunciado el día que el Senado de la Nación debatía la reforma judicial.
Sin embargo “Presto” luego de ver la gravedad del asunto, trató de recular en chancletas diciendo: “No es tan grave, es sólo una letra de una canción que compuse y que compartí; nada más que eso”.
Mientras tanto Página 12 abunda sobre la opinión de la diputada Estévez, que expresó además: “Pido que se investigue lo ocurrido bajo la figura penal de ‘amenazas, instigación pública a cometer delitos o suscitar tumultos o desórdenes, apología del delito y violencia contra la mujer’ ”.
Además, señaló que “la libertad de expresión no habilita a amenazar de muerte ni alterar el orden constitucional de recambios políticos. Todo tiene un límite. Esta amenaza debe ser sancionada”.
