SALTA (Especial-EL SOL ABC). En el último año de gestión de Bettina Romero como intendenta de la ciudad de Salta, haciendo campaña para su reelección, se dio en hacer obras a las apuradas, cuando se había gastado miles de millones de pesos en medios nacionales e internacionales promocionándose buscando ser la próxima gobernadora de la Provincia. Pero el plan falló, porque fue descubierto el ardid malévolo de Juntos por el Cambio, sector al que pertenecía. Y allí nacieron las denuncias.
Entre ellas, las de remodelación y reconstrucción de la plaza 9 de Julio, que fue casi cerrada al público, con profusa cartelería en favor de la intendenta Romero, razón que no se entiende que la misma no sepa o no haya dado la orden para que se cometan las irregularidades detectadas por la actual Procuración Municipal, que fue la que realizó la denuncia. Se cree que el plan de la Justicia es tapar el involucramiento directo o indirecto de la ex jefe comunal.
Por ello, desde Aries Online se informa que “la fiscal penal subrogante de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a una inspectora de obra de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Salta, a dos socios de una empresa dedicada a la construcción de obras de ingeniería civil y al representante técnico de la misma, como coautores de los delitos de falsedad ideológica de documento público en concurso ideal con fraude a la administración pública (seis hechos), y en concurso real.
’’Además, la inspectora, los hermanos propietarios de la empresa constructora y el representante de la misma fueron imputados por falsedad ideológica de documento público en otros hechos. Asimismo, un ex secretario Legal y Técnico del municipio fue imputado provisionalmente por encubrimiento por omisión de denuncia, en calidad de autor. Durante las audiencias, éste decidió ejercer su propia defensa, mientras que los demás imputados estuvieron asistidos por abogados particulares”, dice el portal capitalino.
Otros implicados
Un ex subsecretario de Obras Públicas y otra inspectora de obras del municipio solicitaron una prórroga de la audiencia, por lo que fueron citados a una nueva instancia en la que se les leerá el decreto de imputación y podrán optar por declarar.
La intervención de la Unidad de Delitos Económicos inició con la denuncia radicada por el procurador general de la Municipalidad de Salta, quien aseguró que a fines de 2023 detectaron un expediente que revelaba posibles irregularidades en obras públicas, con pagos por trabajos no realizados. Según manifestó, el entonces subsecretario de Obras Públicas Racciopi habría ordenado certificar avances de obra que no se correspondían con el estado real de ejecución, con el fin de adelantar pagos y así iniciar obras complementarias sin cumplir con los procedimientos legales exigidos, como la aprobación de pliegos o la contratación formal.
Las maniobras
La maniobra, de acuerdo con el escrito, se justificó en la urgencia por avanzar con intervenciones “emblemáticas”, como la remodelación de la plaza 9 de Julio.
De acuerdo con lo investigado por personal de UDEC, los imputados habrían actuado en conjunto, pero con distintos roles: los socios como responsables de la empresa constructora; un empleado, como su representante técnico; dos empleadas municipales, como inspectoras de obra; y un funcionario, como subsecretario de Obras Públicas.
Para los investigadores, se habrían confeccionado informes con certificados de avance de obra que contenían datos falsos, declarando un avance mayor al real. Estos documentos, firmados por las inspectoras y el representante técnico, habrían servido para justificar la emisión de facturas por trabajos no ejecutados. Posteriormente, el subsecretario habría elevado estos informes a su superior con el objetivo de ordenar el pago correspondiente a la empresa, lo que generó un perjuicio económico para el municipio. Esta maniobra se habría repetido en al menos seis expedientes distintos de obras públicas, señala Aries Online.
Allí está la clave: por qué si el subsecretario informó y elevó informes a su “superior”, ¿por qué no está imputada la ex intendenta Bettina Romero? ¿O es que la fiscal Odorisio sólo investiga a los perejiles?
Fuentes: Aries Online – Nuevo Diario de Salta
