BUENOS AIRES (Especial-EL SOL ABC). Luego de los últimos avances sobre la democracia de parte de la actual Corte de Justicia de la Nación, en las redes y en cientos de medios de comunicación, analistas políticos como dirigentes, líderes sociales, gremialistas, como pueblo en general, piden que se activen los mecanismos constitucionales para convocar a un referendo nacional para el cambio de los miembros de la actual Corte Suprema de la Nación.
Este nuevo posicionamiento de la mayoría de la opinión pública nacional se basa “en claro posicionamiento político de la actual Corte Suprema, los cuales están en una peligrosa parada en defensa de los intereses corporativos de una clase social, que no quiere respetar los mandatos constitucionales y se escuda en el manejo de organismos de Justicia como el Consejo de la Magistratura, Procuración de Justicia de la Nación y Tribunales de Comodoro Py, en un claro y desembozado ataque al hombre común”.
De esto existen claras denuncias de jueces y abogados que procuran ir hacia “una verdadera Justicia nacional que defienda los intereses de los argentinos de pie y los intereses del país como nación y sea un verdadero poder de equilibrio entre los intereses cruzados de las corporaciones y de las personas”. En sentido, el Dr. Juan Ramos Padilla aseveró a distintos medios nacionales que “esta Justicia corrompida va contra los intereses de la mayoría”. En otro sentido, el Dr. Juan Manuel Ubeira dijo que “si el Gobierno no pone manos en lograr cambiar este claro ‘lawfare’, le va a ser muy dificultoso poder gobernar. Así tenemos una democracia a medias”, en una de sus últimas declaraciones en C5N.
La clara descripción del columnista del canal La Nación+, Carlos Pagni, sobre “el armado de la causa Ciccone contra del ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, donde participaron los agentes de la SIDE (hoy AFI), Antonio Stiuso y otros”, es una muestra más, luego del fallo de la Corte, de que ésta no defiende la justicia ni a la mayoría de los argentinos.
Pedido de referéndum
La gente está pidiendo que el Ejecutivo nacional utilice una de las herramientas que le da la Constitución y la misma Ley 25342, que según artículo que publicó la agencia Télam [1] dice: “Una consulta popular es un mecanismo de democracia semidirecta incorporado a la Constitución nacional en la reforma de 1994 (artículo 40) y reglamentado en 2001 por la ley 25.432, aunque hasta ahora no se aplicó.
’’La ley 25.432 estableció dos tipos de consulta:
1) La vinculante, que es convocada por el Congreso para someter al pueblo un proyecto de ley y cuyo resultado obliga al Gobierno.
2) La no vinculante, que puede ser promovida por el Congreso o el Poder Ejecutivo.
’’La Constitución precisa que la consulta popular es vinculante (las autoridades deben acatar su resultado) sólo si nace de una convocatoria de la Cámara de Diputados, no así si fue propuesta por el Senado o por el Poder Ejecutivo.
’’A través de la consulta popular se le pide la opinión a la sociedad sobre una determinada ley o política (en esos casos se denomina referéndum), o bien sobre cuestiones de Estado excepcionales (conocido como plebiscito), como, por ejemplo, la anexión o la cesión de determinado territorio al país.
’’Desde su reforma en 1994, la Constitución Nacional reconoce además la iniciativa popular, que le otorga a todos los ciudadanos el derecho de presentar proyectos de ley ante el Congreso, pero para eso se le exige respaldarlos con las firmas del 1,5 % del padrón electoral nacional, distribuidas al menos en seis provincias del país.
’’Sólo luego de un proceso de verificación de firmas, el proyecto llegará al Congreso, que dispondrá de un año para aprobarlo o rechazarlo”, dice en sus puntos más esenciales nota de Télam.
Jueces probos
De acuerdo a una mayoritaria opinión, a la que adherimos como medio de comunicación, se pide como nuevos miembros de una Corte al servicio de los intereses del país y, por ende, de los argentinos a los Dres. Juan Ramos Padilla, Luis Carzoglio, Juan Manuel Ubeira, Carlos Rozanski y la actual fiscal Gabriela Boquín, la cual dio acabadas muestras de defender los intereses del Estado nacional y de su erario público, al “no permitir que el grupo Macri estafara al Estado por más de 70 mil millones de pesos, cuando estuvo en la presidencia Mauricio Macri”.
El ex juez Carlos Ronzanki sufrió innumerables persecuciones como presiones, tanto de la prensa adicta al lawfare, como por funcionarios de la “mesa judicial” comandada por Macri, Peña y Garavano “porque no se avino al armado de la causa contra Cristina Kirchner, cuando no permitió la libertad del ‘testigo arrepentido’ Leonardo Fariña”. Luego tuvo que renunciar.
Luis Carzoglio, ex juez de Avellaneda, quiso ser utilizado por AFI de Arribas y por Mauricio Macri, para “encarcelar a Hugo Moyano y Pablo Moyano”. A lo que éste se negó rotundamente, por lo que fue perseguido y obligado a renunciar.
El Dr. Juan Manuel Ubeira, parte de la defensa de uno de los acusados en la causa de los Cuadernos, es “un preclaro patriota, que en cada de sus opiniones muy exactas como contundentes, en defensa del verdadero estado de derecho como de la democracia, deja en evidencia siempre sobre quiénes son los que manejan la Justicia nacional”. Además, por sus conocimientos y lucidez, no puede faltar.
El Dr. Juan Manuel Ramos Padilla, padre del juez Alejo Ramos Padilla, que lleva la causa del espionaje de Comodoro Py, contra Stornelli y D’Alessio, junto a la AFI, y contra las diputadas Elisa Carrió, Paula Olivetto y Mariana Zuvic, no necesita mayores antecedentes por su manifiesta probidad y excelente currículo.
Referencia:
[1] https://www.telam.com.ar/notas/201803/255804-que-es-una-consulta-popular.html
