PAMPA BLANCA, Jujuy (Especial-EL SOL ABC). Diversos medios provinciales se han hecho eco de la tremenda orfandad en que se encuentran los trabajadores, de todos los estamentos, sean privados o estatales, porque con la Justicia jugando a favor de Gerardo Morales, es muy poco lo que se puede hacer.
Pero el “transparente” Morales sigue dando cobertura, de la forma más corrupta y vil a sus hijos. Así por lo menos los denuncia el portal Jujuy Dice, que informó que “el hijo mayor de Morales, Gastón, es el gerente general de Cannabis Avatara S.E., donde cobra importante cifra en dólares. Al menor, Facundo Morales, lo tiene con cargo exclusivo en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires (que no está cumpliendo, en otro hecho más de la corrupción y nepotismo moralista) y además figura como coordinador general del Festival de Cine de Alturas en Jujuy”. En una aberrante incompatibilidad con el cargo en suelo porteño, que ningún medio de Buenos Aires ha dado cuenta de ello.
Mientras tanto, acá en Jujuy, no se ha dado solución a los despidos que se dieron antes y luego de las fiestas de fin de año, en varios municipios provinciales. En todos lados, el mismo verso: “No hay plata”. Pero sí hay dinero para pagarles onerosas cifras en los haberes mensuales de Gastón y Facundo Morales.
El sitio web Notas de Periodismo Popular denunció que “violando el decreto 891/2020, que establece la prohibición de los despidos sin causa hasta fines de enero del 2021, intendentes jujeños que responden al régimen de Gerardo Morales decidieron dejar sin trabajo a cerca de 40 empleados municipales jornalizados y contratados de manera precarizada. La última semana, 22 personas fueron despedidas en la localidad de Pampa Blanca, y en las últimas horas hubo 7 cesantías en Fraile Pintado, 4 en Palpalá, 3 en Huacalera, 3 en Maimará, y aseguran que podría haber más”.
Trabajadores agremiados en el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) de Jujuy, liderado por Carlos “el Perro” Santillán”, llevan dos semanas levantando medidas de protestas. Finalmente, luego de varios días de cortes de ruta, representantes de los municipios afectados consiguieron una reunión con el ministro de la cartera laboral jujeña, Normando Álvarez García. “Hay una mesa de diálogo para todos y un objetivo central, llegar a un acuerdo o tener una respuesta a lo solicitado”, dijo el funcionario.
Desde el sindicato municipal denunciaron que las personas que se vieron afectadas por las cesantías “son precarizados (jornalizados y planes de contingencia) que cobran entre $ 2.500 y $ 10.000 mensuales, que cumplen tareas de servicios esenciales (como recolección de residuos) y son en su mayoría mujeres, único sostén de familia”.
