BUENOS AIRES (Especial-EL SOL ABC). El dirigente Fernando Esteche denunció en sus cuentas de redes sociales, que el actual jefe de Asesores de la Presidencia de la Nación, Julián Leunda, aparece en los chats filtrados denunciados por Tiempo Argentino y Horacio Vertbisky (Cohete a la Luna), donde hay órdenes directas de los personeros de los diarios La Nación y Clarín a los jueces actuantes en la causa Vialidad (contra Cristina Kirchner, Julio de Vido, y otros) y otros jueces de Comodoro Py para que aceleren las causas o que tengan el veredicto que los favorezca, o se falsifiquen pruebas.
Este escándalo de mayúsculas y de una gravedad total, que pone en riesgo el sistema constitucional nacional como asimismo los DD.HH. de todos los argentinos, es otro síntoma de cómo los distintos gobiernos son infiltrados con “funcionarios pagos por EE.UU.”, que sirven para tener a mano y de primera fuente los movimientos y decisiones clave de un gobierno democrático, pero además incidirá naturalmente en el desarrollo de una causa como la de Vialidad, donde los jueces son conminados a sentenciar a las víctimas del más tremendo LAWFARE que se haya instalado en el país, desde su nacimiento.
Este Leunda fue puesto en el cargo en los primeros días de agosto de este año, cuando hubo cambios en el gabinete nacional, tras la partida de Juan Manuel Olmos como secretario del ministro Juan Manzur, quien lo pidió para su staff ministerial.
El escándalo continúa
Ahora con la información dada por Vertbisky y Tiempo Argentino se cae totalmente la causa Vialidad. Así por lo menos infiere el diario Página 12, que en la edición de hoy dice al respecto: “Entre los impulsores del grupo de Telegram está el juez federal Julián Ercolini, factotum de la persecución a CFK y quien elevó sin pruebas la causa del juicio por Vialidad, aparece incitando a sus pares a buscar facturas truchas e inventar coartadas, como señaló este domingo el ministro de Justicia, Martín Soria.
“La primera reacción de estos jueces y camaristas fue plantar pruebas falsas y esconder la verdad. El juez Ercolini, el mismo que elevó a juicio oral una causa armada sin pruebas como la de Vialidad, incitó a sus pares a buscar facturas truchas e inventar coartadas que justifiquen el cónclave secreto en el sur”, dijo el ministro para quien “los chats posteriores al misterioso encuentro en Lago Escondido”, sostuvo, “constituyen la radiografía precisa de la podredumbre del lawfare en la Argentina”. Alrededor de la Vicepresidenta consideraron que “esto es una muestra cabal de un intercambio muy frecuente entre estas personas”, dijeron. “Lo que se observa es que es un comportamiento totalmente delictivo para tapar una dádiva. No hay mucho que opinar porque está todo ahí y es tremendo”.
Los chats que se conocieron pertenecen a un grupo de Telegram creado el 17 de octubre pasado, luego de la primera difusión de la noticia que situaba a los jueces viajando en un chárter a Bariloche y a la estancia del magnate inglés Joe Lewis, dueño de cientos de hectáreas en la Patagonia. El grupo de Telegram estaba integrado por quienes hicieron el viaje, entre otros: los jueces Julián Ercolini, Pablo Cayssials y Pablo Yadarola, también el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro; el ex jefe de Legales de la SIDE, Tomás Reinke; Leonardo Bergot, también ex miembro de la secretaría de Inteligencia y empresarios del multimedio Clarín. Sus participantes se habrían dedicado a planear estrategias para falsificar pruebas sobre el viaje –revelado por Página12 en octubre–, como la creación de facturas truchas, entre otras, para impedir la investigación y la publicación en medios masivos de la información. También buscan coordinar posibles represalias ilegales contra funcionarios de la PSA, a quienes consideraron “sospechosos” de haber entregado la primera información del vuelo privado. “Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar”, dice uno de ellos sobre el director de la Policía aeroportuaria, José Glinski. En otro fragmento de los chats, hablan de un supuesto acuerdo con una fiscal de Bariloche, con quién coordinaron y habrían dado instrucciones sobre cómo cerrar la causa.
“Es una muestra exacta de cómo la Justicia, los medios y el macrismo le atan las manos a la democracia. Quienes deben impartir justicia no hacen más que conspirar por su propia impunidad y la de sus socios, además de perseguir al peronismo”, dijo Soria y agregó que “dádivas, tráfico de influencias, encubrimiento, falsificación de documentos, prevaricato, y hasta eventuales tormentos y privaciones ilegítimas de la libertad. Los chats son una extraordinaria confesión de múltiples delitos”.
Esto no termina acá, aseguraron funcionarios del Gobierno nacional.
Fuentes: Redes- Página 12
