SE COMPRUEBA ESPIONAJE: comienzan a llegar sobres con votos de Juntos por el Cambio enviados por correo postal

Claramente se ve el timbrado de correo con el nombre y apellido de personas que no pidieron ni solicitaron los mismos. ¿De dónde sacaron sus datos? (Foto: analiajho-Twitter).

BUENOS AIRES (Especial-EL SOL ABC). Existen infinidad de denuncias de personas que están recibiendo mediante empresas de correo postal de parte del Frente Juntos por el Cambio sobres con los votos de sus candidatos en clara violación de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

Ya en el mes de agosto pasado, el diario Ámbito había informado sobre esta flagrante violación a la ley por parte de Juntos por el Cambio, comprobando de esa manera “el espionaje efectuado desde empresas conexas con el gobierno de Mauricio Macri, al utilizar bases de datos privados para hacer proselitismo en favor de un partido político”.

Esto además se complementa con una “política aplicada desde el gobierno anterior desde la Mesa Judicial para espiar a dirigentes opositores y de su mismo espacio, para armar causas judiciales. A lo que suman las denuncias efectuadas por empresarios como Fabián de Sousa y Cristóbal López, propietarios del grupo Indalo, que sufrieron espionaje directo cuando estuvieron detenidos en la cárcel de Marcos Paz, con apoyatura del Servicio Penitenciario Nacional”.

 

Impunidad incontrolable

Este accionar delictivo por parte de un partido que dice ser “republicano” vuelve a ser denunciado mediante la red social Twitter, en el día de ayer, por parte de una persona que responde al “nick” @analiajho, que expresó: “Llegó a lo de mi mamá. Le entregaron en mano 3 sobres, en cada sobre las boletas de JuntosxC en el reverso: sus nombres, apellidos y dirección. Nunca los votaron, ni imputaron. Háblame de espionaje…”.

Esta grave situación denunciada muestra una vez más que desde Juntos por el Cambio están dispuestos a todo por el grado de impunidad manifiesta, que no respeta leyes ni normas con tal de conseguir su fin. A esto debe estar atento el pueblo argentino, porque no se tiene “enfrente a un adversario político, sino a verdaderos enemigos de la ciudadanía que pretenden llegar al poder utilizando una batería de herramientas espurias”.

Casualmente, todos los medios del país han dado cuenta de las graves imputaciones que tienen los principales dirigentes de Juntos por el Cambio, como su principal responsable Mauricio Macri, y los ex ministros Bullrich, Garavano, Aguad y personajes como José “Pepín” Rodríguez Simón, hoy huido y protegido en Uruguay por el gobierno de Lacalle, por espionaje.

 

Lo que ya informó Ámbito

Los datos personales en la Argentina están protegidos por la Constitución Nacional, que en su artículo 43º establece que toda persona puede presentar una acción de amparo para saber qué datos suyos hay en bases públicas y/o privadas destinadas a proveer informes y enterarse de la finalidad de su almacenamiento; y la Ley 25.326, de Protección de los Datos Personales, que en su artículo 5º establece que “el tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado”.

Imagen capturada por Ámbito de los mensajes de María Eugenia Vidal invitando a participar de sus actos partidarios. (Foto: Ámbito).

Los SMS de publicidad electoral suelen llegar de números que no son números telefónicos tradicionales sino códigos (como 11011, 30777, 41411 y 30003) que envían empresas privadas que manejan bases de datos y son contratadas para contactarse con números de teléfono particulares.

Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, subrayó a Reverso que las bases de datos que guardan las empresas privadas “deben estar declaradas” ante la Dirección Nacional de Datos Personales. En relación con los SMS electoralistas, señaló que “si alguien tiene datos míos, tiene prohibido utilizarlos con una finalidad distinta” de la indicada al momento de pedir el consentimiento para obtenerlos. “Si yo entrego datos a una empresa, esa empresa no puede disponer de ellos y dárselos a otras empresas sin antes habérmelo informado y sin yo haber prestado consentimiento”, sostuvo.

Coincidió en este punto Natalia Zuazo, investigadora asociada de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), quien señaló que en la Ciudad de Buenos Aires “ya hubo denuncias de padres que inscribieron a sus hijos en las escuelas o vecinos que formularon reclamos de arreglos en una calle y después recibieron mensajes de campaña de algún candidato”.

Zuazo destacó que en la Argentina “las personas somos titulares de nuestros datos personales y, por lo tanto, los cedemos a otros con consentimiento, de la misma manera que podemos pedir que nos saquen de una base de datos”. Por ejemplo, con el Registro No Llame, que reúne los números telefónicos de personas que voluntariamente lo inscriben porque no quieren recibir información, ni publicidad ni ofertas ni servicios.