BUENOS AIRES (Especial-Télam). El debate estará a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) 4, integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Pallioti y Néstor Costabel, que este año ya rechazó tres pedidos del empresario detenido para llegar al proceso en libertad.
El empresario Enrique Blaksley Señorans, conocido como “El Madoff argentino”, y otras 16 personas, entre ellas algunos familiares suyos, comenzaron a ser juzgados ayer jueves como acusados de haber cometido la mayor estafa de la historia del país a través de la empresa Hope Funds SA, que tiene a más de 300 ahorristas damnificados, de quienes se apoderaron de unos 184 millones de pesos.
Por la cantidad de imputados que tiene la causa y debido a las restricciones de distanciamiento por la Covid-19, las audiencias se desarrollarán por videoconferencia mediante la aplicación Zoom.
Ayer jueves comenzaron las audiencias
Ayer jueves arrancaron las audiencias con la lectura del requerimiento de elevación a juicio, tras lo cual serán indagados los imputados.
Según las fuentes, en el juicio declararán más de 100 testigos en audiencias que se desarrollarán todos los jueves, por lo que se estima que el debate oral se extienda por casi dos años.
Blaksley (55) y el resto de los acusados fueron enviados a juicio en julio del año pasado por decisión de la jueza federal María Servini, quien hizo lugar a la requisitoria de la fiscal federal 12, María Alejandra Mangano; y la fiscal María Laura Roteta, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac); quienes contaron con la colaboración de María del Carmen Chena, de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación
En su fallo, la jueza consideró al empresario, actualmente alojado en la cárcel de Ezeiza, coautor del delito de estafa reiterada en al menos 318 oportunidades en concurso ideal con captación de ahorros del público no autorizada agravada por haber sido cometido mediante oferta pública.
A esto le sumaron cuatro hechos de lavado de activos de origen delictivo en concurso ideal con asociación ilícita, agravado por su carácter de jefe, y dos hechos de insolvencia fraudulenta, es decir hacer desaparecer bienes de su patrimonio o disminuir su valor para evitar el cumplimiento de obligaciones.
Los otros procesados
El procesamiento también alcanzó al cuñado de Blaksley y gerente administrativo de Hope Funds, Federico Dolinkué (48); el encargado de formar las sociedades en el exterior, Alejandro Miguel Carozzino (39); y la gerente comercial, su cuñada Verónica Vega (45).
También quedaron en la misma situación Francisco (36), María Rita (46) y Juan Pablo Blaksley (33), hermanos de Enrique, a quienes la jueza les atribuyó los mismos delitos, excepto el haberse desprendido de sus bienes, y los consideró miembros de la asociación ilícita.
Los otros acusados son Daniela Sarsa (41), Damián Gómez (42), Olga Masdeu (64), Felipe Badino (36), María D´Angelo (51), Rafael De la Torre Urizar (66), Alexis Dietl (41), Esteban Casco (51), Guillermo Müller (43) y Pablo Willa (55).
Según dio por acreditado Servini en la causa, “Blaksley, con la colaboración de Carozzino, Dolinkue y Vega montó una estructura empresarial compleja que se destinó tanto a la defraudación de privados, como del fisco nacional”.
“Esa organización se implementó de tal manera que también permitió la reinserción y puesta en circulación en el mercado financiero, dando apariencia de licitud al dinero mal habido”, sostuvo la jueza, y remarcó que “se creó una estructura por intermedio de la cual defraudó a un sinnúmero de personas por montos de dinero multimillonarios”.
Para la magistrada, Blaksley “con las sumas dinerarias confiadas, amplió aún más esa estructura, mediante la inversión en diferentes emprendimientos y la creación de nuevas sociedades, muchas de las cuales eran y son sólo cáscaras. Es decir, sociedades con nombre y capital social, pero sin funcionamiento alguno”.
De acuerdo con la pesquisa, la asociación ilícita, que operó entre 2007 y 2016, fue integrada por los ahora procesados, los cuales desde su rol aportaron para que se produzca el desfalco, y también por alrededor de 60 sociedades comerciales, muchas de ellas constituidas en Estados Unidos y Panamá.
