OPINIÓN: “Pensar en el futuro, pensar en el litio”

El salar de Cauchari, que comparten las provincias de Salta y Jujuy, en la Puna. (Foto: Prensa Jujuy).

BUENOS AIRES (Especial para EL SOL ABC-Por Cacho Kacho [Mentir a Diario]). Llegan a la conclusión de que hay que democratizar internet, y facilitar el acceso a la misma. Para abastecer este consumo eléctrico (de baja intensidad y muy distribuido en territorio) recomiendan el uso de energías verdes (generación eólica y solar).

Todo eso tiene un elemento en común: el litio, componente de las baterías de teléfonos y computadoras y del almacenamiento de energía (sobre todo solar) que se genera sólo en la mitad del día y debe consumirse las 24 horas.

Argentina, Chile y Bolivia, con sus salares en Hombre Muerto, Olaroz, Salinas Grandes, Cauchari (Argentina), Atacama (Chile) y Uyuni (Bolivia), concentran el 80 por ciento del litio disponible en el mundo y conforman el denominado “triángulo del litio”.

En 2017 con información suministrada por el “gobierno del Mamerto” y el Ministerio de Energía y Minería en manos de “Tarifas a mano armada” Aranguren, el Servicio Geológico de los Estados Unidos publicó el “Argentina Lithium Map” (un mapa con ubicación exacta y cálculo de la cantidad de litio que se podría extraer de todos los yacimientos argentinos).  A veces uno piensa: ¿cuánto tiempo hubiésemos tardado en poner la bandera yanqui sobre nuestra Patria si el Mamerto hubiera sido reelecto?

El gobierno de los Estados Unidos de Norte América ya ha decretado al litio material estratégico.

China (que dispone de yacimientos propios de litio) se ha convertido en líder de su utilización y pretende seguir expandiéndose. Lo que únicamente se podrá hacer con litio sudamericano.

El enfrentamiento por un lugar hegemónico en la economía mundial entre China y EE.UU. se focaliza en el litio más que en el petróleo.

Para argentinos, bolivianos y chilenos el panorama es sombrío si no logramos articular la defensa de nuestros recursos, descontando que vendrán por ellos.

Además de reflotar el Mercosur (torpedeado por Macri/Bolsonaro a pedido de los intereses yanquis), ya que este no es específico. Debemos probablemente conformar una especie de OPEP (Organización de Países Productores de Petróleo), que en este caso sería OPPL (Organización de Países productores de Litio) y darle fuerza otra vez a UNASUR.

La extracción de carbonato de litio se realiza en salares (sitios con reducida disponibilidad de agua dulce) y podría generar la contaminación de ésta que abastece a poblaciones locales.

Si la extracción la realizan empresas multinacionales (sin control estatal ni responsabilidad ambiental) y se usa el sistema más rentable (de mega minería) los resultados no podrán ser distintos que: “catastróficos”.

Ya hay varias concesiones en curso en Chile (donde se explota hace casi 20 años) y en nuestro país: Olaroz, en Jujuy, que produce 17.500 toneladas, y Salar del Hombre Muerto en Catamarca, del que se obtienen 22.500 toneladas. Mientras que Cauchari entró en proceso de producción hace poco. Entre ambos producen el 16 % del litio que se está usando a nivel mundial.

Otra cuestión es que el valor del carbonato de litio (si bien ha aumentado mucho) sigue siendo insignificante frente al costo de las baterías construidas con él.

Se pueden hacer muchas cosas, de todas la peor es no hacer nada y confiar en que la invisible mano del mercado regulará.

 

NdR: El ojo debe estar puesto en los gobernadores de las provincias que tienen estos recursos. Por ejemplo, hemos denunciado que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, no sólo ha entregado a más multinacionales la producción de carbonato de litio, sino que para “endeudar a Jujuy en más de 1.200 millones de dólares (hasta ahora nadie sabe dónde fueron a parar esos recursos) con bancos extranjeros y organismos de crédito internacionales, ha puesto como garantía los recursos evaporíticos no renovables de la Provincia de Jujuy. Algo que no le permite la Constitución Provincial, pero que sí le permiten un Poder Legislativo a su medida y un Poder Judicial cooptado, donde el 90 % de jueces son del signo político del jefe del régimen jujeño.