MADRID, España (Especial-ElDiario.es). La Fiscalía del Tribunal Supremo aseguró ante las autoridades suizas que Juan Carlos I amasó su fortuna ejerciendo como comisionista a escala internacional. Según la comisión rogatoria enviada a Suiza en febrero de este año para pedir información acerca de las cuentas del rey emérito el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, afirma que el monarca habría percibido “comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales”, informa El Mundo.
En esa solicitud de información a las autoridades suizas la fiscalía apunta además los delitos en los que podría haber incurrido el padre de Felipe VI. Son cuatro: “Blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias”.
La información que pedía el fiscal español a las autoridades suizas correspondía a las cuentas de la Fundación Zagatka entre los años 2016 y 2019. Dicha organización, al frente de la cual se sitúa un primo de Juan Carlos I, Álvaro de Orleans, es la que ha costeado el elevado ritmo de vida del ex monarca. La información y las cuentas completas de Zagatka, tal y como reveló el diario El País el pasado mes de junio, fueron remitidas a la Fiscalía española el pasado mes de mayo, tres meses después de la petición.
Un rey que le gustaba ocultar todo
El fiscal español, en su argumentación ante la Justicia suiza, argumenta estar investigando “hechos de ocultación, transformación, transmisión, conversión y/o posesión de fondos”.
La Fiscalía del Tribunal Supremo investiga desde hace un año la fortuna del rey emérito y el posible cobro de comisiones, así como el ocultamiento de esta fortuna a Hacienda. Entre otras cosas, investiga si cobró decenas de millones de euros por intervenir en la adjudicación de las obras del AVE a La Meca a empresas españolas o si ocultó parte de su patrimonio en Jersey, así como el uso de tarjetas bancarias opacas. En paralelo, la representación de Juan Carlos I ha presentado varias regularizaciones fiscales ante las arcas públicas españolas para intentar evitar la apertura de una causa penal sin que por el momento el Ministerio Público haya interpuesto ninguna denuncia contra él ante el Supremo.
