BUENOS AIRES (Especial-EL SOL ABC). Hay una manifiesta torpeza y debilidad del Gobierno en pararse ante la arremetida de cuatro delincuentes que manejan o atizan la manifestación del dólar blue, cuando cada argentino para pagar sus alimentos, salarios, viajar, servicios, ropa, calzado y otros gastos para su vida diaria utiliza el peso como moneda de curso legal.
Esta irracionalidad, como nacida de las novelas de Kipling, sólo ocurre en nuestro país, cuando se necesita mano dura contra los especuladores que quieren destrozar los sueños y voluntades de millones de personas que todos los días no saben cómo hacer para parar la olla.
Ya además de otorgarles el privilegio de permitirles operar sus liquidaciones de cereales mediante el “dólar soja”, o “dólar agro” –que son millones con los que son premiados aquellos que no sólo evaden al fisco, sino que intentan por todos los medios fugar divisas al exterior–, tenemos la estupidez de “mirar cómo destruyen la economía del país, sin hacer nada”. A la vista de todos.
Hay que utilizar la lapicera en defensa del país
Ya los secretarios del ministro de Economía, Sergio Massa, debieran estar elaborando proyectos para frenar la embestida de los especuladores que son abiertamente adherentes de Juntos por el Cambio y que responden a las premisas básicas del plan instaurado por Marc Stanley para hacer caer al Gobierno nacional. Si creen que “el nuevo incendio de Iron Mountain es obra de una brasa que quedó encendida del incendio provocado de 2014 están totalmente equivocados”, ya que se requiere actuar sin dilaciones ante “estos enemigos de la Argentina” que están provocando enormes agujeros en la economía nacional.
Hay que ir con todo, contra todos los operadores del dólar blue: bancos, financieras (cuevas), operadores de bolsa, brookers, estudios contables, y consultoras como las que manejan José Luis Espert, Domingo Cavallo, López Murphy, Roberto Cachanovsky, Miguel Ángel Broda, Alfonso Prat-Gay, Roque Fernández, Nicolás Dujovne, Sebastián Lacunza, etc., a los que están ligados medios de comunicación afines a estos “enemigos de los argentinos”. Por decreto se debe “prohibir la difusión de datos del dólar blue ni publicitar por medios de comunicación, a no ser que en su comercialización se especifique quién compra, quién vende y en qué circuito financiero se hace”. Tomando esa sola medida, dejará el dólar blue de entorpecer los signos de recuperación de la economía nacional.
La denuncia de Página 12
Mediante Mara Pedrazzoli, Página 12 denunció que la naviera italiana, con sede en Suiza, Mediterranean Shipping fue hallada in fraganti realizando sobregiros de dólares al exterior, cuando el volumen de carga operado entre 2020 y 2022 permanece inalterable. “La sospecha oficial es que la compañía accedió a dólares al tipo de cambio oficial por ‘Servicios de Fletes y otros’ para girarlos directamente a la casa matriz aprovechando el diferencial por la brecha cambiaria. Al tratarse de operaciones entre firmas vinculadas se presume de un encubrimiento para girar divisas a un tipo de cambio que no rige para transacciones financieras”, afirma Pedrazzoli.
Medidas del Central
Según estimaciones del Banco Central, en suma, las nuevas autorizaciones requeridas para importar servicios significarán la postergación en el pago de divisas por 2.000 millones de dólares hasta fin de año. Aquellos que deberán abonarse a partir de los 60 días corridos desde la aprobación del Sistema de Importaciones de Servicios de la República Argentina (Sirase) son: jurídicos, contables y gerenciales; de publicidad, investigación de mercado y encuestas de opinión pública; servicios arquitectónicos, de ingeniería y otros servicios técnicos; y otros servicios empresariales. En tanto, los pagos para contrapartes vinculadas por servicios de fletes u otros se contratarán a partir de los 90 días desde la fecha efectiva de prestación del servicio. Demoras que encarecen las operatorias, desalentando maniobras fraudulentas.
En Argentina las importaciones por servicios profesionales tales como los dispuestos por el Banco Central alcanzaron una suma de 2.800 millones de dólares en 2020 y llegaron a casi 3.500 millones en 2021, manteniéndose en 3.200 millones el año pasado. En tanto por “servicios de fletes y otros” se pagaron 1.900 millones de dólares en 2020, unos 3.600 millones en 2021 y la cifra llegó a 5.400 millones de dólares en 2022. Esa cifra se explica por mayores costos que enfrentan las navieras, pero también por el poder de mercado que ejercen merced a la concentración, a su vez, tal como denuncia la investigación de la Aduana, puede estar encubriendo maniobras para la fuga de divisas accediendo a los dólares del mercado oficial, termina denunciando Pedrazzoli en su nota de Página 12.
