Otorgaron la excarcelación a Fernando Esteche, preso desde 2017 por el pacto con Irán

Lo dispuso el Tribunal Oral Federal N° 8, que aceptó un pedido de la defensa. Le fijaron una caución de $ 400 mil.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 8 decidió excarcelar al ex líder del grupo Quebracho, Fernando Esteche, en la causa en la que está procesado a raíz de la firma del Memorandum de Entendimiento con Irán durante el gobierno kirchnerista. En la decisión, los magistrados le fijaron una caución de 400 mil pesos. 

Esteche era el único detenido en la causa en la que Cristina Kirchner está procesada por encubrimiento agravado, abuso de autoridad y estorbo de un acto funcional.

Los jueces del TOF 8 coincidieron en que la libertad de Esteche ya no podría afectar la instancia previa del juicio y el desarrollo del proceso. Sobre él pesan dos condenas: una por daño e incendio y otra por intimidación pública agravada por el uso de explosivos.
La decisión fue tomada por unanimidad por los magistrados José Michilini, Daniel Obligado y Gabriela López Iñíguez, quienes integran el tribunal conformado para juzgar a Esteche, a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre otros.

La defensa de Esteche había presentado em reiteradas oportunidades el pedido para que se lo deje en libertad y, en todo caso, con algún dispositivo de control electrónico similar al que se le colocó en su momento al ex vicepresidente Amado Boudou, condenado en la causa Ciccone.
Pese a haber rechazado en diciembre pasado este pedido, ahora los jueces le concedió la excarcelación bajo una caución real de 400 mil pesos.

La causa

En la causa se planteó que el Pacto con Irán fue el medio elegido “para llevar a cabo el plan delictivo”, el cual se presentó mediática y políticamente por el gobierno de Cristina Kirchner “al momento de su firma y durante el trámite parlamentario previo a su aprobación, como la única herramienta útil, posible y necesaria para avanzar en el curso de la causa AMIA”.
Para la justicia, en realidad “se procuraba la normalización de las relaciones con Irán”, para “favorecer a los acusados de nacionalidad iraní, en desmedro de la justicia, las víctimas y el castigo de los imputados”.

Esteche, al momento de su detención en diciembre de 2017. (Pedro Lázaro Fernández)

Esteche, al momento de su detención en diciembre de 2017. (Pedro Lázaro Fernández)

Tanto el juez Claudio Bonadio como el fiscal Eduardo Taiano coincidieron al plantear que los acusados “participaron de una maniobra delictiva que lograría la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní que fueron imputados como responsables del atentado  de la AMIA, en desmedro de los intereses de los afectados y del esclarecimiento del atentado, cuya finalidad era, entre otras cosas, normalizar las relaciones con la República Islámica de Irán”.
Para Bonadio hubo un “cambio durante el Gobierno de Cristina Kirchner” donde comenzaron a “gestarse una serie de negociaciones secretas y oficiales que mantuvieron funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, con representantes de la República Islámica de Irán que culminaron en la suscripción del Memorando de Entendimiento”.
Así, según la justicia, el “accionar criminal denunciado” que fue “orquestado y puesto en funcionamiento” por la ex Presidenta, a la cabeza de todas las responsabilidades, por “impartir las órdenes” y alcanza a sus principales funcionarios de entonces: Zannini, Parrilli, la ex Procuradora del Tesoro Abbona, Timerman, Juan Mena, Andrés “Cuervo” Larroque, Zuain, entre otros.

Por tal motivo, se dijo que quedó comprobada la existencia de un cuadro “indiciario, variado y unívoco que corrobora suficientemente los cargos” contra Cristina Kirchner, Héctor Timerman (fallecido hace meses), Eduardo Zuain, Oscar Parrilli, Carlos Zannini, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Jorge “Yusuf” Khalil, Luis D´Elía y Fernando Esteche”.
Por ello, se argumentó que cada uno de los acusados “se involucró” en el armado del Memorándum, las negociaciones que lo rodearon, las reuniones establecidas algunas con carácter de ocultas y otras públicas”. Así, se planteó que hubo un grupo cerrado que conoció los pormenores de la maniobra, “guiada por el ocultamiento, el secreto y la omisión de los canales regulares de actuación”.
El juicio oral aún no tiene fecha de inicio y se encuentra en etapa de evaluación de las medidas de prueba y testigos que pidieron las partes.