SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA (Especial-El Ancasti). Efectivos de la División “Investigación antifraude” de la Policía Federal allanó las oficinas de la firma “Intensive Live” en la ciudad bonaerense de San Nicolás.
Esta firma, que invitaba a invertir en dólares a cambio de ganancias cercanas al 20 % mensual del capital entregado, tendría presencia en Tucumán y en Catamarca, donde ya se realizaron diferentes investigaciones. “Intensive Live” es investigada por el delito de captación ilegal de ahorros.
La investigación fue iniciada a fines del año pasado por la Procuraduría de la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) luego de reunir elementos que indicarían la realización de maniobras irregulares por parte de la firma.
Captación de ahorros
Según la información publicada por distintos medios, la maniobra de esta firma consistía básicamente en captar inversores para una supuesta empresa de transporte similar a UBER (servicio de transporte a través de una aplicación). A cambio de cada aporte “Intensive Live” prometía, más allá del capital originario, un porcentaje del 20 % en carácter de intereses ganados.
Los supuestos inversores debían ingresar a una plataforma donde podían ver online su capital e intereses, aunque en realidad ese dinero era inexistente. La firma se promocionaba como una “inversión colaborativa” con un “contrato certificado” en su web que definía el negocio como “financiamiento colectivo en transporte privado”.
En el procedimiento encabezado por el fiscal federal de San Nicolás, Matías Di Lello, ocho hombres de entre 45 y 35 años, algunos de ellos vinculados al mercado de seguros, fueron allanados por la PFA, luego de realizar tareas de inteligencia, con un expediente que incluyó escuchas telefónicas.
En la ocasión, se secuestraron dólares y folletería en las oficinas de San Nicolás, además de celulares y computadoras.
Según la investigación, la marca “Intense Live” no aparece entre los registros del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Su web central ofrece domicilios en toda Latinoamérica, pero no en Argentina.
Sus oficinas, según su web, estaban esparcidas en Estados Unidos, Brasil, Colombia, Bolivia y Argentina, donde se diseminó a través de la provincia de Buenos Aires, de puntos como Catamarca y Tucumán.
Según testimonios recolectados en el marco de la causa, el aporte para entrar era en criptomonedas, 300 dólares en bitcoins. Sus operadores utilizaban las redes sociales para captar posibles socios, anunciando ganancias siderales.
Si bien la causa está caratulada como infracción al artículo 310 del Código Penal (empleados y funcionarios de instituciones financieras que, mencionando hechos inexistentes, documentaren contablemente una operación crediticia con la intención de obtener un beneficio o causar un perjuicio), la Justicia no descarta que el accionar de esta firma quede vinculado a un fraude piramidal donde los inversores recibían los intereses originados en el dinero de nuevos inversores y no de genuinas ganancias.
