SANTIAGO DEL ESTERO (Especial-El Liberal). En pleno saqueo del macrismo al país, entre 2016 a 2019, empleados infieles de la AFIP de Santiago del Estero formaron una banda con otros de afuera de la entidad federal para crear una red delictiva para “manejar facturas truchas, evitar el pago de grande sumas de impuestos a empresarios locales y empresas”.
El juez federal Sebastián Argibay dictó ayer procesamientos para seis personas y trabó embargos por $ 12.000.000 a tres empleados de la AFIP, dentro de una investigación por presuntas coimas que posibilitaron reducciones o eliminaciones de deudas millonarias de grandes empresas del sistema, en los períodos 2016/2019.
El origen del proceso se sustenta en una causa por un millonario desfalco a la AFIP local. Así, el juez Argibay y el fiscal Pedro Simón posaron su atención en una banda que habría creado empresas fantasmas con el fin de emitir facturas apócrifas a nombre de grandes contribuyentes y así evadir el impuesto IVA.
La vía para ese fin habría tenido de protagonistas estelares a empleados o funcionarios “infieles”, resueltos en hacer desaparecer o reducir los montos de deudas millonarias de empresas importantes y particulares.
La reciprocidad de los artífices de las operatorias emerge generosa. ¿Por qué? La usina de facturas truchas que realizaba un viraje cuantioso y burlaba el pago del IVA habría desnudado una evasión mayor a los ochocientos millones de pesos estimados, en principio.
Entre los grandes contribuyentes, la Justicia Federal habría identificado a empresas constructoras, que además conseguían de la banda, que les extendieran un “perdón fiscal” o “conducta fiscal” que les posibilitaba participar de licitaciones públicas.
Después de una investigación exhaustiva, Argibay y Simón habrían concluido que la banda era liderada por el contador Gustavo Coronel Medina. Entre sus “edecanes”, el proceso cayó con fuerza ahora a tres empleados de la AFIP y dos particulares, una de ellas, secretaria del profesional de Ciencias Económicas.
Imputados y roles
Por ende, trascendió ayer que han sido procesados, sin prisión preventiva, seis personas, con diferentes calificativas. Las dominantes serían “cohecho activo” o “pasivo” (pagar y recibir coimas), “asociación ilícita tributaria”, “defraudación al Estado” y fijado embargos millonarios.
La medida recayó, según la decisión del juez, en contra de Gustavo Coronel Medina y fijado un embargo de $ 3.000.000; la medida es extensiva a María Patricia Godoy (empleada de la AFIP), con un embargo de $ 2.000.000; Manuel Alejandro Azar (AFIP), embargo de $ 2.000.000; Luis Alberto Fincatti (jubilado AFIP), $ 2.000.000 en embargo; Daniel Aparicio Lazarte (particular) y un embargo de $ 1.000.000 y María Beatriz González (secretaria del “cerebro”), $ 2.000.000 en embargo por supuesta “asociación ilícita tributaria”.
En la misma resolución, le fue dictada falta de mérito a González, en el delito “evasión tributaria doblemente agravada por el monto y el uso de documentos ideológicamente falsos”, sin perjuicio de la prosecución del sumario hasta su total esclarecimiento, especificó el magistrado.
