BUENOS AIRES (Especial-EL SOL ABC). Desde un primer momento la causa por el intento de magnicidio contra la ex presidenta Cristina Kirchner estuvo “plagada de irregularidades”, desde el mismo momento que fueron nombrados María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, dos agentes que trabajan para el macrismo y para la Embajada de EE.UU. en el país, indirectamente para el Departamento de Estado de EE.UU.
Porque desde el momento cero no se hicieron las pericias ni se investigó a todos los actores que participaron en el deleznable hecho que mancha la democracia y pone en duda todo el andamiaje constitucional del país. Así no se investigaron ni se llamó como imputados, además de Sabag Montiel y de Brenda Uliarte (dos perejiles pagos), a la vecina Tezanos Pintos (hoy figura como candidata en CABA), a la familia Caputo (financista de Revolución Federal y con nexos con La Libertad Avanza), a Patricia Bullrich y Gerardo Millman (topos de la CIA y Mossad). Luego se hicieron pericias a medias, de teléfonos cuyas memorias fueron borradas. Tampoco se investigó la ruta del dinero de los “financistas” del atentado, que de milagro no se llegó a concretar.
Entonces, estamos los argentinos parados viendo “como la farsa más grande de la historia judicial argentina, al igual que los juicios contra Cristina Kirchner por la obra pública, se lleva a cabo delante de nuestras narices sin que salgamos a protestar contra la podredumbre del Poder Judicial argentino”. Por ello es interesante darle mayoría con los votos de nuevo al Peronismo o partidos de izquierda para cambiar la dirección de la Justicia que está digitada desde EE.UU. Hay que hacer una tremenda y soberbia depuración de jueces y funcionarios judiciales en todo el país.
Desde Página 12
La columnista e investigadora de Página 12, Irina Hauser, también agrega en artículo publicado hoy: “De la noche a la mañana, la jueza federal María Eugenia Capuchetti decidió reasumir el control de la investigación remanente sobre intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, que hace más de dos años le había delegado al fiscal Carlos Rívolo. Esgrimió que le parece que ‘no se ha observado un progreso significativo’ y que hace falta ‘un nuevo enfoque’. Según ella ‘no se ha profundizado suficiente’ respecto del papel de la Policía Federal (PFA). Hubo quienes leyeron la disposición como un giro en la causa en realidad, pero parece más un modo de cubrirse o un manotazo de ahogado frente a circunstancias judiciales que la dejaron expuesta y comprometida en los últimos días, precisamente por anomalías en este expediente vinculadas al celular del principal acusado, Fernando Sabag Montiel.
’’La semana pasada, en medio del juicio oral por el atentado, la agente de la PFA que custodia su juzgado y que trasladó el teléfono sin cadena de custodia a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para un peritaje, la dejó muy mal parada. Este martes, además, la querella de CFK reclamó ante la Cámara Federal que no se archive la pesquisa sobre el daño al dispositivo porque falta ahondar en la responsabilidad de Capuchetti. En un recurso donde se opone a que la jueza le quite la causa, el fiscal Rívolo dice que la decisión de Capuchetti ‘arbitraria, extemporánea y carente de fundamento y razonabilidad alguna’, a lo que agrega que afecta ‘seriamente’ su ‘estrategia investigativa’ “, informó Hauser.
