SE CAE CAUSA POR OBRA PÚBLICA: suman más de diez testigos que no pudieron sostener acusaciones contra CFK y Lázaro Báez

La ahora vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina Kirchner, haciendo su defensa sobre la causa de la obra pública. Todos los testigos presentados por los querellantes no han sostenido sus acusaciones que hicieron en la prensa. El caso más sonado es de Margarita Stolbizer. (Foto: Página 12).

BUENOS AIRES (Especial-EL SOL ABC). Una cosa es el piripipí ante cámaras o en los sets televisivos, pero otra sentarse ante el tribunal que juzga a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, Julio de Vido y otros ex funcionarios del gobierno de la ahora vicepresidenta de la Nación. Todo ello surge del seguimiento del expediente de la causa conocida como “Vialidad o de la Obra Pública” que tiene varios cuerpos de escritos y de pruebas.

Hasta ahora ninguno de los testigos que se presentaron, que ya suman una decena, pudo acreditar y fundar sus acusaciones que vertieron por televisión o reportajes radiales, o en declaraciones ampulosas en los diarios como Clarín o La Nación.

En febrero de este año, Sofía Caram, de Página 12, expresó en nota sobre esta causa: “Con duras críticas al Poder Judicial, al Gobierno de Mauricio Macri y a los medios de comunicación, la ex presidenta buscó dejar al desnudo que la causa que investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez fue parte de un armado en su contra y, según afirmó en aquella oportunidad, un claro ejemplo de law fare. ‘Había que condenar a un gobierno. El de Néstor Kirchner. Había que traer de vuelta al FMI. Y para eso había que convencer que el que nos desendeudó era un chorro. Por eso es que estoy sentada acá’, dijo. ‘Seguramente tienen la condena escrita. No me interesa. Yo he elegido la Historia. A mí me va a absolver la Historia’, fue la frase elegida por CFK para cerrar su declaración”.

Pero Caram siguió abundando en detalles sobre los primeros testigos donde se presentaron en primer término, precisamente los denunciadores de esta causa: Juan Carlos Morán y Margarita Stolbizer.

De ellos dijo: “Después del cimbronazo, el Tribunal dio lugar a los primeros testigos. Juan Carlos Morán y Margarita Stolbizer fueron los dos primeros de una lista de 180. Ninguno de los dos pudo acreditar de manera directa –y ante la insistente pregunta de las defensas–  que haya habido sobreprecios o beneficios al empresario patagónico.

’’Morán, un hombre del espacio político de Elisa Carrió, tampoco pudo afirmar que haya habido maniobras de corrupción. ‘Podría haber’ sucedido. ‘Creo que’ había que investigar. ‘No recuerdo los números’, fueron algunas de las frases que dejó el ex legislador, quien sólo mencionó hipótesis delictivas. Morán basó sus sospechas de corrupción en que Néstor y Cristina Kirchner trasladaron funcionarios de la gestión de la provincia de Santa Cruz a la administración nacional. Según él, era sospechoso que ‘la fuerte conducción política de Néstor Kirchner y luego de Cristina Kirchner, con una decisión política otorgara mucho presupuesto a un Ministerio que fue creado desde esta gestión, que era el Ministerio de Planificación a cargo de Julio de Vido’. Sin acreditar el direccionamiento o el beneficio de los ex presidentes y del empresario patagónico, Morán se centró sólo en las hipótesis de la fiscalía y las querellas”.

Peritaje trucho

Es bueno recordar, que la Dra. Cristina Kirchner una vez aparecida esta acusación en su contra “pidió expresamente que se peritara cada una de las obras que realizaron desde 2003 hasta antes de diciembre de 2015. Un total de casi 1.800 obras en todo el país”. Todo ello no prosperó porque la misma Justicia le denegó el pedido. Una cosa incongruente para todos aquellos que acusan y que no creen en las palabras de los funcionarios kirchneristas.

Asimismo, Caram en su nota de febrero pasado habla sobre “la mayor expectativa por parte de los imputados está centrada en el momento en que los dos peritos oficiales tengan que explicar y ratificar bajo juramento el documento en el que aseguraron que hubo sobreprecios por 170 millones de dólares. Se trata de Pablo Eloy Bona  –recusado por CFK por enemistad manifiesta por retuitear comentarios agresivos y abiertamente antikirchneristas–  y Roberto Panizza. Según afirman las defensas, el estudio de 500 páginas está mal hecho. Entre otras cosas se dolarizaron los valores, lo que en materia de financiamiento de obra pública es un error grave; se compararon precios de obras completas con trabajos de mantenimiento y contrastaron obras realizadas en la cordillera con las de la meseta patagónica, lo que lógicamente arrojó importantes diferencias, ya que los costos son muy diferentes debido a las condiciones geográficas y climáticas tan disímiles.

 

Uno de los últimos en declarar

Según lo consigna El Destape, de días pasados, otro testimonio y otra causa contra Cristina Fernández de Kirchner que se desmorona. El de ese día de la denuncia fue el caso de Raúl Enrique Rigo, un hombre de carrera del Ministerio de Economía, que atravesó las gestiones de Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, la propia CFK y Mauricio Macri como subsecretario de Presupuesto. Y la causa es por la obra pública en Santa Cruz, armada desde la Dirección de Vialidad, una de las tantas que armó el macrismo.

El de Rigo se trata de un testimonio importante ya que es uno de los principales expertos en materia de presupuesto público del país y explicó cómo lejos de existir beneficios de obra pública en Santa Cruz y para Lázaro Báez todas las inversiones fueron auditadas, figuraron en los presupuestos que analizó, aprobó y auditó el Congreso, que no hubo ningún decreto específico sobre esas obras y que nadie verificó ninguna irregularidad. Es decir, que toda la acusación de que se direccionaron obras y pagos hacia esa provincia y proveedor se cae. Y muestra que lejos de ser decisiones de CFK, las obras las autorizó el Congreso.

El 21 de mayo de 2019, cuando comenzó el juicio oral por esta causa, CFK publicó un hilo de Twitter que cerraba así: “Las ‘pruebas’ por las que fui acusada son las leyes nacionales de presupuesto aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Nación, los DNU de ajustes presupuestarios de toda la Administración Pública Nacional y las Decisiones Administrativas dictadas por los Jefes de Gabinete”. Hoy (por el viernes de la semana pasada), el testimonio de Rigo lo confirmó.

Rigo habló casi 3 horas, en las que contestó las preguntas del tribunal que conforman los jueces  Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrígo Giménez Uriburu, del fiscal Diego Luciani, de la Oficina Anticorrupción, de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de las defensas de los acusados.

Según pudo reconstruir El Destape, Rigo declaró que todas las obras que son parte del juicio fueron informadas al Congreso en las leyes de presupuesto de cada año, que las Cámaras de Diputados y de Senadores las analizaron y aprobaron, que los gobiernos de Kirchner y CFK enviaron también al parlamento las cuentas de inversión (que indican cómo se ejecutó el presupuesto) con el detalle de cada una de las partidas asignadas a obra pública y que estas fueron revisadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) y aprobadas de nuevo por el Congreso. Rigo enfatizó en este punto, ya que la aprobación de la cuenta de inversión es la forma de verificar si se desviaron o no fondos del presupuesto.

De esta forma, por lo que hasta ahora no hay ninguna prueba que indique que haya habido sobreprecios y direccionamiento de la obra pública, se está demostrando que esta es otra de las causas armadas por el macrismo. Donde a su vez la ex presidenta Cristina Kirchner nunca huyó del país para evitar sentarse ante los tribunales, cosa que sí lo ha hecho Mauricio Macri por las numerosas causas que pesan en su contra, con la excusa de “un trabajo para la FIFA”.

Fuentes: Página 12-Perfil- El Destape-Télam