LO QUE PLANTEÓ CRISTINA EN SU CARTA PÚBLICA: no podemos seguir siendo digitados por cinco sujetos que responden a intereses extraños a los argentinos

Cristina junto al presidente Alberto y una de las Madres, en acto en la ESMA. (Foto: Twitter).

BUENOS AIRES (Especial-EL SOL ABC). Como siempre las declaraciones, notas, posteos, como cartas públicas de parte de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, son para la sociedad una especie de bula papal o tribuna política encíclica, que remueve conciencias y maledicencias, según sea el sector que las lea. En sí, nos interpela a todos.

Así el pasado miércoles 9, Cristina escribió con el título: “Que a nadie se le ocurra tergiversar mis palabras con titulares diciendo que pretendemos una Justicia adicta”, el artículo que todos los medios, radios y diarios, como columnistas comentaron.

En ese sentido, siempre con su claridad y actualidad, expresa el sentir de millones de argentinos que la eligieron como su líder y que cada día que pasa, ese liderazgo se afianza más y más, por que la figura de la vicepresidenta, tanto en pensamiento como en los hechos, guardan una coherencia muy grande, que muy difícil haya político argentino, que la iguale.

Por ello, reproducimos las palabras de su carta pública: “En el año 2018, Carlos Rosenkrantz, uno de los dueños del estudio jurídico cuya cartera de clientes está conformada por los principales grupos empresarios argentinos y extranjeros en el país, fue designado presidente de la Corte Suprema Justicia de la Nación. No se recuerda algo semejante en la historia del Poder Judicial de la Nación.

Mañana 10 de diciembre (por el jueves), vamos a sesionar una vez más en el Senado de la Nación.

Desde que asumimos, hace exactamente un año, ya lo hicimos 32 veces.

Hace 13 años que no se realizaban tantas sesiones en este cuerpo legislativo.

Cuando comenzamos la pandemia –allá por el mes de marzo– se nos presentó un desafío inédito: teníamos que crear una nueva forma de funcionamiento para poder seguir trabajando y, al mismo tiempo, teníamos que cuidar la vida de todos y todas.

Y la verdad es que, gracias al compromiso de los trabajadores y las trabajadoras legislativas, el 13 de mayo tuvimos nuestra primera sesión remota de la historia.

De esta manera, pudimos adaptar el trabajo parlamentario y los procesos administrativos a esta nueva modalidad para seguir funcionando, aun en este contexto que no sólo no pudimos prever, sino que ni siquiera pudimos imaginar.

¡Pero ojo! No fueron sólo las 32 sesiones.

En este año se hicieron 215 reuniones de comisión, en las que participaron 284 expositoras y expositores invitados.

No hay registros históricos de semejante actividad legislativa.

Aprobamos 40 leyes y dimos media sanción a 87 proyectos de ley que fueron remitidos a la Cámara de Diputados.

Entre ellos, todos los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo al Senado:

  • Presupuesto 2021
  • Sostenibilidad de la deuda
  • Solidaridad social y reactivación productiva
  • Aporte solidario extraordinario
  • Protección y beneficios al personal de Salud
  • Fondo nacional de la Defensa
  • Capitales Alternas
  • Reforma del Ministerio Público
  • Manejo del fuego
  • Góndolas
  • Etiquetado frontal
  • Alquileres
  • Cuidados paliativos
  • Telesalud
  • Receta electrónica
  • Economía del conocimiento
  • Grooming
  • Teletrabajo
  • Fibrosis quística
  • Educación a distancia.

 Leyes a favor de los argentinos y las argentinas, para ampliar derechos, hacerle frente a la pandemia, cuidar la economía, fortalecer el federalismo y defender nuestra soberanía.

Cumplimos, como siempre, con todas nuestras responsabilidades.

En su ámbito, el Poder Ejecutivo sin duda ha hecho un gran esfuerzo para afrontar dos tragedias.

Una anunciada y otra inesperada.

La primera: la economía arrasada del macrismo.

La segunda: la pandemia inédita.

Sobre un sistema de salud prácticamente abandonado por el macrismo y contrarreloj, se pudo rearmar un dispositivo y una infraestructura sanitarios que permitieron que a ningún argentino o argentina le falte una cama, un respirador o un médico cuando lo necesitó por esta verdadera desgracia del Covid.

Se logró reestructurar en un 99 % la deuda externa en manos de bonistas privados que, como ya sabemos, dejó el gobierno de Cambiemos.

Y, al mismo tiempo, con el IFE y el ATP se sostuvo durante la pandemia a los más vulnerados y al trabajo registrado y, obviamente, también a las empresas que lo brindan.

Sin embargo, no se puede decir lo mismo del otro Poder del Estado: el Poder Judicial.

Representado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare.

Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor, aún continúa.

Y que a nadie se le ocurra tergiversar mis palabras con titulares diciendo que pretendemos una Justicia adicta.

Todo lo contrario: somos la fuerza política que, en el 2003, con el 22 % de los votos, denunciamos la extorsión de lo que se conocía como la “mayoría automática de la Corte”, dando inicio a un proceso virtuoso que culminó con la Corte Suprema más independiente y prestigiosa de las últimas décadas.

De aquella Corte, hoy no queda absolutamente nada.

De los 4 miembros que propuso Néstor Kirchner, la Dra. Carmen Argibay (magistrada independiente si las hubo) falleció y el Dr. Zaffaroni, reconocido a nivel internacional como uno de los mejores penalistas del mundo, renunció al cumplir los 75 años de edad en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 99, inc. 4 de la Constitución Nacional y de la propia jurisprudencia de la Corte que integraba.

La descripción de los hechos que protagonizaron los dos restantes miembros propuestos por Néstor para integrar la Corte, me eximen de mayores comentarios.

Uno de ellos es el que se fotografiaba con el juez brasileño Sergio Moro y con Claudio Bonadío.

El primero –Sergio Moro– es el que sin pruebas metió preso al ex presidente del Brasil, Inácio Lula Da Silva, impidiéndole ser candidato a presidente y posibilitando la llegada al poder de Jair Bolsonaro, quien lo premió designándolo, en un escándalo sin precedentes, como su ministro de Justicia.

El segundo nunca rindió un examen para ser magistrado e integró la célebre lista de los “jueces de la servilleta”.

Bonadío se autodefinía como un practicante del “derecho penal creativo”, aberración jurídica si las hay y auténtico eufemismo del lawfare y la persecución a dirigentes populares.

Este mismo integrante de la Corte, el que se fotografiaba con Moro y Bonadío, fue presidente de ese cuerpo hasta el año 2018 y en una reunión de jueces federales de Comodoro Py, les aseguró que todas las instancias superiores les iban a confirmar y convalidar todas las decisiones de primera instancia que dictaran contra los dirigentes y ex funcionarios kirchneristas.

Lawfare al palo.

La otra integrante que Néstor propuso, no sólo no renunció a su cargo al cumplir los 75 años de edad –como lo hiciera el Dr. Zaffaroni–, sino que además recurrió a un juez de primera instancia para que le permitiera permanecer en el cargo en acuerdo con el Gobierno de Cambiemos –que no apeló aquella resolución judicial– y en abierta violación a la jurisprudencia de la misma Corte Suprema y a lo dispuesto por la Constitución Nacional.

El macrismo en el poder completó la fotografía de la Corte actual, cuando a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia intentó nombrar a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como miembros de la Corte Suprema.

Lo más terrible de aquel episodio fue que quienes debían garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes en todo el país, aceptaron ser designados por decreto sin cumplir lo que prescribe la Constitución Nacional y las leyes, que exigen un procedimiento determinado y preciso para cubrir las vacantes de la Corte.

Por si todo ello fuera poco, en el año 2018, Carlos Rosenkrantz, uno de los dueños del estudio jurídico cuya cartera de clientes está conformada por los principales grupos empresarios argentinos y extranjeros en el país, fue designado presidente de la Corte Suprema Justicia de la Nación.

No se recuerda algo semejante en la historia del Poder Judicial de la Nación.

Hoy, la Corte está integrada por esos cuatro funcionarios más el Dr. Juan Carlos Maqueda, histórico dirigente político del peronismo cordobés, propuesto por el Dr. Eduardo Duhalde, durante su breve interinato como presidente.

Estos cinco funcionarios deciden hoy sobre la vida, sobre el patrimonio y la libertad de las personas que habitan nuestro país.

Firma: Dra. Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación.

Fuente: Nac&Pop