El juez Luis Rodríguez envió a juicio oral a los ex funcionarios Julio De Vido y Roberto Baratta, junto a otras 16 personas, todos procesados por administración fraudulenta en la gestión de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), ubicada en Santa Cruz. En la causa, se acusó al ex ministro de Planificación Federal de haber malversado 176 millones de pesos, pero hay una pericia en curso que podría elevar aún más la cifra.
Por esta causa quedó detenido Julio De Vido hace dos años (Baratta está preso por los “cuadernos de las coimas”). En este expediente se investigó el destino de partidas presupuestarias por 26.000 millones de pesos que debían aplicarse a la modernización y puesta en valor de la mina de carbón ubicada en Santa Cruz.
Los 19 imputados entre ellos De Vido, Baratta, Atanacio Pérez Osuna (ex interventor de YCRT), Jorge Mayoral (ex secretario de Minería), Martín Juan Goicochea (UTN), Jaime Álvarez, Fernando Lisse, entre otros están acusados de haber participado de una “maniobra defraudatoria, cuya perpetración se sitúa entre el 14 de enero de 2008 y el 26 de enero de 2016, que consistió en la ilegítima obtención de fondos provenientes del Estado Nacional”.
Según determinó el juez Rodríguez, en la resolución a la que accedió Clarín, existió una “maniobra defraudatoria” concretamente desde el “ex Ministerio de Planificación Federal, y del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos de la Provincia de Santa Cruz (YCRT)-, y su manejo a través de la Facultad Regional Santa Cruz (en adelante FRSC) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de la “Fundación Facultad Regional Santa Cruz” (FRSC)”.
Durante la instrucción se indicó que toda la maniobra se desarrolló en “connivencia con funcionarios y empleados públicos del MINPLAN, el YCRT y la FRSC, y los fundadores, directivos y empleados de la referida Fundación”.
La justicia estableció que se firmaron distintos convenios por 4.866.400.000 pesos, de los que se facturaron 1.379.923.949 pesos, de acuerdo a lo establecido por la Sindicatura General de la Nación. En consecuencia, el perjuicio a las arcas del Estado Nacional ascendió, “en principio y cuanto menos, a la suma de 176.074.373,92 pesos”.
Ese importe se integra por los montos efectivamente recibidos por la FRSC y la Fundación por “gastos administrativos” reconocidos en los convenios investigados, que ascienden a 91.990.804,92 pesos y 84.083.569,00 pesos respectivamente.
De acuerdo a lo informado por la SIGEN, además, otros 88.320.750 pesos en concepto de “gastos administrativos” fueron reclamado por la FRSC y la Fundación, pero Yacimientos no los abonó.
Bajo investigación estuvo el convenio de 2008, que posibilitó que YCRT y la FRSC rubricaran numerosos convenios a solventar mediante fondos del presupuesto de YCRT, en los que se le reconoció a FRSC “un 10% en concepto de gastos administrativos por todos aquellos que realizara para el cumplimiento de las tareas que se le encomendaran”, señaló Rodríguez.
El desvío de fondos se habría realizado por intermedio de esos convenios de colaboración entre YCRT y la Facultad Regional Santa Cruz (dependiente de la UTN). que contaba a su vez con la Fundación que permanece intervenida por orden del juez Rodríguez.
Todos los convenios estaban plagados de irregularidades, y según el juez constituyeron la estructura del desvío de fondos y la defraudación por la que se acusó a ex funcionarios. Rodríguez indicó que entre otros aspectos hubo “retribuciones por gastos administrativos que encarecieron los costos de YCRT en un 21%; se recurrió a la contratación directa con la FRSC para no recurrir a licitación pública”, además el cumplimiento de los convenios fue delegados en la Fundación y luego los servicios convenidos “fueron prestados por terceras personas, evidenciando además una subcontratación ilegal”.
Entre otros puntos, se determinó que el ministerio de Planificación tenía “injerencia sobre el destino de los fondos que eran asignados a YCRT disponiendo los pagos que debían realizarse”; también “se fraccionaron ilegítimamente los convenios en numerosos convenios específicos para no superar los montos máximos que podían autorizar el Interventor de YCRT y el Decano de la FRSC”. Se señaló que YCRT y/o el Planificación mantenían “contacto directo con los proveedores y posteriormente se formalizaba la contratación de esos mismos proveedores mediante la Fundación a través de los convenios”.
La causa inició con la denuncia del actual interventor de YCRT, Omar Zeidán (candidato a diputado nacional por Santa Cruz), que puso bajo sospecha el manejo de los 26.000 millones de pesos presupuestados por Planificación Federal para la modernización de YCRT desde 2005 a 2015.
Desde la Subsecretaría de Control del ministerio se disponía la “asignación de fondos y se determinaban las facturas que debían cancelarse”. Esa área dependía directamente de De Vido. “Se encuentra acreditado que no se respetó la normativa vigente y se burlaron los principios que rigen toda contratación con fondos públicos”, determinó el juez. Es por ello que la maniobra investigada “reportó un claro perjuicio patrimonial al Estado”.
