BUENOS AIRES (Especial-EL SOL ABC). Comienza a salir toda la basura dejada por el macrismo, de la que no dan cuenta TN, los Leuco, Clarín o La Nación. Así están describiendo algunos funcionarios de la actual gestión, de cómo van encontrando las oficinas de las distintas dependencias del Estado nacional.
El mismo ministro de Defensa, Agustín Rossi, le contó a Gustavo Sylvestre, en Minuto Uno de C5N, que “hasta los vidrios de mi oficina de trabajo están rotos”. Lo mismo dio a entender con respecto a que “la tropa del Ejército y de otras fuerzas no tenían para comer. Tenían que llevarse la comida o les daban franco para que fueran a comer a sus domicilios”.
Lo que ya demuestra en manos de quiénes habíamos caído. Si un ministro tiene su oficina sin vidrios o con éstos rotos, quiere decir “que no va a trabajar”. Ahora cada uno de los lectores puede “tomar dimensión de lo que pasó con el ARA San Juan”.
Un perjuicio enorme
Además, el periodista de investigación Turi Kollmann, de Página 12, da a conocer esta misma denuncia en su cuenta de Twitter, que en todas las oficinas del Estado, “los funcionarios de Cambiemos habían armado toda una cadena de secretarios artificiales, que manejaban 4 celulares”.
Además de ello, se aumentó exponencialmente la cantidad de funcionarios ejecutivos en cada sector de todos los ministerios y organismos del Estado. Por ello el decreto de Macri, para asegurarle el puesto a por lo menos 3 mil funcionarios de primera, segunda y tercera categorías.
Por ello, según Página 12, “el Gobierno suspenderá el decreto que Mauricio Macri firmó 14 días antes de dejar la Casa Rosada y que creaba un régimen de privilegio que extendía por cinco años los puestos jerárquicos del Estado para 3000 funcionarios nombrados en su gestión. El decreto 788 del año 2019, implica “una grave distorsión de los principios establecidos en relación con el Empleo Público, afectando derechos y deberes de empleados y funcionarios y atentando contra los recursos del Estado”, sostuvo la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, para anticipar la decisión de la nueva administración de suspender el decreto que también rubricaron el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ahora ex ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. La norma pretendía dejar una gruesa capa geológica e ideológica del macrismo en puestos clave de administración pública y les garantizaba millonarias indemnizaciones en caso que fueran despedidos”. El decreto, del que dio cuenta PáginaI12, había sido cuestionado y denunciado desde los propios abogados del Estado y el gremio de ATE.
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