BUENOS AIRES (Especial-EL SOL ABC). El presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo en su alocución en la ciudad de Rosario, en el acto de cierre de campaña, en octubre de 2019, que “cualquier cosa que haga mal o no esté desempeñando mi cargo como corresponde, háganmelo saber”. Y ayer quien puso el dedo en la llaga fue precisamente el Dr. José Manuel Ubeira, en el programa Minuto Uno, de Gustavo Sylvestre, en C5N, quien precisamente se acordó de esta frase de campaña del Presidente, al señalar que “el fallo de la Cámara de Casación en la causa cuadernos es una muestra más de que ‘lawfare’ está más vivo que nunca y no nos desayunemos después con sorpresas, cuando a eso apuntan jueces como Barroataveña y Petrone, muy ligados al macrismo. Entonces, es hora que la ministra de Justicia sea más pro-activa y esté todos los días en los canales y en las oficinas de la Cámara de Diputados, de las respectivas comisiones, alentando las investigaciones sobre estos dos jueces que están al borde del prevaricato, porque se saltearon maliciosamente lo que dice muy claramente la Ley del Arrepentido: deben todas las pruebas ser filmadas y grabadas, para que tengan validez. Sin embargo, éstos la dieron por válidas”.
Otro aporte, interesante para esta causa la hizo el periodista de investigación Juan Alonso, en declaraciones a radio AM 750, donde expresó que “tanto Petrone como Barroetaveña son jueces puestos allí porque son serviles y forman parte del lawfare. Esto lo fundamento, porque Petrone es miembro del organismo Justicia para las Américas, que depende de la OEA, que es el alfil del Departamento de Estado de EE.UU. y el juez Barroetaveña, es del círculo de amigos del embajador Edward Prado. Esto es muy peligroso para esta causa, porque la idea es a cómo dé lugar mandar a prisión a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. En esto no nos debemos dormir”, dijo el reconocido periodista.
Lo que dijo Télam
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el lunes por mayoría la validez de las declaraciones de los arrepentidos en la llamada “Causa Cuadernos”, al rechazar recursos de las defensas de procesados en la causa, entre ellos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido.
En un fallo de 200 carillas al que tuvo acceso Télam, los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña desestimaron los planteos de las defensas para declarar la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido e invalidar los dichos de quienes fueron aceptados como imputados colaboradores en la investigación.
Los argumentos
Los jueces, con la disidencia de la tercera camarista Ana María Figueroa, consideraron que será en la etapa de un futuro juicio oral donde “con la amplitud probatoria propia del debate, serán dirimidos todos los planteos que puedan surgir para el supuesto de que en algún caso concreto se verifique afectación de garantías constitucionales”.
“Es menester reiterar que la alegada defectuosa registración de las declaraciones recibidas en el marco del acuerdo de colaboración -art. 6 de la Ley 27304- no afecta la validez del acto en sí”, consideró el fallo al rechazar planteos vinculados a la falta de registro fílmico o de audio de esas confesiones.
Sin embargo, los jueces sí advirtieron que la falta de registro de las declaraciones de los imputados colaboradores “podría incidir, en su caso, con mayor o menor intensidad en las distintas etapas en que deba ser evaluado para determinar las responsabilidades penales de los aquí imputados”.
En la investigación está procesada la vicepresidenta Cristina Kirchner, además de De Vido, entre otros exfuncionarios de su gobierno y empresarios vinculados a la obra pública además del arrepentido Oscar Centeno, entre otros.
Todos fueron enviados a juicio oral por los presuntos delitos de asociación ilícita y cohecho.
El voto en disidencia
En su voto minoritario, la camarista Figueroa consideró que debía dictarse la nulidad de las declaraciones de todos los imputados colaboradores en el marco de la ley 27304, del Arrepentido, por “violación al principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa” y por las “deficiencias procesales” en la investigación que estuvo a cargo del fallecido juez federal Claudio Bonadío.
